En las últimas semanas, el dirigente del Partido Obrero mendocino, Víctor Da Vila, llevó consigo un informe elaborado por esa agrupación política, el cual fue presentado a los diversos bloques de la Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de denunciar la situación de las protestas sociales en Mendoza. Según el partido, se trata de una “persecución”.
Hay que recordar que el exlegislador Da Vila, enfrenta una causa judicial por protestar durante la movilización del 24 de enero pasado, en el marco del paro nacional convocado por la CGT.
Según el informe, en Mendoza, se ha observado un incremento notable en la criminalización de la protesta social, con un enfoque particular en la persecución de líderes populares y una restricción severa del derecho democrático a la manifestación.
Para el PO, la justicia provincial, en colaboración con el gobierno local, ha emprendido una campaña de enjuiciamiento contra activistas sociales, sindicales, ambientales y políticos opositores, utilizando disposiciones legales como el artículo 194 del código penal y las disposiciones sobre “reiterancia” en el código procesal de Mendoza para encarcelar a individuos simplemente por haber sido denunciados en repetidas ocasiones.
Muchos de los denunciados y detenidos ya enfrentan múltiples imputaciones por su participación en manifestaciones. Esta situación se agrava por la acumulación de causas penales, lo que puede resultar en penas desproporcionadamente severas, incluso equiparables a delitos graves.
El informe alega que existe una falta de proporcionalidad en las detenciones, que a menudo son arbitrarias y se realizan sin justificación suficiente.
También se puso a disposición de los legisladores un resumen de las causas en curso para que tomen las medidas necesarias para abordar esta problemática.
Víctor Da Vila
Dirigente del Partido Obrero, tiene 5 causas. Viene de ser encarcelado el 31 de enero, luego de participar en la movilización contra la “Ley Ómnibus” en la provincia de Mendoza y por esta movilización y por participar en la movilización del 24 de enero en ocasión del paro nacional de la CGT. Permaneció preso durante tres días.
Lorena Torres
Drigente del Polo Obrero y tiene 10 imputaciones por distintas movilizaciones. El 14 de marzo de 2023 fue apresada junto a Martín Rodríguez, en el marco de una jornada de lucha de la Unidad Piquetera. Ella y Martín Rodríguez, también militante del Polo Obrero, fueron liberados el 21 de marzo, luego de la audiencia de control jurisdiccional en el marco de una fuerte campaña y movilización nacional contra su detención. J
Jimena Báez
También militante del Polo Obrero, tiene acumuladas 6 causas penales en su contra. Ernesto Huerta es militante del FOL, que integra, junto al Polo Obrero, la Unidad Piquetera en la provincia de Mendoza. Micaela Guiñazú, del FOL, tiene una causa de las mismas características, pero con el agregado de que la municipalidad se presentó como querellante, cosa que la defensa rechazó pero el fiscal aceptó.
Martín Rodríguez
También dirigente del Polo Obrero. Fue detenido el 1ro de febrero, en simultáneo a Víctor da Vila, también luego de participar en la movilización en Mendoza contra la Ley Ómnibus que se estaba tratando en el Congreso. Para detener a Rodríguez, el fiscal Giunta se valió de la figura procesal de la “reiterancia”, y que establece la posibilidad de detener a imputados por simple reiteración de denuncias, sin condena.
Rodríguez permaneció preso hasta la audiencia que debía resolver la elevación a juicio de sus causas, que estaba citada para el 6 de febrero. Durante ese período, sólo se le permitió un contacto restringido con su abogada defensora, y ninguno con su organización y familia manteniéndolo prácticamente incomunicado de la misma sin que existiera una orden de incomunicación.
La Fiscalía amenazó durante el proceso con pedir una pena de prisión de 14 años de cumplimiento efectivo por las causas acumuladas por cortes de calles, y con llevarlo a juicio con prisión preventiva.
Rodríguez admitió la condena en un juicio abreviado a 2 años y 8 meses de prisión condicional. La Fiscalía impuso a Rodríguez la renuncia a los plazos de apelación, a pesar de lo cual la misma apeló la sentencia, argumentando que la aceptación del juicio abreviado se basó en una extorsión montada sobre la base de la detención de Rodríguez, y que se aplicó una pena superior al máximo establecido en el código penal. La apelación rechazada en un plazo sumarísimo menor a 24 horas.
