En las últimas horas, agrupaciones sociales locales emitieron un comunicado mostrando preocupación porque este jueves la jueza Mirna Moltaldi deberá resolver si eleva a juicio al dirigente del Frente de Izquierda-PO, Víctor da Vila y los dirigentes de la Unidad Piquetera Martin Rodriguez, Lorena Torres, Jimena Baez y Ernesto Huerta.
Este pedido lo realizó el fiscal Giunta con el argumento de acumulación de imputaciones por el artículo 194 del Código Penal.
Según indicaron los acusados se trataría de “una manipulación judicial y armado de la causa en función de las intenciones del gobierno provincial por profundizar su política represiva y antidemocrática contra los líderes políticos opositores y los dirigentes sociales“.
El dirigente de la Izquierda, Víctor da Vila sostuvo al respecto: “Intentan ponerme una mordaza judicial para que no se escuche la voz de los reclamos urgentes. He acompañado todo tipo de manifestaciones, de los docentes, de los enfermeros y médicos, de la pelea en defensa del agua y los Ley 7722, de los obreros del vino, de los vecinos de la quinta sección por los problemas en el suministro del agua y por supuesto, de los que más necesidad están pasando que son los compañeros de los barrios y el movimiento piquetero. Creo firmemente que es donde se debe estar cuando hay necesidades”
“Si el gobierno pretende transformar los reclamos populares en delito, estamos en presencia de un reforzamiento autoritario, digno de un tirano. Si el gobierno diera respuesta a las necesidades populares, no existirían protestas sociales. Pero se prepara para profundizar el ajuste sobre el pueblo trabajador. Por eso refuerza su política represiva. Llevándonos a juicio pega un salto en este sentido.” Concluyó el referente del FIT-PO
Por su parte el dirigente del Polo Obrero, Martin Rodriguez puntualizó: “Más de 35 mil niños reciben una ración de comida, solo en los comedores del Polo Obrero en un contexto donde hay casi 100.000 indigentes en la provincia y el 60% de los menores de 18 años está en la pobreza. Claramente estamos en presencia de una masacre social que vulnera los derechos más básicos de los niños, como es poder comer. Pero para el gobierno de la provincia reclamar por trabajo genuino y suministro de alimentos es un delito“
Y culminó: “Están intentando judicializar la protesta social porque están decididos a ignorar las necesidades de los más humildes y profundizar un ajuste mayor en la provincia, sin represión no puede pasar y nosotros estamos decididos a enfrentarlos”
