En las últimas horas, el Instituto Multidisciplinario de Salud Pública y Ambiental (IMUSPA) presentó una nueva denuncia penal (ver al pie) contra las máximas autoridades del Departamento General de Irrigación y del Ente Pr/-vincial del Agua y de Saneamiento (EPAS).
“Solicitamos que la Justicia los investigue por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los señalados han evidenciado no estar realizando todas las funciones que les impone el art. 43 de la ley 6044 con respecto a la administración del agua y el saneamiento”, explicó a Diario Mendoza Today Javier Fernández, titular de IMUSPA.
Y añadió: “Esto produciría un significativo perjuicio en la promoción y resguardo de derechos humanos fundamentales con relación al agua, como son los derechos a la vida, a la salud, al agua y al saneamiento, a vivir en un ambiente sano, al acceso a la información pública, a la libertad de expresión, al acceso a la justicia, entre otros; reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por instrumentos internacionales con jerarquía constitucional en los términos del art, 75 inc. 22″.
En el documento, que puede verse al pie, se relata que en noviembre de 2022, desde la organización sin fines de lucro IMUSPA, “emprendimos un proyecto de investigación científica y técnica que tiene como propósito conocer sobre cómo la contaminación ocasionada por las actividades humanas podría estar afectando el suministro de agua potable para uso poblacional, como también el agua empleada en la agricultura y sus consiguientes efectos en la salud de los mendocinos y de los ecosistemas. Establecimos algunas hipótesis de trabajo y procedimos a ejecutar diferentes diligencias con el fin de obtener, producir, recopilar e interpretar la mayor cantidad de información relacionada con los fines del proyecto”.
Acto seguido, puntualiza que “la principal fuente de información de la que nos hemos valido es la producida y administrada por el mismo Estado, a la cual hemos intentado obtener por medio de diversas solicitudes de acceso a la información pública. Estas han sido dirigidas al Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), a la empresa estatal Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM S.A.P.E.M.), al Departamento General de Irrigación (DGI) y a los 18 municipios de la provincia (entre otros organismos relacionados)“.
Y culmina: “En este camino emprendido -que actualmente continua- han abundado las circunstancias adversas para que no prospere este proyecto, no obstante, y a pesar de los intentos promovidos por muchos que ostentan poder y se sienten incomodados por nuestra labor, hemos obtenido abundante información sobre el estado de la calidad del agua que consumen los mendocinos“.
