Federico Morandini es el secretario de Asuntos Legales de la Universidad Nacional de Cuyo hizo referencia al rol que tuvo la Facultad de Ciencias Económicas con los escandalosos exámenes de ingreso al Poder Judicial.
Al respecto Morandini dijo: “Esto surge de un convenio firmado entre la facultad de Ciencias Económicas y el Poder Judicial el 19 de mayo en el cuál se fijan las principales responsabilidades, estableciendo que el Poder Judicial es el que va a elaborar el examen y la metodología y que el soporte informático del examen iba a estar a cargo de la facultad de Ciencias Económicas”.
“Se toma el examen el 14 de junio y ante las denuncias públicas se eleva un informe desde el Poder Judicial a la universidad que se le pide información relativa al procedimiento y a los protocolos de gestión y seguridad e la plataforma utilizada. La facultad brinda respuesta detallada y además, para garantizar a transparencia del procedimiento, se instruye una investigación administrativa para recabar si existe alguna responsabilidad”, añadió.
En la misma línea aclaró que “no se ha presentado ninguna denuncia y la investigación se inició de oficio. Las suposiciones deberán ser investigadas para determinar si existen elementos suficientes para determinar especificaciones, hasta ahora son meras suposiciones”.
Según analizó: “Lo que tenemos que brindar es transparencia. Las suposiciones y eventualidades del caso deben evaluarse. Acá hay un principio de dar la mayor trasparencia y justamente eso es lo que trata de garantizar la Universidad”.
“No sé si (las autoridades judiciales) brindaron las especificaciones sobres la plataforma informática que se utilizó. Eran más de 800 preguntas que se asignaban por un algoritmo de forma azarosa realizando un examen único. Todas las suposiciones que se puedan hacer son posibles. Si se acreditan se verán las responsabilidades del caso”, explicitó en diálogo con Radio Nacional.
Por último insistió: “Al día de hoy son meras suposiciones. Todo es posible. Para eso hay un derecho penal, para eso hay previstos delitos y responsabilidades administrativas. Al día de hoy se desconocen cuáles son las eventualidades posibles. Todas están sobre la mesa”.
