⛔ La indignante y trágica realidad vial de Mendoza

Cuarenta en 51. Una proporción que, sin contexto, parece hablar de solamente números. Lamentablemente, son 40 los fallecidos en accidentes de tránsito al cabo de 51 días desde el inicio de 2024.

Para las autoridades parecen ser solamente números, una ‘estadística’ más, sin más que hacer. Por suerte el relevamiento de Diario Uno, al que se agrega esto que publicó Diario Mendoza Today, nos permite recordarlos con su identidad para, en el mejor de los casos, hacerles entender a las autoridades responsables (no me animaría a calificarlos de ‘competentes’), del dolor y la falta de respuestas a las familias detrás de cada hecho.

Esto abre múltiples preguntas, empecemos: ¿Y la actividad de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial? Cualquiera que revise nuestra ley de tránsito en su artículo 13 encontrará las funciones de la Dirección del ente mencionado y podrá ver lo que debería ser y lo que NO es.

Ni un dato, ni una estadística para mostrar, alguna vez que se mostró algún dato, era completamente descriptivo, aislado de inferencias, toma de decisiones o políticas que propongan una mejora en la seguridad vial.

Vale hacer mención especial al Consejo Provincial de Seguridad Vial —última mención de una reunión el 1 de abril de 2019 y, como pueden adivinar, no se dijo nada importante— cuyas funciones están en el artículo 14 de nuestra Ley de Tránsito, pero del cual no se sabe nada.

Los datos sobre la inseguridad vial que vivimos están completamente viciados, y permítanme explicar por qué. Debida la inutilidad de tránsito —poca utilidad, para que nadie se ofenda—, en los casos de accidentes, a los fiscales de tránsito les llegan actuaciones con información parcial —subestimando a veces las lesiones de los partícipes— o directamente no les llegan las actuaciones: tránsito se retira antes de que llegue una ambulancia, y al no haber lesionados, no intervienen las fiscalías.

Sobre la base de esto, desde la Fiscalía de Tránsito se tomó la decisión —acertada, si bien no debería corresponder a ellos solucionarlo— de que cualquier persona que manifieste una dolencia —debido a que no siempre se encuentra una ambulancia presente para diagnosticar/confirmar la supuesta lesión— sea considerado accidente con lesiones. Ahora bien, esto distorsionó los datos ya sin dudas se traslada a un aumento considerable en “accidentes con lesionados”, los cuales quizá realmente no lo son desde un criterio médico.

No es ideal, pero es mejor que dejar que una persona que si estaba lesionada quede fuera del sistema. Para que no crean que Mendoza no es tierra de oportunidades, esto abre un nuevo kiosco, el de las demandas por lesiones en accidentes, basados en manifestaciones y no en diagnósticos médicos.

Prosigamos por los municipios: la precariedad en la formación ya llega a niveles alarmantes, fallos viales sin fundamento técnico —aunque es una oportunidad para los estudios jurídicos de empezar a hacer justicia y unos buenos honorarios, algunos ya se avivaron y dejan expuesta la precariedad de los entes oficiales—, la no recepción de denuncias al público en ciertos municipios, donde la pobre gente que perdió el día y rompió su vehículo, tiene que aguantar la mediocridad ‘munipa’ de que les digan “venga mañana” o directamente no los atiendan, no les permitan adjuntar sus fotografías, haya caso omiso a pedido de cámaras o la manifestación que ellos quieran dar.

Es cierto que el empleado de esta área está mal pago —como lo estamos la mayoría en nuestro país—, pero eso no es excusa para el mal nivel de trabajo y como para que el flamante director de Tránsito de Godoy Cruz tenga que ver que dentro de la herencia que recibe haya supervisores y autoridades sin título habilitante, inspectores contratados bajo régimen de monotributista —primera pregunta para nuestros lectores juristas, ¿puede ser un inspector monotributista? ¿te puede hacer una multa un monotributista? ¿Es funcionario público?—, los cuales cobran un 40% menos que los demás agentes. (Optimización estatal es pagarles bien a los que funcionan, por si se olvidaron). Hablando de los que funcionan, vale destacar la labor de algunos periodistas que ya hace rato vienen poniendo la lupa en este tema:

¿Cuánto tiempo pasa entre un accidente y que lleguen los de tránsito? ¿No hay acaso protocolos de actuación? No se olviden que los sueldos de los inspec-ñoquis los pagamos todos los ciudadanos.

Finalmente, le voy a dedicar un párrafo a la artimaña de las ciclovías. ¿Se midió acaso el flujo de ciclistas que ocupan algunas ciclovías? ¿Cuánta gente utiliza las ciclovías, que clase de estudio se hizo para realizarlas? No vaya a ser que haya sido para hacer marketing, financiamiento para hacerlas y después dibujar los números.

El programa Bicitran en ninguna parte hace mención que, como si menciona nuestra ley de tránsito (art 44): Para circular en bicicleta, con o sin motor, será necesario que: 1. Sus conductores y ocupantes usen casco de seguridad homologado.

Diría un famoso periodista, “pará, pará, pará”, ¿vos me estás diciendo que desde el gobierno te están permitiendo alquilar una bici que incumple con la ley de tránsito y que para colmo no están controlando? Algún jurista ya puede empezar a hacer estas preguntas, ¿o estamos esperando que se quiebre la cabeza alguien que utilice una de esas bicicletas para hacer algo?

Gran oportunidad perdida para hacer promociones con emprendedores que vendan los insumos y que quieran dar un beneficio a la comunidad, pero desde los municipios y el gobierno simplemente no les interesa… no tongo, no party.