El Consejo Empresario Mendocino (CEM) presentó en las últimas horas un elocuente documento (ver al pie) que analiza las ejecuciones presupuestarias de los 10 últimos años, un período signado por el estancamiento económico y del empleo privado registrado, una inflación crónica y creciente, y elevados niveles de pobreza.
En ese contexto, y aún considerando la mayor austeridad fiscal de los últimos años, “el Estado provincial aumentó un 11% su participación en la economía local, en desmedro del sector privado, principal creador de riqueza y empleo“, según el informe de marras.
Allí se advierte: “La caída de recursos públicos provinciales entre 2019 y 2021 en términos reales fue significativa, lo que se refleja en la mayor incidencia de los ingresos nacionales, que pasaron del 49% al 57% del total de recursos corrientes, entre 2019 y la actualidad. Además, los ingresos provinciales muestran también una mayor dependencia de los tributarios por sobre los no tributarios”.
El CEM estima que el año 2022 “culminó con un superávit corriente del orden del 13% de los recursos corrientes y que, por segunda vez en 14 años, el resultado operativo fue superavitario, al igual que en 2021, ubicándose algo por debajo del 6% de los ingresos. Este pronóstico depende fundamentalmente del comportamiento de los recursos y gastos corrientes, y de las erogaciones de capital en el último trimestre del año“.
En dicho marco, mirando hacia adelante, el Consejo Empresario considera importante avanzar en puntuales pautas:
a) Consolidar un comportamiento fiscal austero, reflejado en un nivel de ahorro corriente positivo y consistente con el plan de inversión pública, y con una política de reducción de la presión tributaria, cuidando que las erogaciones no evolucionen a un ritmo mayor que los recursos, y haciendo foco en la mayor eficiencia y eficacia del gasto público.
b) Monitorear la evolución de la presión tributaria provincial que, aún considerando la tendencia decreciente del último lustro, es significativamente mayor a la registrada en 2004.
c) Observar la evolución de la planta de personal estatal provincial, que aumentó a un ritmo muy por encima del crecimiento poblacional en los primeros años de la serie, para comenzar un proceso de reducción desde 2016 en adelante.
d) Monitorear el desempeño de las erogaciones de capital (neta de inversión financiera) que, aunque viene recuperando terreno, aún se encuentra por debajo de los niveles prepandemia.
e) Asegurar que el tamaño del Estado provincial sea financiable para el sector privado. Luego de una década del crecimiento, hasta representar más del 25% del PBG en 2015, y su posterior amesetamiento en esos niveles entre 2015 y 2019, el peso del Estado en la economía local inició un sendero de paulatina contracción hasta alcanzar el 23% del PBG en 2021, último dato oficial disponible. Nótese, empero, que esta participación alcanzaba el 12% en el año 2004.
“En Mendoza, los años de desequilibrios fiscales, de incremento en el impuesto a los ingresos brutos, de gastos creciendo muy por encima de los ingresos, de un gasto fiscal que parecía no tener límites, quedaron atrás. Es importante entonces destacar que: 1) el gasto público es relativamente inflexible a la baja, por lo que una vez que el gobierno decide aumentarlo, lleva muchos años racionalizarlo nuevamente; y 2) los desequilibrios fiscales no se resuelven con más impuestos, sino apelando al orden fiscal, a una carga tributaria que no reste competitividad al sector privado, a la eficiencia del gasto y a la vigencia de reglas de responsabilidad fiscal”.
El compromiso del Estado provincial con la austeridad fiscal debe continuar y consolidarse. Este aporte del sector público a la competitividad de la economía es clave para que el sector privado pueda desplegar su potencial productivo.
