Hay un tipo que está haciendo historia. No lo sabe aún, pero se está jugando todo en pos de no permitir que la política se lleve puesta la Justicia. Se llama Leonardo Pasccón y es abogado.
Diario Mendoza Today viene contando sus desventuras, que traen severos dolores de cabeza a los referentes del cornejismo. Desaprueban la disidencia de aquel tipo, que desentona con un Poder Judicial que se deja manipular a piaccere.
Tampoco aprueban lo que publica este medio, el único que se atreve a revelar aquella trama que involucra al Colegio de Abogados de Mendoza, la Federación ad hoc y el Consejo de la Magistratura.
Sospechan que hay alguna animosidad por parte de este diario para con ellos, pero nada que ver. De hecho, quien escribe estas líneas es más antikirchnerista que otra cosa.
Pero a los tipos no les alcanza, insisten con que uno tiene alguna animosidad. Ello explica que eviten conceder entrevistas a los periodistas de Mendoza Today. Una verdadera pena, porque solo se busca hacer buen periodismo. Nada más.
Como sea, el mencionado Pasccón presentó un escrito esta semana ante el “pleno” del Consejo de la Magistratura anticipándose a una feroz operación de prensa que se prepara en su contra.
Allí explicó que recusó al fiscal Juan Ticheli “de la causa penal que he instado y en la cual han ordenado la declaración informativa de los Dres. Sebastián Soneira y la Dra. Andrea Maturana”.
Y añade: “En dicha causa, obra desde el día 12 de octubre en forma secreta que se le había tomado una declaración informativa a la Dra. María José Hernández (la Dra. Teresa Day y Fernando Guzzo conocen perfectamente dicha posibilidad y mecánica: en el Sistema MP el Fiscal o su Secretario reserva un registro y una actuación queda oculta para las partes, y a su vez si se va por Mesa de Entradas las actuaciones si no están firmadas no son incorporadas al expediente; a su vez no existe avoque por ende se le tomó la misma sin que exista acusación formal)“.
Así avanza la presentación de Pasccón
Atento que he solicitado que mi presentación se mantenga en reserva ya que entiendo que la Dra. María José Hernández está siendo víctima de violencia de género por el Fiscal y el resto de denunciados y sospechados al utilizar a la parte más débil (garantías convencionales por ser mujer, y en clara desventaja tanto económica como profesional con el resto de las partes; las cuales el hecho de ser investigada no hacen que no deban respetarse; más cuando entiendo que por su condición es el instrumento en una clara autoría mediata de todos los hechos relatados en mi denuncia, entre ellos la falsedad ideológica de la Resolución del día 04 de julio del corriente) para defenderse.
A continuación, atento que como dije no puedo acompañar la presentación judicial; paso a reproducir algunos párrafos de la misma que son relevantes para que sea analizado y tomen una decisión en pleno, ya que se encuentra en proceso un concurso de aspirantes a Defensor Oficial que no garantiza los derechos de aquellos que están siendo sometidos a examen: “…la Dra. Hernandez en su declaración informativa clandestina (por obra del Dr. Ticheli), lo único que relata en la misma de relevancia para la causa es que reconoce que los audios son de ella, que me fueron enviados por Telegram, circunstancias que nunca fueron dichas por mi parte, ya que en ningún audio me nombra a mi por mi nombre.
Y reconoce el contenido de los mismos, en los cuales claramente reconoce los hechos denunciados: haber sido cooptada por un cargo, la participación del Dr.Soneira, sube a un rol de partícipe al Dr. Javier Conrado Pons, a quien nombra como facilitador de la maniobra de cooptación, y que a su vez es Miembro Titular del Consejo de la Magistratura junto con ella, reconoce que la obligaron a poner notas a postulantes para que queden ternados, que negoció con miembros de la Federación de otras circunscripciones la terna de postulantes etc. Pero no sólo eso que alcanza y sobra para imputarla a ella, al Dr. Soneira, comenzar una investigación al Dr. Pons que hasta ahora no había sido nombrado por mi; si no que cándidamente afirma en la declaración (muy mal asesorada sospechosamente por un colega de primera línea y de honorarios altos, que ni puede pagar ni lo conoce: afirmo que su nombre para ella debía ser una calle, no un abogado penalista) que su función como Consejera Titular es “discrecional”, lo cual afirma tres veces (Ud. es magistrado, es decir que pasó por dicho proceso: si a Ud. le afirmaran antes de postular que quienes lo entrevistan van a resolver de forma discrecional, que haría?), que muchas veces hay “negociaciones” inerclaustro (palabra que afirmo doy por descontada que no conoce, basta escuchar sus audios), y por si fuera poco en su declaración preparada (doy un paso más: basta ver los horarios del MP, y conocer cómo funciona una Fiscalía, que presentándose espontáneamente genere una declaración que ni escribiéndola podría realizar, ni mucho menos el auxiliar receptarla y teclearla de forma tan perfecta; entiendo que fue llevada redactada; y me hago cargo de lo que digo y voy a probarlo porque conozco a los protagonistas)…” “3. La verdad de los hechos.
Ampliación de denuncia: Voy a explicar que llevó al Dr. Ticheli, guionado tristemente por los denunciados, a precipitar este dislate: producto del hecho 4, es decir la falsedad ideológica del Consejo de la Magistratura para remover a la Comisión Asesora de Derecho Penal (guión mal hecho y autoincriminatorio de la Dra. Hernandez: reconoce su relación con la Dra. Day al afirmar que yo me quería aprovechar de la misma, y en su relato técnico sobre el funcionamiento del Consejo comete un error no menor: refiere que las notas con que llegan a la entrevista los postulantes u orden de mérito entre otras cosas es producto de un promedio con la nota que se pone cuando son aspirantes y rinden el examen: eso no es así y es una reforma muy criticada del Reglamento: la comisión no da nota, sólo se limita a decir quién aprueba y quién desaprueba) , el Consejo nombra como nuevos representantes a dos colegas foráneos de la Provincia. La titular es la Dra. Sandra Guagnino, Fiscal de Cámara de Caba; la cual a mi entender ha tomado una intervención ilegítima en la Comisión Asesora de Penal, avanzando sobre los otros estamentos, creyendo que es una interventora de la Comisión, desconociendo el funcionamiento regular de las Comisiones Asesoras todas, no sólo de la de Penal.
Ante una serie de desafortunadas aseveraciones de la misma, entre ellas las “irregularidades” que llevaron al descabezamiento de la Comisión, desconociendo que es materia de investigación, me insta que presente mis inquietudes al Pleno del Consejo, cosa que hice. El día de ayer una nota periodística sindica a la Dra. Day en ello. Esto claramente precipitó a los denunciados y al Dr. Ticheli a realizar dicha jugada procesal. Voy a abundar más sobre la cuestión: entiendo que la Dra. Teresa Day, conforme el reconocimiento expreso de la Dra. Hernández de su relación de amistad con la Dra. Day podría tener algún grado de participación en lo descripto en el hecho 4.
Y voy a profundizar y fundar: según nota de la propia SCJN la cual acompaño, la Dra. Day en el mes de mayo del corriente año hace un acuerdo que explicita la nota con una Asociación de Magistradas Mujeres cuya fundadora es la Dra. Guagnino. En dicha nota refiere que es nombrada la Dra. Teresa Day como Directora de dicha institución, y que parte del acuerdo/convenio la Dra. Day compromete dos cosas: que la próxima reunión de la Asociación se haría en Mendoza (cosa que ocurrió), y que la Dra. Day aportaría más de 60 magistradas mujeres. Ayer recibo información que probablemente dichas asociadas todas Magistradas pagarían por descuento de bono una abultada suma de dinero por ser asociadas. Es decir en forma coloquial: denuncio originariamente que el hecho 4 que la Resolución de fecha 04 de julio del corriente mes y año que resuelve la remoción de la Comisión en pleno en materia Penal por incumplimientos al reglamento.
Y que la Dra. Hernández había tomado parte entre otras cosas por su relación con la Dra. Day. Sindican los medios luego de la publicación de los audios que es un intento de cooptación del poder ejecutivo en la designación de Magistrados. La Dra. Hernández reconoce es su declaración la relación que la une con la Dra. Day. Acto seguido procede a designarse por el Consejo de la Magistratura como representante a la Dra. Guagnino, con quién la Dra. Day celebró en mayo un convenio para ser Directora de la asociación referida, y aportar más de sesenta magistradas que aportan dinero a dicha institución entre otras cosas. La Dra. Guagnino conforme los mns aportados intenta intervenir y manejar la Comisión Asesora contra legem, pasando por encima al resto de estamentos y alegando el incumplimiento al reglamento de la Comisión Asesora removida. Claro, cabe destacar que yo no sólo soy denunciante si no único sobreviviente de la maniobra y escollo para terminar de tomar la designación de Magistrados en materia penal por lo menos.
Es de una promiscuidad absoluta. Síntesis: de todo lo aquí relatado surge claramente que el Dr. Juan Ticheli ha manipulado el proceso para coadyudar a los denunciados en una estrategia defensiva. Esto tiene por origen que no sólo tiene una relación personal con los denunciados, si no también que no tiene condiciones de imparcialidad en la investigación. A su vez en la torpeza y desesperación de los denunciados hacen autoincriminarse a la Dra. Hernández e incriminar o develar otros partícipes de los hechos relatados. A su vez pone en evidencia la voluntad dilatoria del Dr. Ticheli.
Es decir, no sólo debe hacerse lugar a la recusación del Dr. Ticheli, si no también ordenar la imputación de los Dres. Soneira, Maturana y Hernández; si no también procederse a investigar la situación procesal en la causa de los Dres. Teixidor y Pons; como así también citar sin más dilaciones al Dr. Marcelo Dagostino a fin que brinde amplia declaración testimonial según el pliego aportado por los querellantes, sumando también que explique cómo fue el proceso de selección de los dos representantes del Consejo de la Magistratura para la Comisión Asesora en Materia Penal, en particular lo referido a la Dra. Guagnino. Destaco que soy un abogado particular y un ciudadano más contra toda una comunión de funcionarios públicos (incluida creo la Dra. Maturana quien sería funcionaria pública en la Municipalidad de las Heras), lo cual no sólo los pone desde el tipo penal en una situación gravosa, si no también que demuestra la diferencia de poder entre los denunciados y mi persona. Cabe aclarar que por la única razón que políticamente no han podido archivar la causa, es porque todo lo denunciado es cierto y está claramente probado.
La institucionalidad de la Provincia, y en particular del Poder Judicial está en juego, y he probado que la promiscuidad y descuidos de las normas por la cooptación del Poder Judicial amparados en 8 años ininterrumpidos de ocupar en el Poder Ejecutivo el rol de operadores de la justicia ha llevado a que obvien todo tipo de reglas, como a la pobre Dra. Hernández afirmar que su rol en el Consejo de la Magistratura es “discrecional”. “ Creo que es por demás claro y elocuente lo expresado. A su vez, entre lo referido por la Dra. Guagnino aportado a la causa penal, refiere que yo no podría asistir al examen oral si no iba al escrito, lo cual no sólo no está estipulado en el Reglamento, ni es la práctica de todas las Comisiones evaluadoras, ni tiene fundamento alguno: el examen escrito es un caso aportado por cada estamento (bastan tres para que pueda llevarse adelante el examen y de hecho ocurre en todas las Comisiones que no todos los estamentos en todos los exámenes llevan caso, es algo que se coordina con la Secretaría del Consejo), y el mismo día se envía a todos los miembros de la Comisión los exámenes escritos y el caso sorteado vía mail, para luego ser evaluados en el oral.
Es decir, no tiene ningún fundamento lo expresado por la Dra. Guagnino más que excluirme, cosa que de hecho logró ya que a la fecha no me ha sido enviado sorpresivamente los exámenes escritos. Por ende lo afirmado en mi recusación en la causa penal lo concretan de facto: excluirme porque soy el único escollo para poner en evidencia la posible cooptación de la Comisión Penal. Ni hablar si la afirmación realizada por la Dra. Hernández además de reconocer los audios es que su función es discrecional: manejarían la designación de Magistrados a su antojo. Todo lo aquí expresado hace que se les informa que no formaré parte de éste Concurso de Aspirantes a Defensor, notificando al suplente de mi estamento, ya que no validaré el mismo. Por último, como dije en mi presentación del día 23 de octubre, no es mi rol recusar a los miembros del Pleno del Consejo de la Magistratura; está en la responsabilidad personal e institucional de cada uno de hacerlo, y mostrar respeto a las instituciones. Cada estamento tiene su ámbito de discusión interna. La SCJM, la Asociación de Magistrados, el Poder Ejecutivo, y las Universidades.
Me abstengo de referirme a los legisladores que integran el mismo ya que desconozco si conocían o no lo aquí relatado, que tiene más que ver con la relación sospechada entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Si afirmo que por obvias razones el propio cuerpo no debería dejar que formen parte de ninguna decisión a los Dres. Hernández y Pons, quienes en honor a la verdad, ya deberían haber renunciado para preservar al estamento de los abogados (afirmación que corre por mi exclusiva cuenta).
Que estemos en medio de un proceso electoral, que además pone de manifiesto la poca preocupación de la sociedad por actos de corrupción, y la utilización de los medios de prensa de la provincia a través del enorme poder económico del Poder Ejecutivo provincial manejado por un secretario a quién ya le informé que estaba al tanto de las operaciones de prensa que estaba instrumentando en mi contra (lo cual ocurrió hace unas semanas y sospechosamente la declaración de la Dra. Hernández me trata de involucrar en cosas que nada tiene que ver con la causa y que también afortunadamente le fueron denunciadas al Procurador de la Corte con anterioridad) ; no quita la responsabilidad por defender la institucionalidad provincial que han dañado gravemente.
