Avanza en Diputados la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios basado en un proyecto de Julio Cobos
La Cámara baja busca sancionar una ley para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. El objetivo es conformar una base de datos para centralizar la información. De este modo, se lograría mayor facilidad para quien tiene la custiodia de los menores.
Las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes y Justicia se aprobó un proyecto para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (RENDAM). El dictamen unifica varias iniciativas presentadas por los legisladores, entre ellas las de los radicales Roxana Reyes y Julio Cobos.
El Registro Nacional de Deudores Alimentarios (RENDAM) tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada de todo el territorio nacional. Los deudores deben estar inscriptos en los registros jurisdiccionales, y/o a solicitud de autoridad judicial competente. Se busca centralizar la información, de modo tal que quien tiene la custodia del menor de edad no tenga que deambular por todo el país para poder lograr las inhabilitaciones.
Los Registros de deudores alimentarios de las provincias y de CABA deben notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión. Esto no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause.
Algunas de las inhabilitaciones estipuladas son las de prohibición de salir del país o sacar pasaporte; impedimento para la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inhabilitación para inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; ser integrante de sociedades anóminas o SRL; inhabilitación para cobrar una indemnización hasta tanto no se constate que tenga deuda alimentaria, hasta inhabilidad para ingresar a cargos públicos, entre otras.
Qué dicen los proyectos de Reyes y Cobos
Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, explicó que “se llegó a acuerdos muy importantes en cuanto a la necesidad urgente de combatir un delito como es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y el pago de alimentos”.
“Celebro que hayamos trabajado en un proyecto trasversal y de consenso como este. Sin duda el interés superior protegido es el de niños, niñas y adolescentes y es lo que nosotros estamos buscando”, dijo.
Julio Cobos, por su parte, explicó que “el objetivo es contar con una información única que le permita al juez disuadir al deudor alimentario al señalarle que le va a dificultar la vida en lo laboral y en lo comercial”.
