En estas horas, más de 50 médicos y médicas de servicios de Anestesiología de hospitales públicos de Mendoza decidieron no renovar “las prestaciones trimestrales que se encuentran actualmente vigentes”.
Ello debido a “la falta de actualización de honorarios acorde a la situación inflacionaria actual”.
La novedad es alarmante porque, de concretarse la amenaza —que ha sido motorizada a través de puntuales notificaciones enviadas al Ministerio de Salud—, los hospitales Notti, Central, Lagomaggiore, Paroissien, Scaravelli y Schestakow no contarán -desde abril próximo- con profesionales para realizar cirugías, diagnósticos y tratamientos que requieran anestesia. Quien revela la trama, una vez más, es el implacable portal El Otro:
El rumor que llega a EL OTRO no puede ser verdad: “Un montón de anestesiólogos están presentando sus renuncias en todos los hospitales de Mendoza. A partir del mes que viene los quirófanos no van a poder funcionar, ni siquiera para las emergencias”.
No puede ser, si Mendoza está ordenada. Pero es completamente cierto y muy serio. Este diario accedió a documentación oficial y testimonios que lo corroboran.
El 24 de febrero pasado, la ministra de Salud Ana María Nadal recibió una notificación formal de más de una decena de médicas y médicos especialistas en Anestesiología del Hospital Pediátrico Humberto Notti, que le comunicaron “la decisión de no renovar el acuerdo grupal de Anestesia, cumpliendo en conformidad con lo pactado en el mismo hasta el 31 de marzo inclusive”.
Desde aquella fecha, similares anuncios rubricados por más de 40 firmas se replicaron en los hospitales públicos más importantes, como Central y Lagomaggiore del Gran Mendoza, Paroissien de Maipú, Scaravelli de Tunuyán y Schestakow de San Rafael. Le seguirán el Perrupato de San Martín y, en las próximas semanas, la totalidad de los centros asistenciales con servicios de Anestesiología.
En concreto, los “profesionales” –esa designación que suele utilizarse para individualizar a las y los trabajadores de la salud que poseen título de Nivel Superior- ya avisaron que no van a asistir a los hospitales desde el próximo 4 de abril y, en consecuencia, el Estado provincial no podrá garantizar el derecho a la salud pública de la población en, ni más ni menos, que las áreas críticas. Lugares donde –remarcamos- la línea entre vivir o morir puede ser muy delgada.
La decisión límite no hace más que expresar el hartazgo de la primera línea de combate, esa atribución castrense que la retórica oficialista les puso, como un sayo, a quienes saturaron de responsabilidades vitales y elogios vacíos con igual intensidad.
Ante la indiferencia de la cartera sanitaria, las y los anestesiólogos le recordaron a la ministra Nadal: “Estamos atravesando la que esperamos que sea la última ola de esta pandemia que nos azota desde el año 2019, sabemos que los profesionales de la salud hemos estado a la altura de las circunstancias, adaptándonos a nuevos desafíos, exponiendo nuestra salud y la de nuestra familia en todo momento, todo esto con la mejor predisposición para brindar a la población mendocina la mejor calidad de atención médica”.
Causas y consecuencias
Cada vez más profesionales consideren dejar el sistema estatal o directamente irse de Mendoza. Las razones son múltiples, algunas de ellas muy evidentes en los hospitales: creciente precarización laboral, trabajo informal, pérdida sistemática de poder adquisitivo y crisis de representación en sindicatos impúdicamente oficialistas, como ATE y AMProS, que obturan la construcción de espacios verdaderamente democráticos.
En el caso de la Anestesiología, estos factores impactan de una manera particular y eso, tal vez, explique las condiciones subjetivas que empujaron la terminante decisión comunicada al Ministerio de Salud.
Son alrededor de 250 las y los anestesiólogos que viven en Mendoza. Cerca del 60% trabajan en el Estado, bajo condiciones laborales y salariales que les impiden dedicarse exclusivamente a la salud pública. A su vez, la garantía de estabilidad en el empleo estatal que consagra la Constitución Nacional dista de ser una realidad, ni siquiera predomina el trabajo registrado y, paradójicamente, la pésima Obra Social de Empleados Públicos no es una cobertura que gocen todos.
En general, sin más estímulos que la vocación y el heroísmo, se corre el riesgo cierto de un desbarranco aún mayor en la calidad de los servicios sanitarios, y el vaciamiento del sistema público debido a la fuga irrecuperable de prestigiosos especialistas, la gran mayoría formados en universidades que sostiene el pueblo con recursos públicos.
