La Provincia acordó con Edemsa extender la concesión del servicio por veinte años a cambio de que la principal distribuidora eléctrica de Mendoza desistiera de reclamos económicos millonarios. En ese marco, este jueves se realizó la audiencia pública en la que el Gobierno explicó y justificó el arreglo, pero además aclaró de cuánto será el aumento extraordinario en las tarifas.
Al respecto José Luis Ramón, diputado Provincial por Protectora explicó: “El Gobierno de Mendoza hizo un acuerdo a puertas cerradas con los dueños de las empresa Edemsa a partir de una amenaza de los dueños de esta empresa“.
Según planteó, la misma fue la “de llevar a la provincia a un juicio en el CIADI por los ingresos que ellos no han percibido durante años por dos cosas que yo creo que es mentira, que es lo que ellos llaman ingresos no percibidos como consecuencia del magro ajuste de la tarifa eléctrica que consideran bajo”.
“El segundo porque existen muchos barrios populares donde muchas personas se roban (la electricidad), yo no creo que roben sino que utilizan de manera indebida el servicio, entonces dice ‘tenemos una deuda multimillonaria’, aproximadamente 171 mil millones de pesos, que el gobierno de Mendoza le debe (a la empresa) según los dueños de EDEMSA en concepto de esos ingresos y de lo que la empresa le debe a CAMMESA, que es una sociedad anónima estatal formada por quienes producen energía en argentina”, se explayó.
En ese contexto, aseguró Ramón: “con esas cosas el gobernador Suarez, dirigido por Cornejo, resolvió a puertas cerradas hacer un acuerdo transaccional y llegaron a ciertas conclusiones que se trataron y firmó un decreto, el 70/2023, en donde dice los resultados de esa transacción”.
“¿Cuáles son?”, preguntó, a lo que respondió: “La empresa proveedora del servicio tiene que pagar un canon a la provincia por utilizar toda la estructura de la distribución del servicio que se planteó en un origen en el 10%, y en esta transacción se baja del 10% al 6% el canon que van a pagar hasta el año 2048, hasta que dura la concesión. Estamos hablando de 8 millones de dólares anuales con el agravante de que se resuelve que ese monto lo vamos a pagar los usuarios”.
“Después viene el segundo relacionado a las inversiones que permitan que el servicio llegue a los barrios populares en Mendoza. Hay casi un 38% de la provincia que vive en estos barrios y el Estado mendocino no tiene planificación para que le llegue el servicio”, agregó el legislador en diálogo con Aire Nacional.
Por tanto, explicó que “la transacción dice que a partir de ahora el mejoramiento lo vamos a pagar los usuarios”, lo que calificó de “grave” porque “en una sociedad anónima, que se hace para hacer negocios, los socios hacen aportes de plata para después poder repartir las ganancias. Ellos acá no van a correr ningún riesgo, no van a poner plata de inversiones y hasta el 2048 los mendocinos vamos a pagar las inversiones del sistema eléctrico. Es una cosa muy grave”.
