El juez federal Julián Ercolini derivó a la justicia electoral la investigación a tres empresarios imputados en el llamado caso “cuadernos” por entender que se trató de posibles delitos vinculados con aportes supuestamente irregulares a campañas políticas.
El magistrado que subroga en el juzgado federal 11 hizo lugar a planteos de incompetencia presentados por las defensas de los empresarios Manuel Santos Uribelarrea, Eduardo Hugo Antranik Eurnekián y el mendocino Alejandro Ivanissevich, según fallos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.
En los tres casos remitió copias digitales correspondientes a los hechos investigados al juzgado federal con competencia electoral de la ciudad autónoma de Buenos Aires para que “continúe con la investigación”.
En el caso de Eurnekián, concluyó que “habiéndose agotado la totalidad de las medidas probatorias relacionadas con el suceso”, vinculado a un aporte de dinero cercano a la campaña electoral del 2013, en la cual el empresario “no resultó aportante” según informes de la Cámara Nacional Electoral, corresponde “que continúe interviniendo la justicia electoral”.
La defensa de Eurnekian sostuvo que los pagos “habrían tenido como motivación financiar la campaña electoral de la agrupación ‘Frente para la Victoria'”.
Sobre Ivanissevich sostuvo que en la medida en que un “único aporte de dinero habría sido realizado para el desarrollo de la campaña electoral correspondiente al año 2009” en la cual según informes de la CNE no figuraría como aportante, “corresponde que continúe interviniendo la justicia electoral”.
La misma decisión tomó para con Uribelarrea, en la medida en que los aportes de dinero habrían sido realizados para el desarrollo de la campaña electoral correspondiente al año 2015“.
Ercolini rechazó el planteo de un cuarto empresario, Armando Loson, para derivar su caso al fuero electoral y no hizo lugar al pedido de incompetencia.
“A partir del análisis de los elementos que fueron valorados a lo largo de la presente resolución, no resultaría posible calificar los sucesos imputados como delitos electorales como pretende la defensa”, concluyó.
