💣 Por qué Mendoza puede llegar a ser Rosario, el “ñoqui” de Seguridad, y dos licitaciones “raras” en Santa Rosa

La inseguridad en Mendoza empieza a ser un problema serio. No solo para los ciudadanos de a pie, que ven que su tranquilidad se va cercenando día a día, sino también para la política, que no sabe cómo lidiar con la cuestión.

La preocupación del cornejismo se denota la reiteración de puntuales términos vinculados a la delincuencia en los discursos de los funcionarios locales. En cada encuentro ministerial, aparecen aquellos vocablos.

También puede verse en las gacetillas que sabe enviar el Ministerio de Seguridad a los medios de prensa. Abundan allí crónicas de robos y pequeños hechos delictivos que siempre terminan siendo resueltos.

No es lo que sucede con el crimen complejo. Allí la situación es bastante más complicada, con una policía que pareciera carecer de herramientas para actuar.

Se suma a ello la desazón que viven los uniformados en los últimos tiempos, por los bajos salarios que cobran y las deficientes condiciones de trabajo que les toca en suerte.

Para Alfredo Cornejo es hoy el principal problema a resolver, a como sea. Porque sabe que nada hay más peligroso que un empleado del estado que no solo está molesto sino que posee un arma en la mano.

El dilema del gobernador es que carece de recursos, de todo tipo. Principalmente dinerarios. Por caso, trascendió esta semana que las siempre apetecibles transferencias a las provincias decayeron en enero un 98%.

A ello se suma la pérdida de los fondos que surgen del Impuesto a las Ganancias cuarta categoría y la baja de la recaudación impositiva local. Too much.

Anida en la cabeza del ministro de Economía local, Víctor Fayad, la idea de aumentar algún impuesto provincial. Pero Cornejo no quiere avanzar en ese fanganoso terreno, siempre fértil para desatar la furia ciudadana.

Como se dijo, el financiero no es el único tópico que anega las negociaciones con los policías. Hay profundo malestar con la conducción de la fuerza, a la que se acusa de tener demasiados privilegios, que contrastarían con los pesares que les toca en suerte a ellos.

Difícilmente ello pueda ser resuelto por la joven ministra Mercedes Rus, prometedora en lo que a abogacía refiere pero inexperta total en temas de Seguridad.

Su figura aparenta ser decorativa, con poco y nada de injerencia a la hora de aportar ideas y designar a sus propios funcionarios. De lo contrario, no se entiende que haya “ascendido” al cuestionado comisario José Vega en la Dirección General de Investigaciones.

Se trata de un hombre sospechado de fuertes vínculos con el mundo narco, con señalamientos que provienen de sus propios compañeros de fuerza, tal cual publicó Diario Mendoza Today en media docena de notas periodísticas.

Otro que tampoco parece haber sido elegido por Rus es Marcelo D’Agostino, quien carga con otro tipo de cuestionamientos, relacionados al intento de cooptación del Consejo de la Magistratura de Mendoza. Ocupa hoy la subsecretaría de Justicia. O sea, es su “segundo”. O sea…

Rus no carece de buenas intenciones, hay que decirlo, pero ello no alcanza para combatir el delito, sobre todo en momentos en los cuales este se ha complejizado de maneras pocas veces vista.

Hoy los delincuentes tienen mejores armas que los policías. Incluso ostentan mejor tecnología, lo cual les permite anticiparse a los movimientos de las fuerzas de seguridad.

Por ahora, Mendoza está lejos de ser Rosario, pero se acerca. De a poco, los narcos empiezan a “tener a sueldo” a puntuales uniformados, que les ofrecen protección e información precisa que les permite impunidad.

Si la tendencia avanza, ocurrirá lo mismo que sucede en la provincia que hoy gobierna Maximiliano Pullaro, donde políticos, policías y funcionarios judiciales están a sueldo de los traficantes de narcóticos. Por eso es relevante resolver de una vez la cuestión salarial.

Ya se explicó en este mismo espacio que el cornejismo sospecha de las intenciones de los agentes, cree que se trata de una mega conspiración, insuflada por un sector de la política local. Es parcialmente cierto, pero en un porcentaje mínimo.

Los problemas de los policías son reales y concretos. Y su protesta no debe ser desmerecida ni minimizada. Eso enfurece aún más a los agentes.

Suman a su bronca los rumores de que la “mateada” que se hizo esta semana en Parque Cívico fue fotografiada y filmada por personal de la Dirección de Inteligencia Criminal.

Refiere a la movida que hicieron los familiares de policías de la provincia frente a la Casa de Gobierno. El Ejecutivo buscaría saber a qué uniformados están emparentados los que hicieron la movida de marras.

Entretanto, Rus recibió un extenso petitorio, donde los agentes le hicieron saber cuáles son sus reclamos. Le dicen allí que deben pagar de su bolsillo las fotocopias, la reparación de las movilidades e incluso el acondicionamiento de las dependencias policiales.

A su vez, advierten que la labor diaria se ve incrementada desproporcionadamente con un exceso de recargas, “llevando a que el efectivo policial cumpla un total de 60 a 75 horas en forma semanal y un total general de 300 horas mensuales”.

En torno a la cuestión salarial, le exponen que, “teniendo en cuenta, que el valor de la canasta básica al 16 de Enero de 2024, según el INDEC es de $ 495.798.32, nos trae a la realidad que el sueldo de un policía en actividad, escasamente no llega a superar los $380.000 aproximadamente, con el cual debe mantener a una familia y proveer de una Vivienda, Alimentación, Vestimenta, Educación, Salud y recreación o vacaciones”.

El documento es bastante más extenso, con tantos otros reclamos, que gravitan en situaciones concomitantes a las mencionadas. Habrá que ver qué les responde Rus… si es que les responde en algún momento. Lo más relevante es lo salarial. Lo demás también, pero el principio de acuerdo debe surgir desde ese lugar.

No es un problema que aqueja sólo a los policías: la mayoría de los municipios de Mendoza están enfrentando problemas similares. Con empleados que exigen que recompongan sus salarios.

Un caso emblemático es Godoy Cruz, donde los trabajadores aseguran que cobran sueldos paupérrimos, parte del cual sería en “negro”, a través de una tarjeta llamada EDENRED.

La culpa no es solo del municipio: también hay responsabilidad del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Godoy Cruz (SEOMGC), a cargo de un personaje llamado Arturo Alegretti, que poco y nada hace por los trabajadores estatales.

Solo parece interesado en su propio bienestar. Por caso, en la comisión del sindicato referido aparecen sus propios hijos. Ñoquis de manual.

Hablando de gente que cobra sin trabajar, alguien tendría que posar la mirada sobre el contador Ricardo Herrero, cuyo trabajo declararo se da en el Museo Policial de calle Mitre casi San Lorenzo. El hombre despunta en el Ministerio de Justicia, Clase 13, con todos los “chiches”.

El problema es que en realidad Herrero no trabaja, solo hace “acto de presencia” con anuencia de los propios jefes. Su tiempo lo ocupa a atender una inmobiliaria en calle 9 de Julio. Entretanto, cobra del Estado un sueldazo.

Finalmente, mencionar un par de curros que están motorizándose en Santa Rosa. Se trata de sendos llamados a licitación pública. Uno de ellos refiere a la contratación de una productora para los días 16,17 y 18 de febrero por la friolera de más de 36 millones de pesos.

El segundo es por el alquiler de sonido especial e iluminación, pantalla,  escenario, vallas,  estructuras y tres generadores por los días 12,13,15,16,17,18,19 de febrero, en este caso por 77 millones y medio de pesos.

Dicen los que saben que el ganador ya está “puesto”. Habrá que ver si es cierto. Teléfono para Flor Destéfanis.