En el contexto del inminente tratamiento de la declaración de impacto del proyecto Cerro Amarillo, el Partido Verde de Mendoza emitió un comunicado en el cual rechazan su impulso sobre la base de la presunta incompetencia del Poder Ejecutivo local.
“Desde el Partido Verde, la tercera fuerza política con representatividad parlamentaria de Mendoza, entendemos que el Proyecto Minero Cerro Amarillo (el cual busca desarrollar una mina de cobre) y su respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentan graves irregularidades, lo que nos hace dudar enormemente de su transparencia“, sostiene el documento al que tuvo acceso Diario Mendoza Today.
A su vez, el comunicado añade: “Como férreos defensores de los bienes comunes de la provincia, y basándonos en las condiciones en las que se llevó esta propuesta a la casa de las leyes, hemos decidido rechazarlo, y hacemos responsable al Poder Ejecutivo por la notable incompetencia que evidencia el mismo en cuanto a su preparación técnica y legal”.
Para el Partido Verde, “el gobierno intenta argumentar que esta propuesta es viable porque ‘cumple con la Ley 7.722’, aseverándolo ante los medios de comunicación como si esta importante Ley fuese la única ley ambiental a la cual debe ajustarse toda actividad que comprometa nuestros bienes comunes. Consideramos que con este artilugio mediático carente de fundamentos técnicos y legales, el oficialismo nos está sometiendo a un apuro innecesario e intenta imponer la actividad minera condenándonos al riesgo de pagar cualquier costo para llevarla a cabo”.
El documento, firmado por Mario Vadillo, avanza: “Observamos en la Declaración de Impacto Ambiental grandes irregularidades, comenzando por la clara ilegalidad que la fundamenta ya que ésta debería ser actualizada como máximo en forma bianual, cuando en este caso corresponde al año 2014. Por lo que el tipo de explotación propuesto y la posible modificación del ambiente en estos años, evidencia su nulidad absoluta, lo que impide el tratamiento legislativo hasta que se realice una nueva evaluación, tal como indica la normativa vigente”.
Y agrega que “las autoridades de la provincia promueven la mega minería sin implementar la Policía Ambiental Minera (P.A.M.) que exige la Ley nº 7.722, el cinturón de seguridad del agua en nuestra provincia, en un contexto de emergencia climática en el que atravesamos la peor sequía de los últimos 50 años y a sabiendas de que este proyecto se encuentra emplazado en una zona peri glaciar, que conforma una importante reserva de agua para la provincia y de la cual depende el futuro de la misma”.
Finalmente, el comunicado concluye: “El cumplimiento de la Ley 7722 no exceptúa ningún gobierno de ajustarse a toda la normativa ambiental existente a nivel provincial y nacional, y es por estas razones que nos oponemos a este atropello del oficialismo y exigimos legalidad y transparencia en los procedimientos requeridos para considerar el tratamiento legislativo correspondiente para evaluar correctamente la viabilidad del Proyecto Minero Cerro Amarillo”.
