“El imposible tren a Mendoza y el federalismo desquiciado”: elocuente nota editorial de diario La Nación

Se trata de una cifra que duplica la duración promedio de una travesía de algo más de 1000 kilómetros con un tren convencional en cualquier lugar donde existe un sistema ferroviario, tal como lo tuvo la Argentina entre fines del siglo XIX y comienzos de la década de 1990.

Sin embargo, hay por lo menos un par de datos nada menores que tornan ilusorio el anuncio y en los que poco y nada se ha reparado. Son tan centrales como que hacen al desquicio de la organización federal de la Argentina, que hace ya tiempo trasciende el debate sobre la coparticipación, para derramarse sobre innumerables cuestiones vitales para el funcionamiento del país.

El primer dato duro que contradice la noticia es que no existe más la vía principal de pasajeros a la ciudad de Mendoza.

El Ferrocarril San Martín (originariamente Buenos Aires al Pacífico, lema que da cuenta de su ya lejana frustración) tiene –o mejor dicho, tenía- una vía paralela a la Ruta Nacional 7, que ya en la provincia de San Luis pasaba por dos importantes ciudades: Villa Mercedes y la misma capital puntana, para luego seguir hacia la provincia de Mendoza. Es en esas dos estaciones donde históricamente se producía el mayor tráfico de pasajeros.

En 2013, el gobierno de la familia Rodríguez Saá, con el declamado propósito de evitar la usurpación de la traza en las afueras de la ciudad de San Luis, decidió desmantelarla y construir sobre diversos tramos de ella dos avenidas, además de desafectar la pintoresca estación que servía. El hecho se ubicó fuera de la ley, y así lo entendió entonces el gobierno nacional (mandato de Cristina Fernández) quien, a través de su secretario de Transporte –Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de Once-, realizó las denuncias correspondientes, aunque sin ninguna efectividad. Hay que tener en cuenta que el tendido ferroviario es propiedad del estado federal, por lo que las provincias no pueden disponer de él sin autorización.

Se trató de un hecho tan escandaloso como si una provincia decidiese cortar una ruta nacional para plantar soja o no autorizar a los aviones a surcar su espacio aéreo. Con la excusa de evitar usurpaciones, el gobierno puntano terminó usurpando él mismo lo que no era de su propiedad.

Consumado el hecho, y sin ninguna voluntad política de repararlo, una década después el actual gobierno se ve obligado a tomar una vía alternativa del Ferrocarril San Martín, apta para cargas, que cruza localidades muy poco pobladas como Beazley, de algo más de 1000 habitantes, en lugar de prestar su servicio a las dos ciudades más importantes de la provincia de San Luis, que quedan así marginadas del tren y que privan a éste de buena parte de la justificación que su elevada inversión demanda. 

El segundo dato que tampoco sale a la luz es que, una vez que esa vía alternativa vuelve a juntarse con la principal en la ciudad mendocina de La Paz, el tren tampoco podrá llegar a Mendoza.

La solución propuesta por el gobierno nacional es que el fatigado tren llegue a la localidad de Palmira, distante 35 kilómetros de la estación de Mendoza, y la gente tome allí otro medio de transporte, dado que el metrotranvía ni siquiera llega a ese lugar

Nadie ignora que una de las ventajas comparativas del tren es que sale y deja al pasajero en lugares centrales de cada cabecera. En los países del primer mundo sigue siendo así, y en todo caso se han construido accesos bajo o sobre nivel para no entorpecer el tránsito automotor. En la Argentina, los intereses públicos y privados se limitan a disputar ferozmente el valor de esos terrenos estratégicos para darles otros usos. En Mendoza también se desmanteló el acceso a la ciudad sin autorización del Estado nacional, mediante la construcción del llamado “metrotranvía”, idea aparentemente positiva para conectar la capital provincial con sus alrededores, si no fuera porque se construyó sobre las vías del Ferrocarril San Martín, cambiando su trocha ancha por otra media: la diferencia es mínima en centímetros pero suficiente para impedir que el tren que viene de Buenos Aires la transite. Así, cada vez que el metrotranvía se extiende disminuye la posibilidad de que Mendoza capital esté conectada por tren con el resto del país.

La solución propuesta por el gobierno nacional es que el fatigado tren llegue a la localidad de Palmira, distante 35 kilómetros de la estación de Mendoza, y la gente tome allí otro medio de transporte, dado que el metrotranvía ni siquiera llega a ese lugar. Me imagino a una familia, con chicos y bártulos, o a una persona mayor o con discapacidades, luego de un viaje de casi 30 horas, bajando en medio de la nada, a una hora incierta, compitiendo con otros extenuados pasajeros para traspasar todo lo que lleva a otro medio de transporte y cubrir así una nueva distancia hasta llegar a su destino final.

Por lo visto, la distancia entre el anuncio y sus condiciones concretas de implementación son tan grandes que eximen de todo comentario. Lo que no puede dejar de ponerse de relieve es que su origen es la desarticulación de un sistema federal armónico para nuestro país. Intereses difusos y parcializados parecen oscilar entre dos extremos: la conocida hipertrofia centralista, combinada con la total discrecionalidad de las provincias y aun de los municipios. Se trata de un problema constitucional que, en este caso concreto, tiene al ferrocarril como una de sus principales víctimas.