Christian SanzPortada

Escándalo Potenciar Trabajo: la negativa del Gobierno de Mendoza, el contador de Tupungato y otras sospechas

El Ejecutivo mendocino insiste en no dar información a la Justicia. El papel del contador Noguerol.

Esta misma semana, el Gobierno nacional formalizó la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a más de 4.500 personas por supuestas incompatibilidades. La decisión había sido anticipada días atrás por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, luego de que avanzó una investigación llevada a cabo por el fiscal Guillermo Marijuan.

Los trabajos judiciales arrojaron que “luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan”.

En tal contexto, se supo que 97 empleados estatales mendocinos son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Todos ellos figuran como empleados del otrora Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia, en el área Subsecretaría Legal y Técnica.

Lo curioso es que el dato no provino del Poder Ejecutivo de Mendoza, sino que la Justicia debió obtenerlo por otros medios. No es ninguna novedad: como publicó este diario oportunamente, el Gobierno se negó una y otra vez a aportar el listado en cuestión al fiscal Marijuán.

Ello motivó que legisladores de la oposición provincial pidan las pertinentes explicaciones del caso. Sin éxito, por ahora. Con las usuales suspicacias del caso.

Aún hoy, cuando ya se destapó el dato de los beneficiarios mendocinos, el Ejecutivo persiste en ocultar quiénes son en detalle los que allí aparecen. ¿Por qué el insistente mutismo? ¿Qué se busca ocultar? O mejor dicho: ¿A quién se busca ocultar?

Y hay más preguntas: ¿Por qué se trata de empleados del Ministerio de Gobierno y de la Subsecretaría Legal y Técnica, áreas siempre cercanas al gobernador de turno? ¿Qué se esconde allí?

Toda esta situación permite volver a poner sobre el tapete la eterna discusión sobre la presunta transparencia de Mendoza. Es un debate que viene impulsando este diario, en completa soledad.

Con condimentos bien incómodos: ¿Para qué sirve la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de la provincia? ¿A efectos de qué cobra su ostentoso salario el ingravitante Gabriel Balsells Miró, quien solo sabe “hacer la plancha”?

Dicho sea de paso, el escándalo del Potenciar Trabajo no refiere solo a empleados públicos, sino también a puntuales referentes del ámbito privado.

Uno de ellos es Daniel Noguerol, un influyente contador que, según él mismo expone en sus redes sociales, despunta en bodegas Domaine Jean Bousquet de Tupungato. Se trata de un personaje muy cercano a la política, más específicamente al radicalismo.

Vinculado a diversos escándalos por el uso de CUIT de terceras personas para presentarse a onerosas licitaciones mendocinas, a cambio de migajas para los que aportan su facturación y cuentas bancarias. Su amistad con el contador de Gustavo Soto lo ayudó a mantener la trama en secreto.

Pero algo está por cambiar. Demasiadas personas están dispuestas a contar la corrupción que les tocó protagonizar como actores pasivos. Los efectos no deseados del vendaval Milei.

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