Como publicó Diario Mendoza Today el pasado 14 de abril, el intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda está siendo acusado de usar fondos excesivos en publicidad y de omitir información pública.
Es parte de una denuncia pública encabezada por Daniela Favari, quien fue concejal hasta el 2022 por el justicialismo y presidenta del PJ de Malargüe, y la actual concejal Silvia Correa del Bloque “Cuidemos Malargüe” por ende integrante del Concejo Deliberante de de ese Departamento.
De acuerdo a la presentación de marras, el intendente Ojeda asignó arbitrariamente cuantiosos recursos del Estado municipal a favor de la firma Giambenedetti SAS (propiedad de Gianni Giambenedetti), una sociedad por acciones simplificada radicada en el departamento de San Rafael, para prestar servicios de publicidad y propaganda oficial que nunca fueron ejecutados por este proveedor.
“Cuatro fueran las normas legales de las que se valió el jefe comunal para desarrollar su maniobra: los decretos 603/2022, 929/2022, 1006/2022 y 1203/2022. En todos los casos se dispuso la contratación directa de pauta publicitaria a favor del proveedor Giambenedetti SAS, CUIT 30-71752755-7, que recibió durante el año pasado por lo menos $3.300.000″, explicó al respecto el portal El Otro.
“La firma Giambenedetti, persona jurídica prestataria de servicios al municipio de Malargüe, tiene como actividad principal la impresión de diarios y revistas, entre ellos la Revista Malargüe, de la cual el Honorable Concejo Deliberante recibió un solo ejemplar y la ciudadanía, según pudimos constatar, desconoce”, se afirma en la denuncia que Favari y Correa interpusieron ante el Concejo Deliberante.
Además, en el escrito formal se señala: “los servicios contratados, y cuyas erogaciones del patrimonio municipal se ejecutaron, no han sido ejecutados por la proveedora, desconociendo los administrados la publicidad requerida, toda vez que no ha existido la objetivación gráfica de la pauta publicitaria contratada”.
Puntualmente, las denunciantes sostienen que Ojeda incurrió en uso indebido de recursos financieros estatales, mediante simulación de contratos que favorecieron a una sociedad privada, constituida en enero de 2022 con un capital social inicial de 400 mil pesos, y que meses más tarde facturó más de tres millones de pesos en servicios de publicidad que nunca prestó.
“Las prácticas corruptas fueron favorecidas por la absoluta falta de transparencia en los actos de gobierno del intendente municipal de Malargüe que, pese a que está obligado a comunicar al poder legislativo local los decretos que emite, incurrió en omisiones sistemáticas, desinformando así a la población sobre la administración de los recursos estatales que desvió irregularmente hacia el patrimonio de amigos y correligionarios”, según El Otro.
