Testaferros por doquier, tranquilidad temporal para Suarez, y la vuelta del curro mendocino de los chalecos
Además: más pruebas sobre la corrupción de Massa, el prestanombres de De Vido, y nuevos escándalos en la TV Pública.
En las próximas horas, el juez Julián Ercolini decidirá qué hacer respecto de la denuncia que inició este periodista contra Sergio Massa por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos.
El magistrado tiene dos caminos posibles: o admite la presentación y le da curso, o la desestima. Conociendo el “paño” del funcionario judicial, bien podría tomar cualquiera de las dos decisiones.
Sin embargo, el escándalo es tal, que al juez no le quedará más opción que imputar al ministro de Economía. Hay elocuentes elementos de prueba que llevan a sospechar que compró un haras de 8 millones de dólares a través de un testaferro llamado Daniel Guerra.
No es todo: existen otros tantos indicios que no llegaron a introducirse en la presentación judicial hecha por quien escribe estas líneas.
Refieren al gerente de Seguridad de Trenes Argentinos, Eduardo Feijoo, otro de los presuntos “prestanombres” de Massa.
Feijoo suele hacerles ganar licitaciones amañadas a empresas de seguridad entre las cuales se destaca Murata. Les cobra coimas millonarias, que asegura repartir con su “jefe”. Allí aparecen involucrados casi todos los subgerentes de la misma firma estatal.
Todo tiene que ver con todo: Florencia Colman, directora Suplente de Trenes Argentinos y amiga personal de Malena Galmarini, es pareja del representante del Frente Renovador de Tigre, Lázaro Flores, una de las “manos derechas” de Massa.
Todos ellos ostentan alta gravitación en AySA, la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires que preside la esposa del ministro de Economía.
Los curros que se dan allí ameritan una denuncia aparte, aún más escandalosa que la que realizó este periodista contra el ministro de Economía. Asoma en aquella trama una empresa llamada C&E Construcciones, creada por Gustavo Castillo, quien fue procesado en 2018 por su involucramiento en una obra con el municipio de Zárate.
El hombre supo ser contador de AySA y comanda la empresa que hoy está construyendo un helipuerto en el haras La Vanguardia, aquel que el testaferro de Massa compró en 8 millones de dólares.
C&E, además de ser una de las constructoras más elegidas por AySA, ha sido contratada en más de una ocasión por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También por la administración de María Eugenia Vidal.
No obstante, las grandes obras las hizo con el kirchnerismo, incluidos algunos millonarios contratos para AySA, como se dijo. Por caso, bajo la gestión de Axel Kicillof ya empezó dos tramos de la adecuación del cauce del río Luján por 587 millones. Quien asoma en medio de tal culebrón es el titular de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri.
Otro que sabe esconder con pericia sus propios testaferros es Julio De Vido. A su sombra aparece Nelson Valimbri.
Pocos saben que, a mediados de 2018, con el otrora ministro de Planificación dando indicaciones desde la cárcel, Valimbri compró las 41 hectáreas del Cariló Golf Club por 7 millones de dólares. Lo hizo en efectivo, a Carlos Guerrero, un hombre de 85 años al que le gusta fanfarronear diciendo que es nieto de Hector Manuel Guerrero, creador y fundador de Cariló.
La única condición que este último le impuso al “prestanombre” de De Vido es que el lugar siga como campo de golf “a perpetuidad”, y sin poder lotearlo. 41 hectáreas y 18 hoyos, ni más ni menos.
Finalmente, mencionar un nuevo escándalo que está a punto de estallar en la TV Pública, vinculado a la grabación de una nueva temporada de “Dos 20”, una tira a todo trapo, con un elenco reputado, con actores de la talla de Luciano Castro.
Por orden de Rosario Lufrano la filmación se suspendió repentinamente, con sospechas sobre el presupuesto asignado, que prometen rememorar los bolsos millonarios que fueron hallados en aquel canal estatal.
Pero hay algo peor: una serie de exámenes para pases de Producción a Producción Ejecutiva que fueron frenados luego de severas acusaciones de corrupción de por medio.
Cuestiones sobre las cuales habrá que ocuparse cuando todos dejen de hablar sobre las vallas en la casa de Cristina Kirchner y sus absurdas derivaciones. De un lado y del otro.
Mendoza, tierra del sol y los chalecos antibalas
En Mendoza, los grandes quilombos aparecen medianamente controlados, devolviendo el sueño -por fin- a Rodolfo Suarez. Principalmente aquellas tribulaciones relacionadas con las paritarias y las consecuentes protestas de los gremios estatales.
La paz parece precaria, pero es paz al fin, y eso es lo que cuenta. Sobre todo porque el gobernador mendocino se veía visiblemente inquieto por la amenaza del paro por 96 horas que venían prometiendo los sindicalistas de cabotaje.
Otro de los tópicos que Suarez logró esquivar con cintura de boxeador es el que refiere a Portezuelo del Viento, cuyo laudo dejó inconcluso Alberto Fernández. Adrede.
El mandatario provincial adelantó que avanzará con otra obra, la presa El Baqueano, pergeñada en los idus de los años 80 para el río Diamante. Le prometieron al gobernador que su avance traerá múltiples beneficios: energía para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con potencia capaz de cubrir los picos de demanda; generación de empleo, creación de un polo turístico y atenuación de crecidas extraordinarias. Habrá que ver.
Entretanto, como se preveía, Suarez avanzó en la adquisición de más de tres mil chalecos antibalas a la cuestionada empresa Amoring Systems S.A.
Se trata de una firma que pertenece a Gustavo Dorf, estrechamente relacionado con el valijero K Daniel Muñoz. Quien también coquetea con el macrista Daniel Angelici.
Como sea, la adquisición de esas herramientas para la policía le costará al gobierno mendocino la friolera de dos mil millones de pesos. Un poco menos, pero no deja de ser escandaloso, sobre todo porque su cualidad profesional no ha sido comprobada. Más aún: se sospecha que los chalecos están vencidos.
Los pocos medios locales que hablaron al respecto, contaron la noticia sin más, olvidando darle el contexto periodístico, que refiere a lo dicho, los oscuros antecedentes del dueño de la empresa que negocia con el gobierno de Mendoza.
Debió ser Hugo Alconada Mon, desde las páginas de diario La Nación quien destapó gran parte de la trama. O sea, un medio de Buenos Aires tuvo que hacer el trabajo que no se animaron hacer los colegas mendocinos. Salvo, obviamente, Diario Mendoza Today, que sigue el tema de cerca desde un primer momento.
“Billetera mata galán”, dijo alguna vez el mediático Jacobo Winograd. A nivel local, esa frase bien podría aggiornarse por otra, más inquietante: “Pauta mata periodismo”.
