La interna detrás del atentado contra CFK, curro en Santa Rosa, y ¿por qué Suarez busca avanzar contra la Corte de Mendoza?

La avanzada de Rodolfo Suarez, que busca eliminar la Sala II de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza no augura nada bueno. Las preguntas surgen inevitables: ¿Cuál es su preocupación? ¿Teme acaso algún fallo adverso por alguna travesura motorizada por alguno de sus funcionarios?

Los interrogantes no son menores, toda vez que se suman en los últimos tiempos escándalos de diversa índole, que empiezan a inquietar a la oposición. No tanto al peronismo, aunque sí al Partido Verde y al Partido Demócrata.

Por caso, referentes de ambos espacios han solicitado alguna documentación a Diario Mendoza Today sobre puntuales cuestiones de dudosa legalidad. Media docena de potenciales escándalos. Desde El Azufre hasta el curro del Piedemonte, pasando por los chalecos antibalas “flojos de papeles”. 

Entretanto, en Guaymallén se siguen destapando ollas nauseabundas que comienzan a molestar a los poderosos de turno, relacionadas con escándalos de corrupción de diversa laya.

Son cuestiones que viene revelando este medio, y que ha provocado que surjan nuevos arrepentidos dispuestos a contar otros tantos desaguisados. “Marcelino es el nuevo Luis Lobos”, dicen a coro a este diario aquellas fuentes, cuyos testimonios se irán conociendo al paso de los días.

Entretanto, uno de los ex funcionarios más cuestionados de esa comuna, Lucas Valsecchi, quien mantiene lazos con rentables negocios guaymallinos a pesar de haber sido condenado por abuso sexual —todo ello revelado por Mendoza Today—, empieza a ser mencionado por otros medios.

Por caso, Diario Los Andes publicó esta semana los detalles de una denuncia en su contra por parte del Partido Justicialista y el colectivo Ni Una Menos por una serie de contrataciones de obras artísticas a una asociación en las que aparece como vínculo el propio Valsecchi, otrora funcionario de Cultura de la comuna. Poco a poco, empieza a destaparse la podredumbre merced al trabajo del periodismo independiente.

Es un camino lento, pero inevitable. Ahora mismo parece imposible, porque los grandes medios aparecen abarrotados de pauta oficial a cambio de silencio y complicidad. Pero la realidad, más temprano que tarde, los obligará a hacer lo que deben: informar. De lo contrario, la sociedad empezará a darles la espalda.

Todo un desafío para medios como MDZ, El Sol, Diario UNO, Mendoza Post, Memo, y otros, que han privilegiado hacer negocios antes que informar. Entretanto, la provincia es saqueada salvajemente, sin prisa pero sin pausa. Y en el choreo no hay grieta.

Finalmente, mencionar que el radicalismo de Santa Rosa pedirá informes ante la sospecha de que Gustavo Muñoz, marido de la presidenta del Concejo Deliberante de ese departamento, Débora Quiroga, cobra la friolera de 150 mil pesos al mes.

Lo haría como asesor de María Mercedes Derrache, diputada provincial del Frente de Todos y, a la sazón, ex contadora de la Municipalidad de Santa Rosa.

Como se dijo, no hay grieta en los curros. No zafan ni radicales ni peronistas.

La interna detrás del atentado contra CFK

Mientras se sigue hablando sin cesar sobre el atentado fallido contra Cristina Kirchner, pasan cosas relevantes en la Argentina. No refiere solo a cuestiones de corrupción, que jamás dejan de ocurrir, sino a los indicadores económicos que inquietan a propios y ajenos. 

Crece la pobreza, se incrementa el desempleo, los precios se disparan… todo está a punto de estallar. Y para colmo de males, la inflación ya se proyecta en un 100% anual. Una verdadera catástrofe. Y a ello hay que sumarle la quita de subsidios a la energía, lo cual complicará aún más el bolsillo del ciudadano de a pie.

Y a pesar de lo antedicho, todos siguen hablando sobre el ataque contra la vicepresidenta, que es importante, pero que no debe tapar todo lo demás.

La investigación sobre el “magnicidio” contra CFK que llevan adelante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo avanza rápidamente. No así la solución a los problemas cotidianos de los argentinos.

Ni el oficialismo ni la oposición hacen nada al respecto para superar el derrotero infinito de la sociedad, que se ve cada vez más empobrecida mientras la clase política ve crecer sus patrimonios año a año. ¿Cómo es posible que a más de la mitad de los argentinos les vaya cada vez peor mientras que a la “casta” le va cada vez mejor? 

Y no obstante ello, todos siguen hablando del atentado contra Cristina, acaso la más “enriquecida ilegalmente” de todos. Que habla de pobreza y vive en Recoleta. Que departe sobre solidaridad y cobra dos jubilaciones de privilegio, que superan el millón de pesos al mes.

Hablando sobre el ataque a la vicepresidenta, todo se encamina al absurdo total. De un lado y del otro de la grieta. Hasta el periodismo cayó en la trampa, comprando la trama de la “banda de los copitos”. 

Se trata de un grupo de personajes marginales y con pocas luces, que se habría complotado para asesinar a Cristina Kirchner. Con tal nivel de improvisación que habrían hecho inteligencia previa llevando consigo el “muestrario” de copos de algodón de azúcar. O sea, la garantía de que los descubrirían al revisar las cámaras de seguridad. Ni a García Márquez se le habría ocurrido algo semejante.

Entretanto, la política juega su propio partido. De un lado insisten en asegurar que se trató de un “auto atentado” —aunque se cuidan de no decirlo públicamente—; del otro, arman confabulaciones imposibles, relacionando a personajes que nada tienen que ver entre sí. salvo el hecho de seguirse en redes sociales.

En el medio, aparecen internas feroces, como la que libra La Cámpora contra el siempre sospechado Aníbal Fernández, a quien acusan de haber borrado el celular de Fernando Sabag Montiel, el errático “sicario” que no logró gatillar su arma ante la vicepresidenta.

Es bien cierto que el hoy ministro de Seguridad de la Nación merece dejar su cargo por no haber sabido cuidar las espaldas de la ex presidenta, pero nada tiene que ver con lo sucedido con el aparato telefónico.

Las responsabilidades refieren a capitostes de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, ubicada en San Juan 2776 de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una de las pocas áreas que no logra controlar Aníbal.

Los que conocen la trama aseguran que lo sucedido con el celular es parte de una “cama” que busca volarlo de su ostentoso cargo. Ciertamente, son habladurías imposibles de comprobar.

No obstante, lo que aparece en juego le da credibilidad al rumor. Negocios de diversa índole, legales e ilegales. Entre estos últimos se yergue la sombra del siempre rentable narcotráfico. La Cámpora ya maneja una parte de ese lucro a través de Intercargo, la firma que supo pertenecer a otro narco: Alfredo Yabrán. Pero lo grueso aparece por otros lares, como la Hidrovía. Es el botín más deseado en estas horas.

Imposible olvidar lo que dijo alguna vez Martha Pelloni, coordinadora de la Red de Infancia Robada: “La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina”.

Dicho sea de paso, ¿cuáles son los lazos del kirchnerismo con la empresa Optar SA, a la cual están obligados los funcionarios y empleados públicos a comprar sus pasajes aéreos?

Las sospechas no son menores toda vez que el precio de los boletos a través de esa firma cuestan el doble que hacerlo directamente por Aerolíneas Argentinas.

Finalmente, un dato para prestar atención: la hermana de Horacio Rodríguez Larreta está a punto de comprar la estancia La Candelaria, en Lobos, provincia de Buenos Aires.

Sergio Massa, un poroto.