Christian SanzPortada

Grave acusación del PRO Nacional contra Casado, picadas clandestinas, y denunciarán el Código Minero de Cornejo

Además: el penitenciario torturador que consiguió "conchabo" en la alcaldía de Tunuyán.

Christian Sanz
Christian Sanz

Lo que ocurre en estas horas en el contexto de la interna del PRO Mendoza es un verdadero escándalo, del cual los grandes medios han decidido no decir una sola palabra. Como siempre.

La trama la viene relatando en solitario Diario Mendoza Today: refiere al uso de avales “truchos” por parte de la lista de Hebe Casado. Firmas adulteradas y rúbricas de personas fallecidas, entre otras irregularidades. Y mucho más.

Ello fue refrendado en las últimas horas por la Junta Electoral Nacional del PRO, mediante una resolución que señala graves irregularidades en el funcionamiento del distrito Mendoza, el cual responde a la vicegobernadora. Ergo, anuló todas sus resoluciones.

El documento, que puede verse al pie de la presente, busca restaurar la transparencia y la equidad en el proceso electoral, dando lugar a las denuncias de fraude e irregularidades que viene señalando este medio.

Las denuncias apuntan directamente a un intento de eliminar competidores sin argumentos legales sólidos, con el objetivo de bajar las listas que llevan como candidato al senador provincial Gabriel Pradines.

Entre otras cuestiones, el fallo destaca que “la Junta Electoral del Distrito Mendoza ha excedido sus facultades, estableciendo criterios y requisitos que no se ajustan a la normativa vigente, lo que afecta la imparcialidad necesaria para un proceso electoral justo”.

A su vez, declara nulas las acciones de la Junta Electoral del Distrito Mendoza y ordena una revisión exhaustiva del proceso, procurando que se respeten los requisitos establecidos en la Carta Orgánica del Distrito y las normas electorales.

Pradines, candidato de la lista del demarchismo, manifestó al respecto: “Cuando comienzan las trampas, la mala fe y los atropellos institucionales es porque el relato se empieza a caer, eso es indudable”, y agregó: “¿Cuál es el temor? ¿Qué su jefe los rete por no ofrendarle al PRO? Es más simple que admitan que no quieren competir. Hoy no es el momento de contar las trampas e irregularidades. Pero sí agradecemos la buena voluntad del PRO Argentina para evitar que las mañas de la vieja política se impongan”.

En diálogo con este diario, Pradines se mostró satisfecho por la resolución de marras: “Alguien tenía que decir las cosas como son. Imaginate que me han bajado la lista porque dicen que no hice los aportes al partido durante los últimos dos meses; y Hebe Casado y Guillermo Mosso jamás hicieron aportes, y nadie les dice nada”.

Parte de la trama se dirime a nivel administrativo, pero otra parte abreva en el terruño judicial, donde se investigan en estas horas los avales “truchos” mencionados.

No la única cuestión que deberá resolver la Justicia: mañana lunes el Partido Verde presentará una inusual demanda para que se “brinde certeza de si el nuevo Código de Procedimiento Minero deroga tácitamente la ley 7722”.

La denuncia es impulsada por el senador Dugar Chappel y los concejales Leonor Bianchetti, de San Carlos; y Ricardo Ariel García, de Capital.

En realidad, la medida judicial que presentarán ante la justicia es una “acción declarativa de certeza”, la cual tiene por finalidad eliminar “un estado real de falta de certeza o inseguridad que amenace la condición jurídica del actor y justifique la necesidad de una inmediata aclaración”, según comentó el propio Chappel.

Los actores de la demanda argumentan que existe un verdadero estado de incertidumbre, ya que el nuevo Código de Procedimiento Minero no hace mención en todo su articulado a la existencia o aplicación de las leyes 7722 y 5961 y sólo se limita a fijar en forma exclusiva que se aplicarán las normas del Código Minero Nacional. Sin embargo, no deroga en forma expresa dichas leyes.

“Existe una contradicción entre la nueva norma y las anteriores (7722 y 5961). Esa contradicción se llama antinomia en Derecho y establece que, ante la presencia de dos leyes contradictorias, la ley posterior deroga la anterior. Por lo que el nuevo Código de Procedimiento Minero, que es la nueva ley, deroga tácitamente la 7722 y la 5961”, comentó por su parte García.

Entre los artículos controvertidos, los actores mencionan el 73 y 85 del nuevo Código que, según entienden, no obligaría a que se realice la ratificación legislativa de la declaración de Impacto Ambiental (DIA) que dispone la ley 7722. Los denunciantes dicen que estaría “atenuada”, dando a entender que puede no ser obligatoria y ahí estaría la falta de certeza.

Sea como fuere, la Justicia será la que decida. Y después habrá que ver qué hace la política al respecto. ¿Habrá una eventual autocrítica? Seguro que no. Porque en Mendoza todo se barre bajo la alfombra de la hipocresía y el olvido.

Baste mencionar el caso de un jefe penitenciario que fue detenido en 2017 por torturar a un preso y hoy goza de total libertad, incluso trabaja en la alcaldía de Tunuyán. Se trata de Daniel Duran, ex subdirector del penal de Almafuerte. 

¿Terminará en esa prisión Hugo Martínez Rodríguez, el hombre que este viernes, bajo los efectos del alcohol, mató con su auto al efectivo policial Leonardo Alarcón Quiroga y al agente de Tránsito Municipal Santiago David Velázquez Guevara? Imposible saberlo aún.

Lo que sí está claro es que en ciertas zonas de Godoy Cruz se empieza a dar un fenómeno inquietante, el de las picadas clandestinas. Hay denuncias puntuales y concretas de vecinos que juran estar cansados por aquella situación.

Las quejas a las cuales tuvo acceso Mendoza Today coinciden en un mismo lugar geográfico: el Corredor del Oeste, casi en su totalidad. También el carril Rodriguez Peña. Incluso en algunas calles aledañas.

La situación es una bomba de tiempo, que puede explotar en cualquier momento… Justo como ocurrió el viernes pasado.

 

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