La restricción que el Gobierno impuso a las provincias para acceder a divisas para el pago de deuda en dólares generó cortocircuitos entre los gobernadores no alineados a la Casa Rosada, y Mendoza prepara su ofensiva en tribunales contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con una estrategia que se diferencia de la que diagramó Córdoba, que optó por un amparo. Rodolfo Suarez apunta por una declaración de certeza que lo exima de acatar la resolución. Y, de no tener éxito en esa instancia, pedir la inconstitucionalidad a la Corte Suprema de la Nación.
La semana pasada, el juez federal Nro. 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, hizo lugar a un amparo presentado por el gobierno de Juan Schiaretti y autorizó a Córdoba a acceder a dólares al valor oficial para poder hacer frente al pago de un vencimiento de deuda por u$s 143 millones. Así, eludió el “cepo” ordenado por el BCRA que permitía comprar al tipo de cambio oficial solo por el 40% del monto total de los vencimientos y refinanciar el 60% restante o saldarlo con fondos propios. En total, la deuda global involucrada hasta fin de año ronda los u$s 460 millones, luego de que en los primeros cinco meses de 2023 se concretaran pagos por u$s 315 millones de capital.
En ese marco, además de Schiaretti, rápidamente estalló contra la medida el mendocino Suarez. En despachos provinciales esta semana se aceleraron los pasos a seguir para oponerse a la restricción impuesta por el BCRA. Es que en septiembre Mendoza debe pagar u$s60 millones, u$s45 millones de los cuales son de amortización, concepto sobre el cual que recae la resolución del BCRA. Según esta última, Mendoza solo podría comprar u$s18 millones al valor oficial, y por los restantes u$s27 millones debería pagar el doble, lo que ocasionaría una erogación extra de unos $5.000 millones.
El primer paso será presentar una acción declarativa de certeza, para saber si Mendoza está alcanzada o no en la resolución. Fue central el caso de Entre Ríos. El distrito gobernador por el peronista Gustavo Bordet argumentó que la provincia estaba eximida. El ministro de Economía entrerriano Hugo Ballay aclaró que en la resolución aparecen “algunas excepciones, como la de endeudamientos originados a partir del 1 de enero de 2020 y que constituyan refinanciaciones”. Asimismo, mencionó que otro aspecto de la excepción: “que esa refinanciación haya permitido alcanzar ciertos parámetros, uno de ellos es que el monto neto por el cual se accederá al mercado de cambios en los plazos originales no superara el 40% del monto de capital que vencía”.
En Mendoza irán primero por esa opción, ya que creen que la deuda en cuestión tiene los mismos condimentos que la mencionada de Entre Ríos. En rigor, los análisis que circulan entre las provincias suponen que la resolución sólo alcanzaría a Santa Fe, CABA y Tierra del Fuego, mientas que el resto de los distritos estarían exceptuados.
De no tener éxito por esa vía, se presentará el pedido de inconstitucionalidad al máximo tribunal. El plazo de septiembre le da margen a Mendoza, y como hay otros distritos con pagos de amortización de capital en 2023, esperan que los jueces supremos se expidan antes. De agotarse los tiempos, recién allí Suarez podría presentar un amparo, como lo hizo Córdoba. Otro punto que mencionó el gobernador días atrás: si bien Nación pidió a las provincias que busquen refinanciar el 60% de esos vencimientos, en el distrito cuyano el peronismo le negó a Cambia Mendoza el roll over de esos vencimientos. Suarez lo tomó como una “contradicción”.
(Con información de Ambito Financiero)
