La Justicia intimó al Poder Ejecutivo a brindar informes por el cierre de Télam a raíz de una demanda de Di Tullio
La senadora había realizado la presentación hace un mes atrás. “Hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos tres meses fue cercenar derechos”, cuestionó la senadora de UP.
En las últimas horas, la Justicia intimó al Poder Ejecutivo Nacional a brindar informes sobre el cierre de la agencia de noticias Télam, a raíz de una demanda iniciada por la senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio.
La legisladora realizó la presentación el pasado 8 de marzo, tras el avance del Gobierno nacional que se concretizó -luego del anuncio del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa- con el cierre de la redacción, la baja del servicio web y el pase a dispensa de los trabajadores.
Este viernes, el Juzgado Contencioso Administrativo N°10 se declaró competente y requirió informes sobre los hechos al Poder Ejecutivo, que tendrá cinco días a partir de su notificación para realizarlos.
El Estatuto de Télam establece que su liquidación sólo podrá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional, previa autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N°20.705, por lo que “se interpreta que el Poder Ejecutivo Nacional avanza de hecho, sin ningún acto administrativo, sin reforma Estatutaria, sin ley. Hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos tres meses fue cercenar derechos”, expresó la senadora.
Consultada por la importancia del caso, Di Tullio detalló: “El cierre de la agencia afecta el derecho a recibir información veraz, deja al pueblo argentino vulnerable a la difusión e instalación de fake news y desgasta nuestra institucionalidad y democracia. Télam llega a todos los rincones de nuestro país, por eso es tan importante su defensa”.
“Este desguace y desregulación está presente en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, por eso el presidente está tan interesado en siga vigente. Y mientras eso suceda, va a avanzar con la privatización de todas las Sociedades del Estado. La inseguridad jurídica que instaura el Gobierno nacional cerrando el Congreso y gobernando por decreto, nos exige a los representantes del Poder Legislativo ponerle un límite a esta autocracia”, enfatizó.
