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Los fundamentos del desafuero de Janina Ortiz, la victimización y las denuncias que se vienen

Vale señalar que ni el desafuero ni las causas que tramitan en el Ministerio Público Fiscal le prohíben a Ortíz seguir con su actividad legislativa.

La diputada provincial por La Unión Mendocina, Janina Ortiz, sorprendió a propios y ajenos al anunciar en la Legislatura que renunciaría a sus fueros, algo que por unanimidad aprobó la Cámara de Diputados.

Como no tengo nada que esconder, he presentado voluntariamente mi propio pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados. Adjunto la nota presentada”, publicó la legisladora en su cuenta oficial de la red social X con el documento prometido.

En el escrito basa sus fundamentos tanto en la Constitución Nacional como en la provincial. También en ciertas leyes que hacen pie en la “inmunidad de arresto” entendiendo que no existe una “inmunidad de proceso”, dando a entender que no tiene problema en pasar por el proceso judicial correspondiente.

Es que, cabe señalar que quedaría imputada por los delitos de fraude a la administración pública y coacciones luego de presentada la nota. “siempre he estado a disposición del Ministerio Público Fiscal”, aseguró.

En esa línea, comprende que “los representantes del órgano encargado de la persecución penal, en ningún caso han enviado la citación formal para que comparezca a ser imputada. Es decir, han sido los Fiscales los que se han apartado de la norma procesal y no yo”.

En otro tramo del paper, la diputada sostiene que la presentación de su desafuero se argumenta con el fin de “evitar más desgaste parlamentario” al aclarar que es más sencillo de esta forma que llevar a cabo un “juicio legislativo”.

Lo hizo, incluso, cuando remarcó “en ninguna de las dos causas estoy en condiciones de ser imputada por la tramitación judicial en cada una de ellas en ejercicio del derecho de defensa en juicio y debido proceso”.

No es todo, también se victimizó por su género: “Pongo en conocimiento del cuerpo Legislativo, que estoy próxima formular formal denuncia ante el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y ante la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, dando a conocer los hechos que hacen a la afectación de mis derechos como mujer que ejerce la política”, escribió.

Vale señalar que ni el desafuero ni las causas que tramitan en el Ministerio Público Fiscal le prohíben a Ortíz seguir con su actividad legislativa, por lo que permanecerá, al menos por el momento, en su banca como diputada.

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