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Desde Juntos por el Cambio denunciaron penalmente a funcionarios oficialistas por el memorándum con China

La denuncia cayó en el juzgado Criminal y Correccional de María Servini y es por “delitos contra la seguridad de la nación y delitos contra la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro, presentaron una denuncia penal por “claudicación histórica” contra funcionarios nacionales y provinciales por el Memorándum firmado con China para autorización de una terminal portuaria multipropósito en Tierra del Fuego.

Zuvic informó a través de sus redes, que la acusación es contra el ministro de Defensa Nacional, Jorge Taiana; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y contra el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

La denuncia cayó en el juzgado Criminal y Correccional de María Servini y es por “delitos contra la seguridad de la nación y delitos contra la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”. Además, presentaron una medida cautelar para detener el acuerdo que Tierra del Fuego negocia con China.

Según el documento al que pudo acceder diario Clarín establece que la empresa Shaanxi Chemical Group invertirá US$ 1.250 millones en la provincia para la construcción de una planta industrial con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato.

Ello implicará la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno, para el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas, es decir un puerto chino en Argentina, y una central eléctrica de 100MW.

Desde que se conocieron los detalles de la construcción de la planta, el puerto y la central en Rio Grande, la oposición se encuentra embarcada en una fuerte polémica contra este memorándum de entendimiento que Melella envió a la legislatura de su provincia esta semana para que fuera aprobado, ya que el senador nacional Pablo Blanco solicitó la intervención de Cancillería y le pidió explicaciones y transparencia en la información al mandatario provincial.

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