En las últimas horas, la diputada sanrafaelina del Frente de Todos Paola Calle presentó un pedido de informe en la Legislatura provincial que tiene como objetivo conocer los argumentos que llevaron a Rodolfo Suarez a presentar una licitación para la provisión de comida de todos los privados de la libertad que hay en Mendoza.
A tal respecto, la legisladora se preguntó retóricamente: “¿Por qué se limitaron a una licitación donde hay una sola empresa para todos los institutos penitenciarios de la provincia?”.
En el mismo sentido, Calle señaló que lo ideal hubiera sido que la licitación fuera apuntada a cada departamento o a cada penitenciaría.
En lo que refiere al precio, la diputada sostuvo: “Uno puede pensar que el argumento para adjudicar todas las raciones a una sola empresa es que el precio podría ser menor por la cantidad de alimentos que maneja, pero no es así, porque se está hablando de 2 mil pesos por persona, o sea 60 mil pesos al mes por cada uno“.
A su vez, Calle explicó: “Hemos estado averiguando y la verdad que no se gasta 2 mil pesos por ración. Ninguna cárcel de Mendoza recibe esa cantidad de alimentos”.
La diputada culminó advirtiendo que es muy extraña la licitación que armó el Ejecutivo para darle de comer a los presos, subrayando que “con esa plata se podría comprar muchos alimentos”.
Parte de la trama la contó el pasado 17 de mayo Diario Mendoza Today: “Ganaría una oferta que tendría un sobreprecio calculado en $ 1.000 millones”, se publicó entonces.
Y se advirtió que la que resultaría ganadora, Broda S.A., representa un supuesto sobreprecio de casi $ 1.000 millones en tres años -dos del contrato regular más uno de extensión- con respecto a las propuestas de menor precio.
Se trata de la licitación para la comida de los presidiarios del Servicio Penitenciario de Mendoza. La crema del negocio en el Ministerio de Seguridad, dado que cuadruplica el presupuesto del Servicio Penitenciario para otros temas.
