Después de una extensa jornada, tal cual se preveía —Diario Mendoza Today lo adelantó ayer—, este miércoles se decidió la suspensión de Janina Ortíz por parte de la Cámara de Diputados provincial. A partir de ahora, dejará de cobrar su salario como legisladora.
La iniciativa fue impulsada por el oficialismo y contó con el respaldo de una parte de la oposición. Se contaron 34 votos a favor, 4 votos en contra y 4 abstenciones. Sorprendió la ausencia de José Luis Ramón.
El Partido Verde acompañó el pedido de Cambia Mendoza y el PJ votó dividido: Germán Gómez, Nilda Escudero, Gustavo Perret, Verónica Valverde y Juan Pablo Gulino votaron a favor de la suspensión de Ortiz. Los demás lo hicieron en contra.
La movida contra la legisladora de La Unión Mendocina fue por “indignidad”, en los términos del artículo 91 de la Constitución de Mendoza: la acusan de no haberse allanado a la Justicia en el contexto de las dos investigaciones judiciales que pesan en su contra.
Una de ellas es por “coacciones agravadas”, ya que está sospechada de haber presionado a una empleada municipal a grabar a un funcionario de la comuna, que era el entonces subsecretario de Policías Sociales, Osvaldo Oyhenart; y después la impulsó a entregarle dicha grabación “con un 38 sobre la mesa”, en relación a un arma.
La otra causa en la que está investigada es por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa. En ese expediente, hay exfuncionarios de Las Heras imputados, como por ejemplo Daniel Orozco.
Hay que recordar que en diciembre del año pasado ya le habían quitado los fueros a Ortíz, quien ahora ha decidido apelar a la Justicia para revertir la decisión legislativa.
La justificación de los diputados
Durante la Sesión de hoy, el diputado Franco Ambrosini (UCR), que preside la comisión de LAC, sostuvo que “una vez más, como lo dije al tratar el desafuero, nos toca una situación no deseada por ninguno de los miembros aquí presentes, pero que resulta sumamente importante para salvaguardar la integridad y la honorabilidad de esta Cámara”.
Tras referirse a las causas que recaen sobre Ortiz y su accionar frente a ellas, indicó que “no sólo ponen en duda su conducta sino que marcan una gran discrepancia con los deberes y responsabilidades como legisladora”.
De igual manera destacó que “han pasado tres meses desde su desafuero y aún no ha podido avanzar la justicia, y no ha sido culpa de la justicia, ha sido pura y exclusivamente culpa de la investigada. Lo dice el informe que acompañó el Ministerio Público Fiscal”, y añadió que “lo único que ha quedado en evidencia es la actitud dilatoria por parte de la diputada Ortiz”.
Y aclaró: “este no es un proceso judicial que determina su inocencia o culpabilidad, estas son facultades disciplinarias que tenemos los legisladores en los términos del art. 91° de la Constitución Provincial para corregir ciertas conductas que no sean acordes a la Cámara”. “Entendemos, por mayoría, que Ortiz quedaba dentro de las causales de indignidad”.
En la misma línea se expresó Evelin Pérez (UCR) quien consideró que “nos equivocamos si ponemos la mirada afuera y seguimos culpando y haciendo cargo a otros poderes de funciones que nos corresponden a nosotros como legisladores. Como legisladores somos quienes debemos ejecutar la Constitución en lo que corresponde a nuestro Poder y en ello está hacer cumplir la normativa a cada uno de los legisladores que nos representan”.
“Nosotros aquí no estamos emitiendo juicio sobre las causas en las cuales se encuentra involucrada la diputada Ortiz”. “Será la justicia la que determine su inocencia o culpabilidad, no nosotros, pero si somos responsables de tomar las acciones, si las conductas y los deberes como legisladores no están cumplidos como corresponde y como establece la Constitución”.
A su turno, Natalia Vicencio (PJ) solicitó su abstención de la votación, sosteniendo que “no es función del Poder Legislativo tomar estas atribuciones, eso lo tiene que hacer el Poder Judicial. Nosotros hicimos lo que debíamos hacer que es desaforarla para que la justicia pueda avanzar, que es lo que nos correspondía”.
“Es real que la señora Ortiz hizo uso de todos estos vericuetos para ir dilatando los tiempos en la justicia, creemos que eso es real, pero se entiende que el Poder Judicial tiene todas las herramientas para garantizar y poder llevar adelante el avance de las causas y determinar antes la situación que ha sido denunciada e investigada”, agregó.
Emanuel Fugazzotto desde el Partido Verde, afirmó que “la posición política de nuestro bloque no comenzó hace tres meses con el desafuero, ni tampoco cuando fue el momentos de la asunción de los nuevos legisladores que iban a formar parte de este Cuerpo” sino antes, subrayando al respecto que desde entonces planteaban “la suspensión de la diputada Ortiz hasta que se resolvieran sus casos en la justicia”.
Indicó sobre este punto, que “entendíamos que es una facultad que tiene el Cuerpo, que hace a las medidas disciplinarias que puede tomar para con sus propios integrantes”, resaltando que “no soy responsable de la opinión publica pero si somos responsables de hablar de cara a la ciudadanía. No podemos seguir siendo participes de esa situación, una situación que afecta a la política y es lo que nos amerita a nosotros a tratarlo hoy”.
“Yo no voy a juzgar la inocencia de Janina Ortiz, ni vamos a hacer desde este bloque un juicio de valor – apuntó -, pero si vamos a priorizar la integridad del Cuerpo”.
Por su parte, Gabriela Lizana (FR-LN), solicitó al cuerpo su abstención argumentando que “en primer lugar lo que nos pega fuerte es el principio de inocencia” que “no se puede quebrantar de ninguna manera, y mucho menos en el ámbito en el que nosotros estamos”.
En este sentido afirmó que “nosotros como legisladores, estuvimos a favor del desafuero para que la situación se resuelva en la justicia que es el ámbito pertinente, será la justicia la que debe apurar estas causas. Estamos del lado de la justicia y en ella confiamos”.
German Gómez (PJ), al hacer uso de la palabra, dijo que “es cierto que la Constitución Nacional y Provincial hablan de la igualdad ante la Ley, pero es la igualdad entre los iguales, nosotros como mandatarios, como representantes tenemos una mayor responsabilidad que el ciudadano común. Nuestra vida está vinculada a lo político, a lo público, por lo que hay que defender la honorabilidad y la institucionalidad”.
Expresó al mismo tiempo que “no emitiré juicio sobre la diputada Ortiz, porque soy respetuoso de la justicia, existen mecanismos que ella puede utilizar, esta Cámara no está prejuzgando, acá estamos analizando una situación particular”. De hecho, expuso, “si alguna vez podemos reformar nuestra Constitución, deberíamos eliminar directamente los fueros. Nosotros frente a un hecho grave, porque no estamos ante una falta o contravención, y frente a la calidad de legisladores, tenemos la obligación de ponernos a disposición de la justicia y utilizar las herramientas que correspondan. Mal podemos utilizar estas instituciones para ampararnos y protegernos para no ponernos a disposición de la Ley”.
También esgrimió que “la institucionalidad hay que defenderla con fortaleza, la política no está bien vista. Esto es vivir en democracia, estas herramientas son las que tenemos, no podemos tener legisladores sospechados de una u otra situación judicial”. Y acotó: “Esta es la decisión más sana, también le pedimos al Poder Judicial que actúe con celeridad, para rápidamente resolver la situación de esta legisladora”.
Finalmente, Enrique Thomas (PRO) manifestó que “confianza pública, es el apoyo de los ciudadanos a los parlamentos y gobiernos. Esta confianza es la valoración más o menos positiva o negativa respecto a la credibilidad, competencia y transparencia de los órganos de Estado. Cuando hay sospecha de tolerancia con la corrupción, esto influye negativamente en esta confianza pública, los argentinos tenemos sobradas experiencias al respecto”.
“Alimentar esta confianza pública es uno de los deberes fundamentales de un legislador” y “este debate no tiene que ver con funciones que no nos corresponde, según el artículo 91° (de la Constitución) tenemos la potestad del poder sancionatorio con respecto a los miembros de este Cuerpo, y es lo que vamos a hacer una mayoría importante”.
Por último, Thomas expuso una línea de tiempo describiendo los pasos de la justicia y las respuestas tanto de Ortiz como de su defensa. “Esto justifica que la diputada Ortiz no colaboró con la justicia”, puntualizó.
Al hacer uso de la palabra, Janina Ortiz sostuvo que “los legisladores están para crear las leyes no para violarlas, y son conscientes que se han violado mis derechos y garantías”. Mencionó asimismo distintos artículos de la legislación vigente y de las Constituciones nacional y provincial como así también Tratados Internacionales y de Derechos Humanos, y afirmó que “Hay una división de poderes, la cual se está pasando por alto. Se está inmiscuyendo el Poder Legislativo en el Poder Judicial”.
“Para la Ley yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, mediante una condena firme que me declare culpable, un juez; no los legisladores”, dijo, agregando que “estoy sometida a proceso. Soy inocente, y voy a ir hasta las últimas instancias para demostrar mi inocencia”.
La diputada Janina Ortiz habla en la cámara de diputados @LVDiez pic.twitter.com/3vLsQ6ayAX
— Mailen (@MailenSanchez5) March 27, 2024
