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Cómo es el plan de regularización de armas de fuego que plantea el Gobierno Nacional

El proyecto de ley lleva la firma del presidente de la Nación, Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Ingresó formalmente a la mesa de entradas de la Cámara baja el proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional respecto a la regularización de armas de fuego por el término de un año en todo el territorio nacional dispuesto en un nuevo plazo del “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.

El proyecto de ley lleva la firma del presidente de la Nación, Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La idea del Gobierno es establecer una opción a la ciudadanía en relación con las armas de fuego y su tenencia legal. Es por eso que la iniciativa establece un procedimiento de regularización excepcional, o en su defecto la entrega voluntaria (y anónima), para su destrucción a cambio de un incentivo económico.

El texto señala que es “esencial para cualquier política de seguridad pública garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego, ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas”.

Desde el Gobierno aseguran, en el proyecto, que existe un número significativo de armas de fuego en circulación en todo el territorio nacional, que carecen de registración o que, teniéndola, sus titulares entienden prudente su entrega voluntaria. Estiman que más de 800.000 están en una situación irregular.

Por tanto, expresan en la iniciativa “deben ser contemplados ambos supuestos, que son concurrentes al propósito de una mejora significativa en el control del circulante de armas de fuego en nuestro país”.

“Las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas”, cuestionaron en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

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