Piden intervención de Fiscalía de Estado por el escándalo de la millonaria licitación del Parque Gral. San Martín
Un escándalo del que nadie habla.
La situación no es nueva. La viene contando este cronista hace tiempo. Refiere a una una escandalosa licitación a través de la cual el Gobierno de Mendoza planea gastar casi $2.000 millones durante los próximos 10 años en los servicios de limpieza, segado, desmalezado, riego e iluminación del Parque General San Martín, el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico.
Según explicó la diputada del Partido Demócrata Mercedes Llano a Diario Mendoza Today, hasta el mes de abril se abonaba un monto de 585 mil pesos mensual por tales servicios.
“Ahora se le va a abonar a la nueva prestataria una suma que supera los 16 millones. O sea, 28 veces más”, reveló la legisladora, quien sospecha de un negociado en ciernes.
Como sea, a través de un decreto, el N°: 484, el gobernador Rodolfo Suarez facultó a la Dirección de Parques y Paseos Públicos a realizar el llamado a Licitación Pública para el mantenimiento de estos espacios dado la misma Dirección de Parques asegura que «no da abasto».
Si bien el próximo 28 de mayo estaba previsto que se conozcan los oferentes de la licitación, finalmente decidieron prorrogar la apertura de sobres hasta el 18 de junio.
En tal contexto, el concejal de Ciudad, Luis Giachino y la diputada Llano, acompañados por el ingeniero Arnaldo Roatta y el arquitecto Roberto Daniel Dabul presentaron un pedido ante Fiscalía de Estado para que intervenga en el proceso licitatorio de la limpieza del Parque General San Martín.
En el extenso documento, que fue publicado por el portal Bien Cuyano, expresan su preocupación sobre diferentes aspectos de la licitación.
Según consta en los pliegos, el gasto mensual que calcula la Dirección de Parques y Paseos Públicos es de 16 millones de pesos, monto que excede considerablemente lo que a lo largo de los últimos años ha costado tercerizar ese servicio. Para los denunciantes, otro hecho llamativo es que el plazo fijado en el pliego de bases y condiciones de la licitación para la apertura de ofertas «es excesivamente breve -plazo exiguo- y representa una ilegalidad manifiesta».
«Este pliego en forma evidente supone una notoria privación de justicia, vulnerando además uno de los principios de la licitación pública: la concurrencia o no discriminación impidiendo la posibilidad de competencia de mayor cantidad de interesados», sostienen sobre las ofertas.
Para Llano, Giachino y el resto de los firmantes no es posible elaborar una propuesta ante una licitación de estas características en solo 18 días hábiles. En este sentido, citan un antecedente de «plazo exiguo» que se dio en el año 2014 con una licitación que procuraba adjudicar la concesión de la verificación técnica automotor a todos los vehículos de Mendoza a una sola empresa.
También cuestionan el plazo de tiempo durante el cual se concesionará el servicio y advierten que los montos que recibirá la empresa adjudicataria se podrán actualizar durante esos 10 años de contrato y que entonces los 1996 millones de pesos son solo el piso de la licitación.
En concreto, el servicio que deberá prestar la empresa ganadora es la limpieza, segado, desmalezado, riego, iluminación y servicios conexos en el Parque General San Martín, el Cerro de La Gloria y el Centro Cívico.
«A nuestro parecer se ha logrado publicar un pliego con condiciones de muy difícil cumplimiento en un plazo muy breve para cualquier oferente que no conociera de antemano la licitación», apuntan dando a entender que el proceso parece estar direccionado.
«Por lo aquí expuesto es que solicitamos al señor fiscal de Estado su intervención en los términos legales previstos a fin de brindar una respuesta a nuestro requerimiento que es de justicia y se adecua a su entidad competencial en defensa del Patrimonio Común Mendocino», sostienen en referencia al fiscal Fernando Simón.
«La premura de los plazos exiguos y de la legitimación necesaria para actuar nos obliga a solicitarle se expida en forma urgente, ya que si el señor fiscal no interviene, deberemos recurrir al Auditor de Ética Pública en su rol de velar de acuerdo a la ley 8993», agregan.
