Cada día que pasa sin soluciones de fondo la situación financiera de las provincias se complica más, debido a la disminución de recursos genuinos por la caída de la actividad económica y la decisión del Gobierno nacional de suspender todas las partidas discrecionales.
El fuerte recorte que se produjo en el primer bimestre del año se prolongó a la primera quincena de marzo y obra como telón de fondo de la discusión política que mantiene el presidente, Javier Milei, con la mayoría de los gobernadores.
Un informe privado indicó que en el inicio de este mes las transferencias nacionales a las jurisdicciones del interior cayeron en promedio 29,1%, lo cual agudizó el declino.
El trabajo de la consultora Politikón Chaco, precisó que “hasta el 15 de marzo inclusive se distribuyeron $ 857.749 millones. Ese monto representa un incremento nominal interanual de 202%, pero en términos reales equivalen a una baja del 24,4% interanual” (el cálculo se tomó con la proyección de inflación del REM del BCRA de 14,3%).
En tanto, las transferencias no automáticas en igual período, totalizaron $ 40.393 millones, contra $ 33.163 millones que se distribuyeron en la primera quincena de marzo 2023.
“Esto significa que la variación interanual nominal es del 21,8%, pero en términos reales representa una baja del 69,5%”, precisó el trabajo.
A partir de estas cifras “el total de las transferencias nacionales (automáticas y no automáticas), en la primera quincena de marzo 2024 registraron una caída real interanual del 29,1%, con las 23 provincias mostrando en retroceso”, remarcó la consultora.
El estudio se realiza con información oficial publicada por el Ministerio de Economía. En lo que respecta a giros automáticos, todas las provincias perdieron entre un 24% y 25%, siendo la más perjudicada la Ciudad de Buenos Aires que tuvo una merma de 21,9%.
La “mano del Ejecutivo Nacional” se ve en los envíos discrecionales. Allí se observa como Córdoba es una de las provincias más afectadas, al menos en el arranque del mes. Según Politikón Chaco, al gobierno de Martín Llaryora Milei solo le autorizó desembolsos por $ 30 millones contra $ 1.372 millones recibidos en el mismo período de 2023. Esto equivale a una caída de 99,4%.
Córdoba comparte este incómodo privilegio con Catamarca que sólo recibió $ 2 millones, Neuquén con apenas $ 8 millones y San Luis $ 5 millones.
Por su parte, Mendoza recibió $ 314 millones, contra $ 874 millones, que equivale a una disminución real de 91%. En tanto, Río Negro tuvo más suerte ya que se le transfirieron $ 548 millones, que representan una merma de 75,8%.
El informe muestra además que a la Ciudad de Buenos Aires se le transfirieron $ 14.774 millones (+121%) que corresponden a una partida especial para el funcionamiento del Hospital Garraham.
Si se unen los giros automáticos y los no automáticos, Córdoba perdió 28,1% con relación a los que había obtenido un año atrás, mientras que Mendoza cedió 29%. En el caso de Río Negro tuvo la misma reducción que Córdoba.
La provincia más perjudicada en este arranque de mes fue Neuquén con una caída de recursos del orden de 40%.
Si excluimos a CABA por la partida especial para el Garraham, la jurisdicción que menos perdió fue Santa Cruz con 23%
Si bien aún resta computar el segundo período del mes, la proyección permite inferir que marzo se convertirá en el peor período del primer trimestre para las cuentas provinciales.
En enero los recortes de fondos habían sido del orden de 13,2% y en febrero se sumó otro 20%, con lo cual el panorama en el tercer mes del año podría ser peor.
El Gobierno se mantiene en su postura de recomponer ingresos mediante la restitución del impuesto a las Ganancias para los asalariados, pero esa propuesta encuentra un fuerte rechazo en un buen número de gobernadores.
La diferencia sólo podría salvarse si se acuerda un mínimo no imponible los suficientemente elevado para que no vuelvan a pagar este tributo más de 800.000 trabajadores.
Milei cambió la estrategia e incluyó este capítulo en la ley del paquete fiscal, donde también aparece el blanqueo, la moratoria y los cambios en bienes personales y ganancias.
Allí aparecen puntos que, en cuánto a recaudación, también favorecen al Gobierno nacional y por ende el Ejecutivo pretende una aprobación completa. “Ganamos todos o nadie”, pareciera ser la consigna.
