Reincorporaron a un empleado injustamente cesanteado en la Municipalidad de Guaymallén

Nuevamente el departamento más populoso de la provincia da a conocer una noticia importante, de esas que no es replicada por la mayoría de los medios que como ya se sabe, están comprados para dar paso a un silencio que desde lo oculto se hace cómplice de reiteradas injusticias.

Esta buena nueva para Brian Gabriel Oyola, de 28 años de edad, que para la administración de la comuna guaymallina bajo el régimen déspota del radicalismo mendocino, se constituye en un duro revés judicial con multa incluida, que deberá ser pagada a la no siempre eficiente y equitativa secretaría de Trabajo, que se suma a la  recordada reincorporación de Martín García por motivos similares años atrás.

Tanto García antes y Oyola ahora, eran delegados del Sindicato de Trabajadores Estatales Autocomvocados (SITEA) en el momento de ser sancionados. Al parecer el mencionado gremio, es el único que en silencio se ocupa poner justicia al sistemático proceder extorsivo y amedrentador tanto del poder municipal, como el provincial.

Brian ingresó al servicio de recolección de residuos en agoto de 2014, y resultó cesanteado en julio de 2021. Aquí los detalles.

Paradójicamente y según cuenta la cronología de los acontecimientos, el mismo día que Martín García era cesanteado, al domicilio de Oyola arribaba una nota que anunciaba el inicio de sumario que derivaría en una efectiva desafectación por supuestas razones justificadas, cuestión que rápidamente quedó desterrada por las evidentes pruebas que en verdad demostraron persecución gremial en lugar de falso argumento de incumplimiento del trabajador.

La incuestionable verdad, dice que la municipalidad guaymallina, en su planta de servicios generales tiene solo obreros. Al menos eso consta en los recibos de sueldos (coloquialmente mal llamados bonos de sueldo), en lugar de personal de recolección. Como dice el refrán “parecido no es siempre lo mismo”, ya que el recolector de basura se expone al contacto con materiales descartados y elementos peligrosos, es decir que deberían cobrar un ítem de insalubridad o trabajo de riesgo o insalubre que no se cumple. Todo esto hace “ahorrar” dinero a las arcas comunales.

“Cuando empecé a preocuparme y a levantar la voz para que nos mejoren la calidad de elementos de trabajo y nos reconozcan el trabajo de recolección empezaron los apriete y lo reiterados cambios de destino laboral para desgastarme. En la municipalidad hay como una especie de clanes bien marcados y conocidos. Por ejemplo los ingresos se van dando entre familias de generación en generación. Las clases y mejoras se dan a dedo sin que se considere el mérito o esfuerzo. Además siempre milité en el partido justicialista donde ocupé el cargo de secretario del PJ departamental”, narraba Oyola, que comenzó su trabajo gremial a mediados de 2020 plena época de inicio de la pandemia del Covid 19.

“Un señor llamado Luis Allende, mi jefe directo al principio de mi designación como delegado gremial, bromeaba y me decía que aquí las cosas son de esta forma y no se cambia nada. Después el tono pasó al modo amenaza, hasta que me sacaron de la recolección para me pasaron a trabajar como obrero sin equipamiento alguno. Nada de calzado de protección y con guantes no aptos para la dureza de las tareas, Recuerdo que un día me dijo textual que se iba a encargar personalmente de hacerme despedir. Otro que me apretó fue Mauricio Lucero jefe director de servicios públicos. Los jefes son además espías y alcahuetes que le informan a los jefes políticos quienes militamos en política y no compartimos sus ideas”, continuo el agente municipal reincorporado a Diario Mendoza Today.

Para finalizar el perjudicado cerró su versión de los acontecimientos al expresar “intentaron decir que tenía más de 20 inasistencias injustificadas y que por eso me dejaban sin trabajo. Me costó probarlo ya que desde 2018 el reloj de marcación está roto y no lo arreglan. Hay una planilla que se firma y misteriosamente desapareció, pero afortunadamente con muchos testigos pude demostrar que trabajé como corresponde. Esto me perjudicó y por más que me devuelvan los 20 sueldos, nadie me saca el estigma de haber sido echado injustamente y quedar como un vago incumplidor ante mi familia e hijos.  Por no cobrar no pude pagar mis deudas y como sabemos por la inflación los intereses bancarios son impagables, encima fui desalojado por no poder pagar el alquiler.  Estoy en estudio de iniciar acciones legales contra los funcionarios de Guaymallén”.

Otro dato que el trabajador nos pormenorizó casi al final de la entrevista no deja de ser menor. Todo lo contrario: “La empresa Santa Elena crece y ocupa día a día más espacios en varias comunas. La intención es vaciar la planta municipal y tercerizar “empresarios amigos” todos los servicios. Otra manera de hacernos daño es mandarnos a trabajar a zonas marginales o barrios complicados o violentos. Mientras que las mejores zonas son trabajada por Santa Elena”

La cesantía duró 20 meses, debido a las pruebas la justicia determinó la reincorporación inmediata que se hasta a partir de cinco días hábiles, los que se cumplirán el miércoles de 28 de febrero próximo. Aquí podrán ver el documento publicado por la Justicia que fundamenta este caso.