Este domingo, a los 80 años, falleció el ex procurador de la Nación Nicolás Becerra. Funcionario durante el gobierno de Carlos Menem y legislador nacional, el mendocino tenía una larga trayectoria en el ámbito de la política nacional y provincial.
Becerra se destacó como abogado penalista. Fue secretario de la jefatura de Gabinete -cuando el titular era Eduardo Bauzá– y diputado nacional por el Partido Justicialista (PJ)
Se desempeñó como diputado nacional del PJ de Mendoza entre1991 y 1995, como defensor general de la Nación, secretario de la jefatura de Gabinete y fue procurador general de la Nación entre 1997 y 2004.
Becerra, quien dimitió de su cargo de Procurador General de la Nación en febrero de 2004 para postularse al Tribunal del MERCOSUR, fue prolijamente escrachado por el periodista Juan Gasparini como el artífice de la naturalización ilegal del narcoterrorista sirio Monzer Al Kassar, un sumario penal que aguarda sentencia en la justicia federal desde hace 11 años, con pedidos de condena en firme de los fiscales Carlos Rívolo y Claudio Navas, actualmente recurrido por el acusado ante la Corte Suprema de Justicia.
En el libro La delgada línea blanca, Becerra aparece asimismo involucrado en trafico de influencias por ilícitos económicos en el marco de la actividad política durante sus siete años de Procurador General, como fueron sus decisiones favorables al banquero Raúl Moneta en la quiebra del Banco Mendoza, y el salvataje de Carlos Menem en las causas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador y en la de la muerte de su hijo, Carlos Jr.
A propósito, conviene reservar una mención especial al arbitraje de Nicolás Becerra en contra de los fiscales Carlos Cearras y Pablo Recchini en el caso IBM-Banco Nación, para que las inculpaciones por corrupción de los menemistas cobraron comisiones ocultas en cuentas bancarias de Ginebra fueran licuadas en un supuesto delito fiscal, buscando aniquilar de ese modo las pruebas documentales aportadas por la justicia suiza, la cual las habría retirado por estar legalmente imposibilitada en participar en juicios penales por infracciones al fisco.
En ese contexto, no debe tampoco olvidarse la trama urdida por Nicolás Becerra para que los tribunales de Mendoza no condenaran a su hijo Nicolás Martín por un homicidio cometido en un accidente de tránsito en 1994, y la venta de indultos en esa provincia, un escándalo que vincula a algunos de sus colaboradores, entre los que se destacara Héctor Corvalan, su secretario privado durante 30 años, quien así lo propuso a la familia del condenado Raúl Bressi, como se constató en tribunales.
En La prueba, se destapa a Becerra interviniendo ante los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado para que no imputaran a los senadores incriminados en las coimas de la Cámara Alta por la ley de reforma laboral, exhibiéndose además una radiografía de sus oscuras relaciones con los ex senadores Eduardo Bauza y José Genoud, y con Alberto Flamarique, ex ministro de trabajo de la Alianza, quien articuló los trasiegos de la gran coima De la Rúa.
En esos libros se revelaba incluso una cuenta bancaria no declarada por Nicolás Becerra en el “Credit Suisse” de Zurich, denunciada por Gasparini en mayo de 2001 ante la presidenta de la Comisión contra el Lavado de Dinero, Elisa Carrió, y en los juzgados federales de Juan José Galeano y Claudio Bonadio, debiendo subrayarse que estos tres responsables de los órganos del Estado que vienen de consignarse, no promovieron ni solicitaron a Suiza el levantamiento del secreto bancario y la notificación de la cuenta, no obstante la solicitud de los fiscales Carlos Rívolo y Claudio Navas y las denuncias de los abogados Ricardo Monner Sanz y Juan Carlos Iglesias.
Para intentar neutralizar la evidencia de su cuenta en Zurich, confirmada en publicaciones de diferentes medios de comunicación helvéticos, Becerra urdió con un falsificador la confección de una certificación apócrifa del “Credit Suisse” negando la mentada cuenta, documento trucho que obviamente la propia central del banco en Suiza desmintió ante la requisitoria periodística, aclarando que es imposible que el establecimiento pudiera extender constancias de esa naturaleza, como quedó por otra parte fehacientemente demostrado en la investigación de “La Nación” del domingo 11 de julio de 2004 sobre los fondos de la provincia de Santa Cruz puestos a resguardo en Suiza, reiterándose una vez más que los bancos suizos tiene prohibido por ley extender certificaciones sobre la existencia o no de cuentas, quedando por tanto suficientemente claro que la fotocopia que muestra Becerra es una falsificación que si bien él la exibió a ciertas personas para engañarlas, nunca quiso entregarle copia a nadie, para no correr el riesgo de ser arrastrado a los tribunales por la comisión de semejante delito en un personaje de su investidura, jefe del Ministerio Público de la Nación.
Al propio tiempo, Gasparini describió en esos dos libros la participación de Becerra en la defensa de los apropiadores de terrenos en Mendoza, arrebatados a desaparecidos en la ESMA, y en La prueba agregó las visitas a su despacho en la capital de esa provincia del ex oficial inmobiliario de la Marina, Jorge Radice, actualmente detenido a raíz de esos hechos por el juez federal Sergio Torres. ¿De que hablaban en 1977 y 1978 el abogado Becerra y el genocida Radice en Mendoza, donde la Armada expolió tierras valoradas en 20 millones de dólares de aquella época?
