Christian SanzPortada

Más corrupción policial en Mendoza, bomberos en la mira, y piden explicaciones a Godoy Cruz por el director millonario

Además: el hackeo que paraliza al gobierno, la insólita polémica por Gran Hermano, y los temores de Macri.

En estas horas, la casilla del correo electrónico de Diario Mendoza Today está taponada de información. Lo mismo ocurre con la cuenta de Whatsapp y otras vías de comunicación.

Abrevan allí varias docenas de denuncias contra reputados miembros de la Policía de Mendoza, cuyas trapisondas vienen siendo desnudadas por este mismo medio. En completa soledad.

El gobierno provincial, entretanto, no sabe cómo manejar la situación. O sí. Avanzará contra los uniformados menos calificados y zafará a los “porongas”, acusando que se trata de internas dentro de la fuerza. Patrañas.

Uno de los grandes protegidos es el comisario David Ramonda, a cargo de la policía Rural de Maipú, a quien acusan de maltrato laboral, hostigamiento y amenazas, además de hechos de corrupción, algunos graves y otros no tanto.

Una de las presentaciones a las cuales tuvo acceso este diario, efectuada ante la Inspección General de Seguridad, es justamente por abuso y discriminación respecto de la sexualidad de un oficial. “La denuncia la realicé hace dos años aproximadamente y todavía no han resuelto nada desde la IGS”, reconoció la víctima del episodio ante la consulta de este diario.

No es todo: el hermano de Ramonda, Rubén, titular de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Ciudad, también sufre severos cuestionamientos. Se lo acusa de utilizar el móvil policial para uso particular, hecho que habría sido corroborado por el sistema Sitrack en al menos cinco oportunidades.

“La IGS secuestró el libro de movilidad, de novedades, pero Ramonda nunca fue apartado ni comunicado de que se le iniciaba un sumario. Es más, está postulado para los próximos ascensos”, dijo una altísima fuente de ese organismo a Mendoza Today.

Otro expediente que complica al uniformado refiere al uso de una moto policial y al accionar de una efectivo que estando de turno fue a cubrir un servicio extraordinario. “Los días 5, 7 y 21 de julio son los días en que fue usada la motocicleta interno 864, para ir desde la base de UEP Capital hasta su domicilio particular sito en Rodeo del Medio”, sostiene la presentación de marras.

Está claro que la fuerza vive su momento más complicado. Con severos cuestinamientos por doquier. Incluso en lugares impensados, como el Barrio Unimev, donde la comisaría 44 tiene “cero” autos para patrullar.

Dicho sea de paso, no solo la policía se encuentra bajo la lupa: fuentes de la Dirección de Bomberos aseguraron a este medio que hay vehículos de esa dependencia que aparecen como “fuera de servicio” y que se hacen figurar “en servicio” para robarles el combustible. En las próximas horas, ello se materializará en una oportuna denuncia.

En otro orden de cosas, hubo una interesante novedad respecto del derrotero del director de Obras Privadas de Godoy Cruz, el millonario Darío Falcone: la Fiscalía le pidió a la comuna a cargo de Tadeo García Zalazar los bonos de sueldo del funcionario en cuestión, a efectos de verificar su solvencia patrimonial y cotejar la posibilidad de que pueda justificar su descomunal patrimonio.

Al momento de escribirse estas líneas, la comuna no había aportado nada de nada. Ergo, Falcone sigue siendo el protegido de siempre.

 

Alberto, el “nominado” de la política argentina

Desdibujado de la arena política vernácula, Alberto Fernández decidió regresar a la acción de la manera más absurda: discutiendo con un participante de Gran Hermano que lo acusó de coimero.

El hombre, al que le dicen “Alfa” ni se enteró de lo ocurrido, ya que la lógica de aquel programa es no tener contacto con el exterior, sino hasta el momento de la eliminación.

En tal contexto, sorprendió la sobrerreacción del presidente, a través de una catarata de declaraciones, propias, de su portavoz y de su abogado. Que llegaron al absurdo de amenazar con un juicio a un personaje que es casi de ficción.

La elocuente insistencia en responderle al sujeto, colocó al mandatario en el lugar en el cual no quería estar: en el foco de todas las sospechas. Porque, hay que decirlo, nadie se había percatado de los dichos de “Alfa”, sino hasta que sus palabras se convirtieron en una cuestión de Estado.

Ciertamente, la persistencia en asegurar que el jefe de Estado es una persona honesta provocó el efecto totalmente opuesto. Sobre todo por el nerviosismo del propio presidente al vociferarlo.

¿O acaso alguien había visto a Alberto así de molesto frente a la revelación de la colega SIlvia Mercado, quien lo acusó en su último libro de haber cobrado 30 millones de dólares para aceptar ser presidente por el Frente de Todos? ¿Por qué a ella no la amenazó con juicio alguno?

Se insiste: es curiosa la reacción que tuvo en el caso de Gran Hermano. Lo cual lleva a preguntarse algo más inquietante: ¿Y si lo que dijo “Alfa” es cierto? ¿Si realmente el jefe de Estado le pidió una coima en alguna situación puntual?

El apuro en descalificar al acusador tampoco ayudó al mandatario: ¿Por qué tratarlo como si fuera un “loco”? ¿Nadie le dijo a Alberto que los locos nunca mienten? Un error tras otro, sin solución de continuidad.

Dicho sea de paso, es curioso que el legislador porteño Claudio Ferreño, señalado por “Alfa” como nexo en la trama de las presuntas coimas, no haya dicho una sola palabra al respecto. 

De nuevo: ¿Y si lo revelado hasta ahora es apenas la punta del ovillo? Por lo pronto, la cabeza de Gabriela Cerruti pende de un hilo. Al menos en su cargo como portavoz de Alberto.

Entretanto, mientras se derrumba la imagen presidencial, Cristina Kirchner sonríe en su ostentoso departamento de Juncal y Uruguay, sabiendo que no debe hacer demasiado por erosionar al gobierno del primer mandatario. Los desaciertos propios de Alberto se encargan de hacer el trabajo sucio.

Lo que sí inquieta a la vicepresidenta es la investigación por la obra pública que la tiene en el banquillo de los acusados: sabe que, más temprano o más tarde, terminará condenada por la Justicia. Es bien cierto que hará todo lo posible por dilatar la posibilidad de que aquel fallo quede firme, a través de diversas apelaciones, a Casación y la Corte Suprema. Pero finalmente será declarada culpable. Y lo sabe.

Lo propio ocurrirá con otras dos causas: Hotesur/Los Sauces y los cuadernos de la corrupción. No hay manera de que pueda zafar ante la gran cantidad de evidencia que han acopiado los investigadores.

Por eso, ante lo inminente, pergeña pequeñas venganzas, casi inofensivas, como la imposición de que los jueces paguen impuesto a las Ganancias. Son los pataleos tardíos de quien sabe que ya perdió.

Por su parte, en la vereda opuesta, las tribulaciones de Mauricio Macri pasan por las acusaciones de siempre, que lo incomodan por demás. Refieren al espionaje ilegal, que siempre ronda su persona, por una u otra cuestión. 

Ahora, la encargada de recordar aquellas prácticas fue Elisa Carrió, quien sufrió en carne propia las intrusiones de la exSIDE en los idus de 2017. No fue la única que debió tolerar el trabajo de los espías vernáculos, hay un largo listado de referentes del PRO que han sido víctimas de esas prácticas, siempre reñidas con la ética. 

No obstante, Lilita fue la única que se animó a recriminarle a Macri esa situación, en esos mismos días. Lo que se encontró frente a esos cuestionamientos fue lo mismo que hallaron los periodistas ahora mismo: el silencio total del ex presidente ante las preguntas de rigor.

En su fuero íntimo, el otrora mandatario sospecha que las palabras de Carrió han sido insufladas por sus más acérrimos enemigos, que buscarían quitarlo de “carrera”. Principalmente dos: Horacio Rodríguez Larreta y Facundo Manes.

Por si acaso, Macri ha asegurado públicamente que no competirá el año que viene, pero nadie le cree. “Se mueve como si estuviera en campaña, entonces significa que está en campaña, no hay dudas”, les dijo el jefe de gobierno porteño a sus íntimos esta misma semana.

En otro orden de cosas, el gobierno se encuentra alarmado por el incipiente hackeo de documentos secretos iraníes que revelarían detalles del plan nuclear de aquel país.

Los que llevaron a cabo tal intrusión, un grupo denominado “Recompensa negra”, pide en su cuenta de Twitter una retribución millonaria en bitcoins a cambio de no dar a conocer esa información, que podría complicar a funcionarios de Venezuela y la Argentina.

Bien vale ir alquilando balcones.

Data24

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