Ingresó a Diputados: de qué trata el paquete de leyes para modernizar el sistema de seguridad mendocino

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó en la Legislatura un paquete de once leyes que tienen como finalidad “agilizar, modernizar y consolidar la estrategia de seguridad de la provincia”. La funcionaria estuvo acompañada por la vicegobernadora, Hebe Casado; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y miembros del gabinete de Seguridad.

Las iniciativas fueron ingresadas por la Cámara de Diputados, luego del anuncio que formulara ayer el gobernador Alfredo Cornejo, durante la apertura de sesiones ordinarias.

Las once leyes se basan en cinco ejes que abordan aspectos de seguridad pública, desde la prevención del delito hasta reformas en el sistema judicial. También se incluyen medidas para combatir el mercado ilegal de bienes, reforzar la seguridad vial y se destaca la inclusión de la ciudadanía en el sistema judicial a través de la ampliación de los juicios por jurado, entre otros temas.

“Es un paquete de 11 proyectos que tienen que ver con la seguridad integral”, que tienen “una centralidad en la prevención general y especial”, indicó la ministra en conferencia de prensa. “Si bien son cinco ejes los que lo integran, la centralidad está puesta en la prevención que es el primero de ellos. El corazón de este paquete apunta a fortalecer las competencias de las fuerzas de seguridad“, acotó.

Señaló al respecto, que se trata de un aspecto central para “dar batalla a lo que es el robo de bienes, de celulares, de bicicletas. Mendoza tiene que ser hostil a estos mercados marginales, al mercado ilegal de bienes”, como así también a lo concerniente a la  seguridad privada, para que sea “más profesionalizada”,  teniendo en cuenta que “la clandestinidad asociada a los servicios de seguridad privada van en contra de la sociedad”.

También en materia de prevención, mencionó modificaciones que “tienen que ver específicamente con la alcoholemia al volante”.

Por otra parte, en relación a la investigación, explicó que “es muy importante trabajar no sólo en lo que es seguridad, sino también y especialmente lo que tiene que ver con la justicia. Una investigación oportuna en un caso, es sumamente importante: no sólo legítima el trabajo de las fuerzas de seguridad sino que también le da una respuesta satisfactoria a esa víctima en particular, pero a la sociedad en general”.

“Si nos aseguramos que las personas que están involucradas en el delito tengan juzgamiento y queden en definitiva en la cárcel, eso supone menos delincuentes afectando a la sociedad en general. Por eso es muy importante también este otro eje que tiene que ver con una investigación más desburocratizada y que hace a la justicia”, subrayó.

Como tercer eje, la ministra Rus mencionó  el “involucramiento de la sociedad en juicios por jurado”, un modelo “que ha sido exitoso, que se viene trabajando en la provincia de Mendoza, y lo que hacemos ahora es ampliar la participación de la sociedad en un delito de agenda, como es el robo. Hasta aquí se venían trabajando en juicio por jurado delitos graves en general, de penas perpetuas. Estamos incorporando el robo, el homicidio simple cuando no es con arma de fuego y el robo agravado por lesiones graves y gravísimas. De las 10 provincias que tienen juicio por jurado hoy sólo tres incorporan este tipo de delito en juicio por jurado”.

Otro de los pilares está relacionado con el sistema penitenciario, que apunta a “reforzar el control y el seguimiento”. “Lo que queremos con esto es un mejor control, poder realizar clasificación de perfiles de internos para evitar que desde dentro de los servicios penitenciarios o desde dentro de las unidades penitenciarias proliferen bandas que estén relacionadas con el delito”, expresó.

En esa línea, afirmó que “creemos que forma parte del circuito de la seguridad pública. El tema del control del liberado es muy importante, estamos cambiando un paradigma en esto, planteando un nuevo sistema más territorial y más personalizado de seguimiento, que es el que vamos a hacer desde la Dirección”.

“Mendoza es una de las únicas provincias en el país que invierte en su sistema penitenciario y lo hace teniendo en cuenta que forma parte de la seguridad. Un mejor control de los internos será clave para propiciar que después haya una reinserción positiva. Creemos que ahí cierra un círculo que es importante abordar cuando miramos la seguridad de forma integral”, dijo Rus.

Primer eje: Prevención

Seguridad privada humana y tecnológica

La expansión en la oferta de servicios de seguridad privada no ha sido acompañada por una extensión en el alcance del control y supervisión y tampoco de una normativa acorde con estos cambios. En 1997, cuando se sancionó la ley, existían aproximadamente 20 empresas de seguridad privada con un total de 400 vigiladores. Actualmente, se han habilitado 175 empresas y más de 10 mil personas están registradas para trabajar como vigilantes en este sector.

Este proyecto busca mejorar los controles, incorporar el sector de seguridad privada tecnológica, profesionalizar los servicios y lograr una mejor coordinación y colaboración con la seguridad pública.

                Sistema provincial de videovigilancia y captación de datos e imágenes

Se amplía el sistema de videovigilancia a la captación de datos y el uso de inteligencia artificial, habilitando reconocimiento facial, reconocimiento de patentes y patrones delictivos. Además, se legisla la posibilidad de incorporar cámaras privadas, que cumplan con los requisitos técnicos, para ampliar las bases del sistema.

Control y registro sobre la comercialización de bienes usados

El mercado ilegal de bienes es el que nutre generalmente a quienes cometen delitos. Celulares, autopartes, entre otros, son vendidos en las redes sociales con facilidad y luego muchas veces terminan a la venta en determinados lugares de forma fraudulenta.

Esta ley tiende a regular toda esta situación. Le da un poder amplio a las fuerzas de seguridad para que puedan inspeccionar estos lugares y también para que puedan hacer inteligencia sobre lo que se está ofreciendo en las redes y demás. Además, habilita un sistema optativo para la trazabilidad de bienes.

                Modificación al Código de Faltas

Se incorpora como contravención la publicidad de venta ardidosa o falsa. Apunta a disuadir las conductas destinadas a generar engaños que terminen en robos o estafas, como así también a ampliar líneas de investigación sobre las dinámicas delictivas contra el patrimonio vinculadas a las redes sociales y a otros sistemas informáticos.

Asimismo, se plantea la inhabilitación para conductores que conduzcan con más de 1 gramo de alcohol. El fin es evitar que las personas condenadas por conducir con alcoholemia puedan eludir la inhabilitación para conducir al pagar la multa. Se establece que la inhabilitación persistirá independientemente del pago.

                Modificaciones a la Ley de Tránsito

Establece la posibilidad de calibrar alcoholímetros en Mendoza, sin tener que llevarlo a otra provincia como se prevé en la Ley nacional en la actualidad. Además, se incorpora una reincidencia agravada para quien conduce con alcoholemia por fuera de los límites permitidos. También se establece la disposición a favor del Ministerio de Seguridad y Justicia de bienes secuestrados por la vial.

Segundo eje: Investigación – Justicia

Se establece la audiencia oral para pedir allanamientos y la presencia del juez en casos graves y complejos. Al incorporar la oralidad al trámite de pedidos de allanamientos, se otorga mayor rapidez y menor burocracia. La presencia del juez en allanamientos graves o complejos, colabora con el control del procedimiento y la rápida disposición de nuevas medidas en el lugar.

De igual forma, se promueve la ampliación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Busca mejorar la capacidad del sistema para identificar personas y esclarecer hechos violentos. El objetivo es aumentar la capacidad de match positivos en pos del esclarecimiento de causas, no sólo identificar autores, sino también víctimas.

Además, ampliar la posibilidad de extraer huellas en el marco de un procedimiento policial o jurídico penal a la persona sometida a un procedimiento cuando resulte necesario para una mejor identificación e, igualmente, se propone la ampliación del registro de huellas genéticas para incluir a personas que vayan a sacarse el DNI o carnet de conducir, de forma aleatoria, mediante convenios con la Nación o Registro Civil.

Ampliación de la inserción en la orden del día

Pretende incorporar al sistema los pedidos de paraderos, prohibiciones de ingreso a eventos deportivos, prohibiciones de acercamiento, inhabilitaciones para conducir. El objetivo es lograr una mejor coordinación con el Ministerio Público Fiscal y la Justicia en relación con las medidas dispuestas con impacto en materia de seguridad.

Tercer eje: Juzgamiento – Participación sociedad

                Ampliación del Juicio por Jurados

Esta iniciativa tiene como objetivo involucrar cada vez más a la sociedad en el sistema judicial, ampliando por primera vez a un delito de agenda como es el robo. Se le permite la intervención en robos con lesiones graves o gravísimas, muchas veces producto de entraderas, y los homicidios simples, sin uso de armas, por ejemplo, los casos de ajustes de cuentas de pandillas y entre bandas delictivas.

Cuarto eje: Sistema penitenciario

                Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de Mendoza

Se trata de una Ley específica, orgánica del servicio, que supone una mejor supervisión y control. Establece, por ejemplo, el control tecnológico que la ley vieja no establecía e implementa una estricta clasificación de las personas privadas de la libertad que es útil a la seguridad de los internos. Además, se establece dentro de esa refuncionalización orgánica las competencias para vehiculizar que los internos estudien y trabajen, y así evitar que tengan tiempo ocioso.

Quinto eje: Control del Liberado

Seguimiento, Control y Promoción del Liberado

Aspira a mejorar el control, monitoreo y seguimiento de liberados a través de la nueva figura del Oficial de Libertad Vigilada y mediante tecnología, para evitar que las personas reincidan en comportamientos delictivos y facilitándoles su reintegración a la sociedad.