Adiós a la propiedad privada: una usurpación absurda en Rivadavia con la complicidad de José Luis Ramón
Un absurdo que viola las normas legales y el más mínimo sentido común. Con los fondos fiduciarios de fondo.
La trama merece contarse ahora mismo porque es un momento en el cual se habla de la “propiedad privada” como un dogma inviolable, a raíz de la llegada de Javier Milei al poder. Y lo que acá se contará va en contra, no solo de aquella idea, sino del más elemental sentido común.
Todo arrancó allá lejos y hace tiempo, el 30 de agosto de 2011, en el Departamento de Rivadavia. Más específicamente en un lugar al cual denominan “Dalviancito”, en el barrio Esperanza.
Ese día, un grupo de personas decidieron usurpar un terreno de ese lugar, así como así. Invocando que tenían problemas de vivienda. Quien comandó la movida fue un personaje del peronismo llamado Héctor “Churrero” Gómez, otrora conductor del sector Azul del PJ.
Podría decirse que se trató de una usurpación política, en un año en el cual el kirchnerismo decidió impulsar ese tipo de movidas.
Detrás de la trama que se revelará ahora mismo, hay mucho de desidia, política y judicial. Y complicidad de puntuales funcionarios, también políticos y judiciales. Dos de ellos de renombre: el hoy legislador provincial José Luis Ramón y el juez supremo Omar Palermo.
Pero hay que comenzar por el principio: como se dijo, una familia fue víctima de usurpación por parte de varias decenas de intrusos. Los afectados, es dable decirlo, poseían la propiedad del inmueble desde el 2 de mayo de 1996, cuando suscribieron la Escritura Pública a su nombre.
Por eso, tras la intrusión, decidieron hacer la respectiva denuncia, la cual llevó tres años de investigación. Y la Justicia logró verificar que habían sido usurpados. Los propios victimarios reconocieron en sede judicial: “Nosotros no tenemos donde vivir”.
Incluso se involucró la Municipalidad de Rivadavia, que firmó un convenio con los intrusos, se reunió con ellos y acordaron un tiempo prudencial para relocalizarlos. Ello consta en dos expedientes: Nº 2023-04942-8 y Nº 2023-04728-1, según pudo verificar Diario Mendoza Today.
De su lectura surge que se asignó once lotes para cada familia en el Barrio San Isidro Sur. Más aún: se entregó material a estos ocupantes para que armaran los bloques de cemento y se destinaron recursos para levantar las casas, reconociendo y resguardado el derecho a la propiedad privada de sus dueños.
Todo se encaminaba a una solución pacífica: los usurpadores prometieron que se irían en junio de 2023 y los dueños de aquel lugar volverían a tomar posesión de las mismas. Era el mejor de los mundos para todos.
Pero algo pasó: por cuestiones políticas, dos meses antes —el 3 de abril de 2023—, apareció en medio de la trama el siempre polémico José Ramón, quien realizó una presentación en la Justicia Civil.
Ello provocó que los usurpadores se retractaran de la obligación de desocupar la propiedad que ya estaba acordada judicialmente, volviendo todo a “fojas cero”.
Lo insólito es que, a pesar de ser abogado, Ramón pidió que se aplique una ley nacional a la cual jamás adhirió Mendoza, la 27.453. Ello a efectos de lograr que los usurpadores se queden allí. Mintió incluso al asegurar que los terrenos pertenecían al Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), lo cual es falso, de sencilla comprobación.
Logró a tales efectos la complicidad del más cuestionado de los jueces de la Corte Suprema, el kirchnerista Omar Palermo, quien respaldó aquello que las demás instancias judiciales se negaron a rubricar.
Dicho sea de paso, detrás de la trama aparecen los siempre denostados fondos fiduciarios, tan discrecionales como millonarios, respecto de los cuales jamás hace falta dar explicaciones. Tal la motivación de sostener la ilegalidad aquí revelada.
Basta observar la foto al pie de la presente, donde se ve a los protectores de los intrusos portando pecheras de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el organismo público presuntamente encargado de centralizar y llevar adelante políticas de ejecución para combatir el déficit habitacional.
Mucho más podría contarse respecto de este tema, porque hay negligencias y desinteligencias de todo tipo. También absurdos. Que hacen perder de vista lo obvio, aquello que subyace detrás: un grupo de tenedores legítimos de una propiedad que les fue usurpada por personas que reconocieron haberlo hecho. Todo lo demás que se diga, carece de sentido.
“Se da en estos casos, el aprovechamiento de personas humildes y necesitadas, para obtener réditos políticos, violentando para ello los principios constitucionales de la Provincia de Mendoza”, aseguró a este diario una de las abogadas defensoras de la familia propietaria.
Y añadió: “Esta historia es sobre un conflicto, cada vez más actual, entre gente trabajadora que se esfuerza día a día para comprar sus cosas, creyendo en el trabajo y el respeto a las normas como forma de progresar, y gente que cree que, puede tomar violentamente, cualquier propiedad privada solo por tener necesidades insatisfechas y que el Estado debe darle respuestas a sus necesidades, omitiendo el camino del respeto por los derechos ajenos a su propio egoísmo, centrado en sus necesidades”.
Más claro… echarle nafta.
