Como publicó Diario Mendoza Today, esta semana profesionales médicos y abogados, fueron detenidos hoy en el marco de una investigación de la Justicia Federal a una red de estafadores que tramitaba pensiones por invalidez y falsificaba información de los supuestos beneficiarios.
La investigación está al mando del juez federal Eduardo Puigdéngolas, quien ordenó varios allanamientos a viviendas particulares, oficinas y consultorios y delegó el accionar a la División Unidad Operativa Federal San Rafael, de la Policía Federal.
Según publica Diario de San Rafael, la brigada de la Federal, realizó un trabajo muy arduo que duró casi tres meses, el que constó de seguimientos, filmaciones, escuchas telefónicas, a través de las cuales pudieron determinar que esta mujer de nombre Norma Bravo, no actuaba sola, si no que tenía armada una organización muy aceitada para realizar los trámites, siendo apuntada como la jefa de la asociación ilícita, ya que contaba con dos empleadas infieles del Hospital Schestakow, que aprovechándose de su puesto de trabajo en el área de Salud Laboral, se encargaban de realizar Certificados Médicos Obligatorios y hacerlos firmar por tres reconocidos médicos, dos de ellos traumatólogos (que también trabajan en la Policlínica) y uno psiquiatra, quienes sin siquiera evaluar a los pacientes, los firmaban, en donde no solo se inventaba patologías sino que también aumentaban los porcentajes de discapacidad de aquéllas personas que no llegaran al mínimo requerido para hacerse benéficas de una pensión, todo a cambio de un porcentaje de los cobros que la principal investigada realizaba.
A su vez, se supo que las autoridades del Hospital Público Teodoro Schestakow y la Policlínica, desconocían en absoluto la actividad ilícita que estas personas realizaban, ya que se manejaban de manera independiente.
La modalidad de trabajo de Bravo era reunirse en las inmediaciones de las oficinas de A.N.S.E.S., en donde pactaba el punto de encuentro con sus clientes, lo que también le servía para captar nuevos clientes en el lugar y así iniciar los trámites de pensión. Esta mujer, era asesorada por dos abogados, quienes le señalaban cómo debía entrevistarse con las personas para evitar levantar sospechas del delito de defraudación que cometía.
También, “mamá Norma”, como muchos de sus clientes la conocían por mostrarse una mujer amable y carismática, contaba con un grupo de personas que se encargaban de buscar a gente que no tuvieran un trabajo o no estén registrados como empleados, para presentárselos a Norma para que les tramite una pensión, todo esto, a cambio de un porcentaje del dinero que Norma les cobraba.
El gran cúmulo de pruebas que obtuvo la POLICIA FEDERAL, fue suficiente para que la Fiscalía Federal pudiera presentárselo al Dr. PUIGDÉNGOLAS (Juez Federal), solicitando un total de once allanamientos y la detención e imputación de nueve integrantes de la Asociación Ilícita por resultar parte del delito por Defraudación a la Administración Pública y Asociación Ilícita.
Luego de evaluar las pruebas presentadas por el Fiscal, el Juez Federal ordenó los allanamientos y las detenciones requeridas, lo que derivó en la obtención de importantes pruebas, tales como el secuestro documentación, de los teléfonos celulares de los imputados, notebooks, computadoras y una suma de más de medio millón de pesos.
Se calcula que la defraudación se trataría de una suma de dinero millonaria para las arcas del Estado.
Todo esto, fue el resultado de un importante trabajo en conjunto que realizó la Fiscalía Federal junto con la Policía Federal, para la obtención de las pruebas necesarias, las que sirvieron para que el Juzgado Federal las evaluara y ordenara de manera inmediata los allanamientos y la detención de los responsables de la Asociación Ilícita.
Extraoficialmente se conocieron las personas investigadas por la causa, de las cuales hay cuatro detenidas en la dependencia de la Policía Federal:
Norma Beatriz Bravo, de 59 años. Se encuentra incomunicada y alojada en la dependencia de la Policía Federal.
El abogado Ernesto Dionisio Ochoa, de 59 años.
Silvina Alejandra, edad 53 años. Detenida
Claudia Silvina Bustos, 49 años de edad. Ocupación administrativa. Detenida
Sonia del Carmen Rodríguez, edad 54 años. Ocupación empleada. Detenida
Javier Alberto Hernández, edad 46. Médico.
Fernández Damián Paulino, edad 37 años. Médico psiquiatra.
Francisco Navarro, edad 63 años. Médico.
Eva Antonia Bravo, edad 50 años. Empleada pública
