La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy la detección de irregularidades impositivas y previsionales en una fiesta electrónica organizada en Mendoza.
A partir de un operativo conjunto entre la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (Dgrss), agentes del organismo constataron que tres de cada cuatro trabajadores que se desempeñaban en la fiesta “tenían importantes inconsistencias como la falta de registración o el pago de aportes y contribuciones”.
Asimismo, se labraron actas de clausura e infracción en cinco de las barras de atención y de venta de bebidas. Los inspectores del organismo conducido por Carlos Castagneto relevaron 94 trabajadores en la fiesta de música electrónica celebrada en Potrerillos, y “el 74% presentó algún tipo de irregularidad“, se indicó en un comunicado.
La AFIP determinará el pago de los aportes y contribuciones omitidos y fijará la multa correspondiente, mientras los trabajadores precarizados deberán ser registrados de acuerdo con la normativa vigente.
Por otro lado, los agentes verificaron que las barras de atención y venta de bebidas se encontraban tercerizados, y que esos contribuyentes presentaban inconsistencias de facturación y de cobro por sistemas electrónicos, por lo que se labraron actas de clausura e infracción en cinco de los lugares visitados, de un total de 13 fiscalizados.
El objetivo de la AFIP es “concentrar las acciones de fiscalización y control en aquellas actividades que adquieren mayor importancia durante la temporada de verano y que por este motivo incorporan gran cantidad de personal en esta época de alta demanda”, señaló.
De esta manera, se busca evitar que la alta rotación de personal lleve a los empleadores a contratar a trabajadores y trabajadoras de manera fraudulenta, con vínculos inestables, jornadas que se extienden más allá de las permitidas y salarios que no llegan a los mínimos de convenio.
El procedimiento se dio en el marco del Operativo Verano 2023 que lleva adelante la AFIP, y que contempla fiscalizaciones presenciales en las principales localidades turísticas del país para prevenir y detectar posibles incumplimientos impositivos y garantizar los derechos laborales y el pago de las obligaciones previsionales de los trabajadores.
Desde su inicio en enero, ya fueron fiscalizados más de 8.500 establecimientos en los que intervinieron más de 400 agentes.
El ente recaudador precisó que “también se busca corroborar la correcta facturación de los bienes y servicios prestados, la registración correcta de los empleados, que se abonen las remuneraciones en tiempo y forma, y que los lugares de trabajo tengan las condiciones de salud y seguridad adecuadas”.
El propósito es “desarticular eventuales maniobras de subfacturación y evasión fiscal en el marco de la fuerte reactivación económica que atraviesan los establecimientos relacionados con actividades de esparcimiento, principalmente en los pertenecientes a actividades de gastronomía, guarderías náuticas, turismo aventura, recreación, ventas de productos regionales, cervecerías, bares, balnearios, alojamientos, paradores, parques de entretenimiento y proveedores de bienes y servicios“, finalizó.
