En las últimas horas, se conoció un nuevo informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM) elaborado sobre la base del análisis de las ejecuciones presupuestarias del Estado provincial durante los 10 últimos años, basado en información publicada por el Ministerio de Hacienda de la Provincia de Mendoza.
Este período, según el documento, al cual tuvo acceso Diario Mendoza Today (ver al pie), se caracteriza por el estancamiento económico y del empleo privado registrado, una inflación crónica y creciente, y elevados niveles de pobreza. En ese contexto, el peso del Estado provincial es un 5% menor al de 2013 pero un 76% más grande que en 2004, desplazando al sector privado, principal creador de riqueza y empleo.
La caída de recursos públicos provinciales entre 2019 y 2022 fue significativa, siempre según el estudio en cuestión, “pues pasaron del 51% al 44% del total de recursos corrientes. Esta tendencia se revirtió parcialmente durante el corriente año, llegando al 46%. Punta a punta los recursos tributarios redujeron su participación de 70% a 65% y los recursos no tributarios la aumentaron, aunque con una menor participación de las regalías. Estimamos que el año 2023 finalizará con un superávit corriente alrededor del 14% de los recursos corrientes y con un resultado operativo equilibrado o levemente superavitario, manteniendo la tendencia de los 3 últimos ejercicios”.
Este pronóstico depende fundamentalmente del comportamiento de los recursos y gastos corrientes, y de las erogaciones de capital en el último trimestre del año. Mirando hacia adelante, es importante:
a) Asegurar el comportamiento fiscal austero de los últimos años, reflejado en un nivel de ahorro corriente positivo, cuidando que las erogaciones evolucionen a un ritmo igual o menor que los recursos y que la inflación, haciendo foco en la eficiencia y eficacia del gasto público.
b) Monitorear la evolución de la presión tributaria provincial que, pese a la baja del último lustro, duplica a la registrada en 2004.
c) Observar la evolución de la planta de personal estatal provincial, que aumentó a un ritmo muy por encima del crecimiento poblacional en los primeros años de la serie, para comenzar un proceso de reducción desde 2016 en adelante. En la actualidad hay 54,6 agentes públicos provinciales cada 1.000 habitantes (vs. 60,4 en 2013).
d) Monitorear el desempeño de la inversión pública provincial, poniendo en valor el sistema de evaluación de la inversión pública con el que cuenta el gobierno desde este año, para priorizar los proyectos.
e) Asegurar que el tamaño del Estado provincial sea financiable para el sector privado. Luego de una década de aumento hasta alcanzar más del 25% del PBG en 2015 y el posterior amesetamiento “en serrucho” en ese nivel entre 2015 y 2019, el peso del Estado en la economía local inició un sendero de paulatina contracción hasta alcanzar el 20,6% del PBG en 2022, último dato oficial disponible. Nótese, empero, que esta participación alcanzaba el 11,7% en 2004.
f) Impulsar el cumplimiento pleno de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El compromiso del Estado provincial con la austeridad fiscal debe continuar y consolidarse, constituyendo un aporte clave del sector público a la competitividad de la economía provincial para que el sector privado local pueda desplegar su potencial productivo a fin de que Mendoza pueda volver a crecer, generando empleo de calidad y mayor bienestar para los mendocinos.
A continuación, el documento completo
