El gobierno nacional, a través del subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, informó que en pocas semanas comenzarán dos juicios por la apropiación de bienes de empresarios que fueron secuestrados y en algunos casos desaparecidos por la última dictadura.
Para Alén, “los casos en los que se unen crímenes de lesa humanidad y delitos económicos hacen a la misma esencia de la dictadura”, y señaló la venta irregular de Papel Prensa como “caso testigo” de la complicidad de civiles.
En ese contexto, está a punto de comenzar el juicio oral por la apropiación de bienes de la familia Cerruti, en la zona de Chacras de Coria, la cual sufrió la privación de la libertad e imposición de tormentos en contra Victorio de Cerutti, Horacio Palma, y Raúl, Omar, Diego y Mariana Masera Pincolini.
En esta causa deberán sentarse en el banquillo de los acusados parte de los condenados en el juicio por crímenes en la Esma, entre ellos Jorge Tigre Acosta, Ricardo Cavallo y Jorge Radice, que deberán responder por haber sometido a “condiciones inhumanas” y por la “posterior desaparición” de sus víctimas, secuestradas con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo, según consta en el expediente.
“Fueron secuestrados, torturados y desaparecidos y los obligaron a firmar escrituras hasta que finalmente se construyó un barrio con sociedades fantasmas cuyos integrantes eran oficiales de la Armada”, agregó Alén.
“Por un lado, se buscaba implantar un modelo económico y por otro, obtener ventajas personales, para obtener el botín, la rapiña”, remarcó.
Allí aparece complicado el otrora procurador General de la Nación Nicolás Becerra, tristemente célebre por haber facilitado documentación al narcoterrorista Monzer Al Kassar en los años 90. También a otros malvivientes foráneos.
