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Detuvieron a Roberto Macho y a su esposa por los cortes de tránsito en Mendoza

El fiscal Fernando Giunta determinará la imputación que les cabe a ambos en las próximas horas.

Durante el mediodía de este martes, personal policial detuvo al referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, y a su pareja, Adriana Iranzo, por los cortes de tránsito que ambos motorizan en el marco del reclamo salarial. También demoraron a María Rosa Gaete y Graciela Navarro.

La detención se refrendó en la periferia del hospital Notti donde el propio Macho participaba de las asambleas previstas tras el rechazo de la última propuesta de incremento salarial que realizó el Ejecutivo mendocino.

Acto seguido, el gremialista fue trasladado a las inmediaciones de la Comisaría Tercera en Ciudad. Se prevé que en las próximas horas el fiscal Fernando Giunta determine su imputación.

A su vez, definirá su situación procesal. Lo que no puede precisarse es si seguirá detenido, ya que se trata de una reiteración de delito.

Entretanto, desde ATE y la CTA emitieron un comunicado de repudio: “Expresamos un profundo rechazo a este nefasto accionar del gobierno de Rodolfo Suarez, como respuesta a la contundente Asamblea General de delegados y congresales del Frente Estatal, que realizamos hoy en el Hospital Notti, la cual decidió redoblar y continuar con las medidas de fuerza que llevamos adelante en cada lugar de trabajo, calles y rutas de la provincia de Mendoza, desde hace más de 50 días”, sostiene el documento, al que tuvo acceso Diario Mendoza Today.

Y añade: “No nos van a doblegar y vamos a seguir luchando por los derechos y reivindicaciones que urgen a los trabajadores: salario digno; pases a planta; y condiciones laborales, para que cada familia pueda llegar a fin de mes y alcance a cubrir la canasta básica alimentaria

Es dable mencionar al respecto que Macho ostenta cinco causas por violación del artículo 194 del Código Penal, que reza: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

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