Hace ya dos meses se hizo la denuncia penal más resonante contra la corrupción en la Justicia de Mendoza desde que se tenga memoria. Un abogado, en solitario, denunció toda una operación orquestada por el Poder mediante los operadores judiciales de Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia de la Provincia. Para no aburrir al lector: básicamente se utilizan contratos del Gobierno provincial, y cargos a repartir para comprar la voluntad de los miembros del Consejo de la Magistratura y elegir los jueces y fiscales afines al gobierno.
En esa maniobra ya se encuentra incluso involucrada Maria Teresa Day, haciendo negociaciones con asociaciones para poner evaluadores, se suma en la sospecha la Dra. Chaves quien maneja los ingresos al Ministerio Público Fiscal (de reconocida e histórica amistad con Day y su hija, casualmente de la Secretaria del Consejo de la Magistratura).
Se difundieron audios escandalosos reconociendo tráfico de contratos, aprietes para poner notas altas a los que quiere el Ejecutivo y bajas a los que no quieren. Uno se preguntará: “Quizás esos audios son inventados”… No, de hecho, se presentó a declarar la María José Hernández al expediente penal y reconoció que eran suyos y habían sido enviados por Telegram. Y aparece (una chica que según los propios audios suyos necesita la plata) con uno de los abogados penalistas más caros de la provincia: el Dr. Sosa Arditti.
Tampoco tuvo empacho en declarar otro abogado muy ligado a la Dra. Hernández (ya que hace y cumple la misma función) Javier Conrado Pons, ex presidente del Colegio de Abogados, que se reunió antes de votar para que el Consejo de la Magistratura en materia penal sea adueñado por el Poder Ejecutivo y una facción de la Corte, que recibió asesoramiento de Marcelo Soneira en su oficina de Casa de Gobierno como Director de Personas Jurídicas, y que incluso se comunicó telefónicamente con el propio D’Agostino a los mismos fines minutos antes de entrar a la reunión. Juan Ticheli se llama el Fiscal que lleva la causa. Y ocurre algo sorprendente según las fuentes tribunalicias:
No acepta las instrucciones del fiscal Jefe, Sebastián Capizzi, que le ordenó citar a D’Agostino a declaración testimonial, y le esquiva, “vueltea”, y lo saltea respondiendo directamente al procurador Alejandro Gullé, muy enojado porque se metieron con su amiga Teresa Day. Otro rumor que corre es que estaría haciendo tiempo para no citarlo, ya que sería nombrado como magistrado o ministro, lo que le permitiría declarar por escrito, y así zafar del interrogatorio que claramente lo pondría en evidencia no sólo a él si no a todas las operaciones judiciales que desde su lugar en la justicia lleva años haciendo.
No se recuerda en la época democrática de la provincia una promiscuidad así, que claramente tantos años en el poder y la impunidad que les da, hace que olviden que la ley también les comprende a ellos. Hay también rumores que la semana que viene se develarían tramas de operaciones judiciales contra Jueces de Tribunales Penales colegiados y encubrimiento en la justicia de causas de corrupción.
La pregunta es sencilla: ¿Por qué Ticheli no cita de forma inmediata ante tamaño daño a las instituciones a que declare D’Agostino? O aún más: ¿Por qué ante la gravedad de la denuncia y que él es nombrado en audios reconocidos por quien los hizo y capturas de chats, no se presenta espontáneamente? La justicia mendocina parece que no es tan ejemplar finalmente.
Un párrafo aparte merece la decadencia del Colegio de Abogados de Mendoza. Su presidenta, Andrea Maturana, fue citada a declaración informativa el día viernes. Su abogado tampoco es cualquiera: es el recordado juez Federal destituido Luis Leiva. Tuvo la oportunidad de dar las explicaciones del caso, no por ella, sino por todos los miles de abogados de la Provincia que debería representar y claramente ya no lo hace.
¿Por qué usó la estructura del Colegio de Abogados para falsificar apoyos a proyectos del Poder Ejecutivo, usando incluso y falseando trabajos técnicos que criticaban y proponían cambios a las leyes que a la larga son los propios abogados quienes las sufren, y por ende sus clientes, todos ciudadanos? Está todo acompañado, sus chats, los de su grupo de trabajo que los termina poniendo como partícipes que es el de su Directorio, que le dijo que no presente apoyos falseados a la legislatura y lo hizo igual.
Usó a los especialistas y trabajos pedidos a sus propios colegas del Colegio y los falseó para simular apoyo institucional del Colegio de Abogados y la Federación que nunca existió por sus relaciones también promiscuas con el Poder Ejecutivo. Hacia el interior del Colegio de Abogados, esto es una verdad a voces y se le pide que salga a aclarar y hacerse cargo de la situación y no lo hace. Tuvo su chance judicialmente y tampoco lo hizo, pasando a la historia como la primera Presidenta del Colegio de Abogados en ser investigada penalmente por el ejercicio de su cargo. Su Directorio la encubre en público, pero en el correveidile de tribunales ya han compartido los chats privados del Directorio y van aportando información para despegarse de lo que va a ser un escándalo público sin precedentes.
Su Vicepresidente, Dr. Ignacio Estada, que la sostuvo por pedido de su jefe político, el ministro de Gobierno Victor Ibañez Rozas hasta que pasen las elecciones provinciales, la habría emplazado a que dé explicaciones públicas de todos sus manejos, molestia que trae hace tiempo con la mesa de poder que forma esta con el Director de DPJ, Marcelo Soneira (D’Agostino), un juez provincial de su riñon, y Pablo Teixidor. Sus horas también estarían contadas en la institución si no da explicaciones claras de sus acciones y la utilización de todos sus socios de su estudio ubicados en los distintos cargos de poder por ella.
Cabe una aclaración: el denunciante, en solitario, sufre amenazas y operaciones de los medios periodísticos que son afines al gobierno de turno, principalmente Memo y Mendoza Post, cuyo apoderado y socio es el propio funcionario del gobierno, Soneira.
