En las últimas horas, el diputado provincial electo y presidente de Protectora, José Luis Ramón, elevó un pedido de información pública al gobernador y al ministro de seguridad de Mendoza, a la Fiscalía de Estado y a la Dirección Nacional de Protección de Datos personales, sobre la puesta en funcionamiento de 700 nuevas cámaras de seguridad en la provincia con capacidad de detección de datos biométricos.
“El pedido se basa en la poquísima información oficial brindada desde que anunciaron la adquisición de la tecnología, en cuanto a la necesidad, plan, presupuesto y garantías constitucionales”, argumentó el legislador electo, y explicó que el informe deberá contener un punteo detallado, claro, preciso y circunstanciado sobre determinadas cuestiones.
Entre ellas se encuentran la gobernanza de datos, con detalles sobre el modelo que van a aplicar; el marco legal, para conocer el modo en que determinarán el almacenamiento, clasificación y tratamiento de los datos recolectados; la ley de protección de datos personales, con información concreta de las medidas que adoptarán para hacer cumplir la norma; y el registro de la base de datos provincial en la Dirección Nacional de Protección de Datos personales.
Además, deberán informar sobre el sistema de video vigilancia y reconocimiento facial, en cuanto al circuito de recolección, periodicidad, procesamiento y destino de los datos; los mecanismos de información y publicidad hacia los propios ciudadanos; persona física-humana y/o sistema informático administrador del sistema, para saber quiénes van a ser los responsables y el pueblo pueda ejercer el derecho como único titular de esa información; infraestructura, presupuesto y planificación de todo el plan operativo.
Para finalizar, el diputado electo planteó que “la solicitud se ampara en 7 artículos de la Constitución Nacional; la Convención Americana sobre DDHH; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras normas de jerarquía supra legal”, por lo cual las dependencias del Estado implicadas deberán responder en un plazo no mayor a 15 días, de acuerdo a la Ley N° 9.070 de Acceso a la Información Pública.
