Como viene publicando Diario Mendoza Today, la directora general de Aduanas, Rosana Ángela Lodovico, y su entonces marido, Luis Antonio Bocassi, también funcionario de carrera de la DGA, han sido puestos bajo la lupa por una operación sospechosa, investigada por el FBI.
Todo empezó cuando se compraron una casa de descanso en Canning, entre Ezeiza y Esteban Echeverría. Como corresponde, informaron la operación inmobiliaria en sus declaraciones juradas de 2022 ante la Oficina Anticorrupción (OA). Ella indicó que la propiedad tenía 300 metros cuadrados y, poseedora de la mitad de la misma, un valor de 37 millones de pesos. Él, en cambio, indicó que tenía 180 metros cuadrados y, por la otra mitad, un valor de 32 millones.
La jefa de la Aduana explicó que la propiedad tenía un valor de mercado de 330 mil dólares, que pagaron con un crédito de 250 mil dólares y ahorros, como publicó, tras consultarla, la periodista Camila Dolabjian en La Nación.
Lodovico y Bocassi dejaron constancia del crédito en cuestión en sus declaraciones juradas: así, al cierre del ejercicico 2022, cada uno mantenía una deuda de 22.145.000 pesos con Promarlon SA -el tipo de cambio oficial fue de 177,16 pesos por dólar al 31 de diciembre de ese año-. El préstamo lo consiguieron en octubre. Finalmente, registraron la operación inmobiliaria el 4 de noviembre del 2022.
Pero la jefa de la Aduana dijo desconocer la historia detrás de Promarlon. El dueño de esa empresa, Claudio Gabriel Szlaien, estaba siendo investigado desde 2017 a partir de una denuncia de la propia DGA por formar parte de una organización dedicada al contrabando de mercaderías, desde su obtención en Paraguay hasta su comercialización al público en general en la Argentina, al menos desde febrero de 2017 hasta el 5 de octubre del 2018, como reveló el portal Encripdata en noviembre del 2023. De esas maniobras participaron muchos funcionarios públicos de la Aduana.
El 5 de agosto de 2022, un tribunal federal de San Martín, por mayoría, resolvió suspender la acción penal contra el procesado a cambio de que compensara el perjuicio fiscal ocasionado. Finalmente, el 18 de noviembre de ese año, luego de pagar 26 millones de pesos para regularizar la deuda aduanera, el tribunal declaró extinguda la acción penal contra Szlaien.
El dueño de Promarlon no lo sabía, pero mientras arreglaba ese problema, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, lo investigaba por reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculadas a Ivo Esteban Rojnica, alias «Croata», y el mendocino Federico Pulenta.
Como Rojnica y Pulenta utilizaban el sistema financiero estadounidense, el agregado del FBI en la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina compartió esa información con el juez Villena:
– Alias «Manu» habría realizado 172 transferencias por un total de 6.878.146,88 dólares a través de la organización de Pulenta;
– Alias «Westmann» habría realizado 44 transferencias por un total de 2.676.627,00 dólares a través de la organización de Pulenta;
– Alias «Szlaien» habría realizado 719 transferencias por un total de 55.944.523,20 dólares a través de organización de Pulenta.
En octubre del 2023, en medio de las elecciones presidenciales y la disparada del dólar blue, el juez Villena ordenó arrestar a Rojnica, Pulenta y al mismísimo Szlaien. Luego, en noviembre, los procesó aunque sin prisión preventiva por lavado de activos provenientes de ilícitos penales, algunos incluso del narcotráfico, y por intermediación financiera sin autorización de la autoridad de supervisión competente, es decir, 4763 transferencias desde 2014 en adelante por un total de 348 millones de dólares. Después, puso en conocimiento de las pruebas recolectadas al FBI y a Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos. Finalmente, declaró la incompetencia para seguir entendiendo en la causa y la remitió a su par Martínez de Giorgi para que continuara investigando a «los que cortan el dólar».
Sin embargo, la Cámara Federal porteña anuló los procesamientos y, en consecuencia, el juez Martínez de Giorgi, hasta tanto revisara los elementos de su expediente y el remitido por Villena, los excarceló.
Pero, más allá de lo que decida al final el magistrado, las operaciones financieras reportadas por el FBI hablaron por sí solas.
Alias «Manu» era Emmanuel García. En el 2021, un tribunal sentenció a tres mexicanos y tres argentinos a penas de entre 15 años y 5 años de prisión por el contrabando de 1862 kilos de cocaína y a García a 5 años por el lavado proveniente de esta operación de narcotráfico internacional. Como demostró la fiscalía, alias «Licenciado», jefe de la célula mexicana, le enviaba bitcoins «manchados con sangre» y García les entregaba los dólares en efectivo a los narcotraficantes instalados en el país. Fueron, al menos, 468.400 dólares. Por las manos de Fede y «Croata» pasaron al menos 100 mil de esos dólares. Su origen: las «bloody bitcoins», como las llamaba García.
Westmann, en tanto, imputado por contrabando agravado de indumentaria y por lavado de activos, la por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo relacionó con el Cártel de Sinaloa. En el primer caso, Westmann llegó a un acuerdo con un tribunal para reparar el perjuicio ocasionado a cambio de la extinción de la acción penal. En el segundo, como reveló The Washington Post, contrató a Eliminalia para que borrara las «noticias falsas» en Internet. Así, su nombre pasó de estar asociado al «Chapo» Guzmán y «Mayo» Zambada a las fake news sobre los perros chihuahua.
Pero el FBI le informó al juez Villena operaciones entre Data Futazo LLC, de Westmann, y Antepole LLC, de Pulenta. Data Futazo LLC ya había estado en la mira por recibir una transferencia desde Dreieck SRL. Su dueño, Alejandro Llera, fue el «cebrero» del contrabando de 315 kilos de cocaína disueltos en 2360 litros de ácido sulfúrico, en dos transformadores eléctricos trifásicos hallados en el puerto de Progreso, península de Yucatán, México, por lo que fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión.
Y, finalmente, Szlaien aceptó pagar 26 millones de pesos para no ir a juicio por el contrabando de mercaderías desde Paraguay en complicidad con empleados de la Aduana.
Omar Alejandro Lucano, también empleado de la DGA, es el cuñado de la jefa de la Aduana. Lucano, además, tiene acciones de Frekual SA, registrada como inmobiliaria, constructora y financiera.
El socio de Lucano es ni más ni menos que Alfredo Lijo, alias «Freddy», hermano del juez federal Ariel Lijo. El presidente Javier Milei acaba de nominar al juez Lijo para la Corte Suprema de Justicia.
(Con información de Encripdata)
