“La masa creciente de subsidios, un eslabón más del círculo vicioso de nuestra economía, atenta contra la estabilidad macroeconómica y el resultado es que lo que algunos no pagan vía tarifas se termina pagando con creces mediante una alta carga impositiva al consumo de bienes esenciales y el oculto impuesto inflacionario”.
El textual pertenece a una nota de opinión que publica este lunes Julio Cobos en diario El Cronista. Allí pone el foco en las inequidades entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Textual:
La caída en el poder adquisitivo y el consecuente aumento en la pobreza son datos de la realidad y están a la vista. Por eso, lo que a priori se presenta como un beneficio para millones de conciudadanos, termina siendo perjudicial para todos, en especial para los sectores de menores recursos, quienes pagan impuestos y sufren el impacto de la inflación de forma mucho más gravosa que aquellos sectores que se benefician con los subsidios energéticos. El sistema de subsidios tal como está planteado resulta sumamente regresivo.
La magnitud de esas distorsiones genera un círculo vicioso que se intensifica y produce efectos de nocivas consecuencias sociales: aumento del déficit fiscal, mayor emisión, inflación y pobreza, atraso cambiario, déficit en la balanza comercial por mayor importación de energía y la consecuente caída de reservas.
Para dimensionar un poco la situación, en una economía tan frágil como la nuestra, los subsidios energéticos en el 2021 representaron u$s 10.500 millones en 2021, es decir el 2,6% del PBI y el 75% del déficit primario.
Asimetría e inequidad Federal
Si analizamos la composición y distribución de los subsidios energéticos durante el 2021, vemos que el 70% fueron a Cammesa para cubrir subsidios a la energía eléctrica que se focalizan mayormente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El atraso tarifario del AMBA provocó que los usuarios paguen sólo el 35% del costo de generación total del sistema y se alejen de los valores de referencia internacional. Como resultado, las inversiones en el sector se vieron afectadas y con ellas la calidad de los servicios.
Durante los últimos dos años, las actualizaciones del 20% de tarifas que Nación (ENRE) autorizó para el Área Metropolitana (Edenor y Edesur) siguen resultando muy inferiores a las actualizaciones implementadas por el resto de las distribuidoras provinciales.
Contrariamente, gran parte de las distribuidoras provinciales vienen aumentando las tarifas a mayor ritmo que el AMBA. Hoy, la tarifa de un hogar tipo en AMBA es apenas del 40% de la tarifa que se paga en Mendoza, Córdoba o Neuquén. Por eso, actualmente el 60% de los subsidios están focalizados en el AMBA, donde residen el 40% de los usuarios, evidenciando una profunda sobre-representación y su consecuente injusticia en términos de equidad. Es decir, la inequidad no es sólo social sino también federal.
Estos subsidios generan una deuda de las Distribuidoras con Cammesa que se refinancia en el tiempo a tasa negativa pagamos todos los argentinos con mayor inflación.
Sin embargo, la visión que el Gobierno plantea para 2022 es fijar los precios para que el impacto final en la factura de los usuarios no sea mayor al 20%, cuando la inflación proyectada para este año es mayor al 50% y los costos de generación se proyectan para ser mucho mayores.
Por otro lado, el ENRE presentó una segmentación tarifaria en la cual aproximadamente el 10% de la población de la zona metropolitana pasará a pagar la tarifa plena. Este resultado reduciría apenas el 2% de los subsidios energéticos de 2021, algo así como USD 220 millones, lo que resulta absolutamente insuficiente.
En definitiva, la propuesta oficial está lejos de solucionar los problemas. De aplicarse la misma conllevaría a un sensible aumento de los subsidios energéticos en dólares; aumentaría la vulnerabilidad macro, sería un obstáculo al acuerdo con el FMI y tendría consecuencias directas en la inflación y la pobreza.
Vale destacar nuevamente que esta situación se genera por los subsidios tarifarios otorgados universalmente en AMBA. Tal cual lo están haciendo provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Neuquén; se debe volver a promover el sistema de tarifa social o subsidio focalizado en las familias vulnerables económicamente; los criterios ya se definieron y acordaron en el pasado, e incluso se siguen aplicando en varias jurisdicciones.
Adicionalmente, se deben eliminar los subsidios diferenciales para el Área Metropolitana, situación que resulta de extrema inequidad territorial e injusticia para con los usuarios. Evidentemente, la respuesta oficial es insuficiente frente a la magnitud del problema. Hay que hacer cambios de fondo, resta la decisión política para hacerlo.
