Hace 10 años Human Rights Watch alertaba sobre la discrecionalidad en el envío de fondos K a las provincias (y otras cuestiones)
El 26 de enero de 2011, la reconocida organización Human Rights Watch elaboró su resumen anual sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. El resultado fue lapidario para el gobierno de Cristina Kirchner, que presidía el país entonces.
La HRW es una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos. La misma, desde hace 40 años concentra la atención mundial en los lugares donde se violan estos derechos básicos.
En aquel informe mundial anual la posición de la Argentina en el balance del año 2010 se focaliza en los siguientes apectos:
Libertad de expresión y pauta oficial
El informe puntualizó la falta de criterios claros para asignación de la publicidad oficial la cual podría beneficiar a los medios que ofrecen una cobertura favorable frente a los que tienen una línea editorial crítica.
“La falta de criterios transparentes en la asignación de contratos de publicidad oficial en el ámbito federal y en algunas provincias genera un riesgo de discriminación política contra medios que critican a funcionarios gubernamentales.”
Hay que recordar que en esos días se hizo pública la declaración del expresidente de la agencia oficial estatal de noticias Telam, Martín García, quien dijo: “cuando le plantean (la prensa) al gobierno que le da más pauta a los medios amigos que a los enemigos, qué, ¿le va a dar más pauta a los medios enemigos? ¿Cuál es el criterio?”. García irrumpió en la opinión pública al igualar a los periodistas independientes con “prostitutas que hacen el amor por dinero.”
Papel Prensa
“En septiembre, el gobierno presentó una querella contra el propietario y presidente del periódico Clarín, el director de La Nación y los ex propietarios de La Razón por su presunta participación en delitos de lesa humanidad. La querella acusa a los tres periódicos de apropiación ilegal de la empresa fabricante de papel para periódicos Papel Prensa en 1976, durante la dictadura militar. En 1977, agentes del gobierno secuestraron y torturaron a cinco miembros de la familia Graiver, entonces titular de la mayoría accionaria en Papel Prensa. El gobierno afirma que representantes de estos periódicos, en connivencia con el gobierno militar, amenazaron y presionaron a miembros de la familia para que transfirieran sus acciones.
Clarín y La Nación afirman que las acciones se compraron en forma lícita y niegan cualquier vínculo entre la compra y la detención de la familia Graiver. Han acusado al gobierno de atacar a los periódicos por sus críticas a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.”
Independencia judicial
Un inciso nuevo en los usuales informes de la Organización y posiblemente el más serio del informe.
“Tanto la Presidenta Fernández como su esposo (el ex Presidente Néstor Kirchner, quien falleció en octubre de 2010) y otras autoridades de alto nivel han cuestionado en varias oportunidades decisiones adoptadas por el poder judicial durante 2010. Por ejemplo, en septiembre la Corte Suprema ordenó a la provincia de Santa Cruz que repusiera en el cargo a un ex procurador general que había sido destituido en 1995, cuando el ex Presidente Kirchner era gobernador Santa Cruz, sin cumplir el procedimiento legal pertinente. La Presidenta Fernández expresó su apoyo al gobernador, quien se rehusó a reincorporar al procurador general, y señaló que la sentencia era inconstitucional.”
Asimismo, en los últimos días se ha hecho hincapié en la responsabilidad judicial con respecto a los últimos hechos de inseguridad que han azotado a la Argentina. Al menos así lo ha remarcado la Ministra de Seguridad y la misma Presidenta en un acto en Florencia Varela donde indicó “de nada sirve bajar la edad de imputabilidad si los delincuentes entran por una puerta y a los 15 minutos salen por la otra”.
Julio López
El informe enmarca la desaparición de Julio López en el marco de los juicios por los abusos del pasado.
“La seguridad de los testigos en los juicios de derechos humanos es aún materia de preocupación. Jorge Julio López, un hombre de 78 años que había sido víctima de torturas, desapareció de su vivienda en septiembre de 2006, el día anterior a la fecha en que debía asistir a una de las últimas audiencias de un juicio. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy.”
AMIA
“Hasta hoy, no ha habido condenados por la explosión de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994, en la cual fallecieron 85 personas, y más de 300 resultaron heridas. Las investigaciones y los juicios penales se han visto obstaculizados como resultado de corrupción judicial y encubrimientos políticos en el ámbito interno”.
Cristina Kirchner, al igual que los mandatarios anteriores, insiste con la responsabilidad iraní en el atentado de 1994.
Apablaza
El informe deja en claro las falencias en materia de justicia transnacional.
“En septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un pedido de Chile para la extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza, a quien se investigaba penalmente por su presunta participación en el asesinato de Jaime Guzmán, ex senador chileno y asesor civil cercano al General Pinochet.
“Ambos delitos fueron cometidos en 1991, después del restablecimiento del estado de derecho en Chile.”
“La Corte Suprema determinó que los delitos no revestían carácter político y aprobó la extradición.”
“La CONARE, un organismo interministerial en el cual solamente tienen derecho a voto funcionarios gubernamentales, decidió en forma unánime a favor de conceder asilo político a Apablaza. Los fundamentos de la decisión no se han dado a conocer.”
El informe celebra los avances del kirchnerismo en cuanto a juicios a represores durante la última dictadura militar, pero los grises en la pauta oficial, la ley de medios audiovisuales y todo lo demás demuestan que todo sigue igual 10 años después.
