En las últimas horas, el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, publicó una columna de opinión donde señala que Mendoza “se apropió del río Atuel y ha condenado a una gran porción del oeste pampeano a un proceso creciente de desertificación y degradación socioambiental”. A continuación, la nota completa:
Un par de semanas atrás se realizó en San Rafael, Mendoza, un evento promocionado como el récord mundial de la proyección más grande de la historia. El mismo consistió en proyectar sobre el murallón del embalse de Valle Grande un documental sobre el Río Atuel.
Lo paradójico del evento, es que el documental que busca realzar la importancia de la conservación del Río Atuel y lo describe “desde su nacimiento en el corazón de los Andes hasta su prematuro desvanecimiento en las arenas del desierto de Cuyo” fue proyectado sobre el murallón que representa literalmente la muerte del río aguas abajo del mismo.
No es que el Río Atuel se “desvanece prematuramente” como por arte de magia, sino que el mismo fue cortado de cuajo en la década de los cuarenta cuando se construyó el complejo de Los Nihuiles, de los cuales Valle Grande es parte.
Desde entonces, Mendoza se apropió del río Atuel y, a través de un manejo unilateral, absoluto e ineficiente de sus aguas destinadas fundamentalmente al riego en su oasis de San Rafael, ha condenado a una gran porción del sur mendocino y del oeste pampeano -en una superficie estimada en unos tres mil kilómetros cuadrados- a un proceso creciente de desertificación y degradación socioambiental que constituye el mayor desastre ambiental en territorio nacional.
Mendoza sigue aplicando el concepto de “oasis de riego”, un paradigma ambientalmente perimido y mundialmente superado, que posibilita el desarrollo de un área a expensas de otras que se transforman en zonas de sacrificio socioambiental.
En su porción pampeana hoy desaparecida, el otrora río Atuel constituía un sistema fluvial integrado por cinco brazos y un enorme humedal denominado “Bañados del Atuel”. Allí habitaba una abundante riqueza de especies de flora y fauna, que se unía al río Salado-Chadileuvú a lo largo de un frente de más de 100 km.
El corte del río por parte de Mendoza no solo significó la desaparición de ese sistema fluvial, sino que la falta del río también alteró el modo de vida de las poblaciones locales, truncando sus posibilidades de desarrollo. En pocas palabras, la porción aguas abajo de Valle Grande fue transformada en la zona de sacrificio de la cuenca del Atuel, siendo la porción pampeana de la misma la más perjudicada.
La Pampa ha llevado el caso del despojo del río Atuel por parte de Mendoza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En sucesivos fallos, la Corte ha reconocido la interprovincialidad del río y ha dado por probados los daños socioambientales causados por Mendoza a La Pampa, debidos a la falta de escorrentía del río en territorio pampeano.
A pesar de esos fallos, Mendoza se niega sistemáticamente a entregar agua para restituir un río que también es pampeano y a acordar con La Pampa una gestión conjunta de un recurso interprovincial.
Prueba de ello es que en julio del 2020, la Corte estableció que debe haber un caudal mínimo permanente de 3,2 m3 por segundo para el río Atuel, en el límite entre las provincias de La Pampa y Mendoza, como meta interina para comenzar a remediar el daño socioambiental.
Cuatro años han pasado del fallo. Mendoza mantiene una postura cerrada y hace caso omiso del mismo, argumentando que la cuenca del Atuel es “deficitaria” y que cumplirlo afectaría sus actividades productivas.
Sin embargo, un informe técnico reciente elaborado por la porción pampeana del Comité Interprovincial del Atuel, en base a datos de organismos gubernamentales mendocinos, da por tierra con ese argumento, al demostrar inequívocamente que hay suficiente agua disponible en la cuenca del Atuel (de hecho, siempre la hubo) y que es posible cumplir inmediatamente con el fallo del 2020 sin alterar ninguno de los usos productivos en Mendoza.
Por lo tanto, el no cumplimiento por parte de Mendoza del caudal mínimo fijado por la Corte no reviste otra explicación más que su falta de voluntad para remediar una situación que perjudica a los pampeanos en particular, y al país en general.
Es por ello que en base a dicho reporte, La Pampa ha realizado una nueva presentación ante la Corte pidiendo el cumplimiento del fallo del 2020 en forma inmediata y el fortalecimiento del organismo de cuenca del Atuel para que la gestión de ese río interprovincial sea conjunta y eficiente.
La palabra la tiene ahora la Corte. Los pampeanos esperamos que se haga justicia y que, de una vez por todas, se termine con décadas de despojo y vuelvan a correr en forma continua las aguas del río Atuel en La Pampa.
