Este miércoles, concejales oficialistas y opositores de Guaymallén se cruzaron duramente tras la polémica que se generó por el “acta de confidencialidad” revelada por Diario Mendoza Today, donde se exige a los trabajadores de esa comuna hablar sobre lo que ocurre en aquel municipio.
Miqueas Burgoa, presidente del bloque de concejales de Cambia Mendoza fue uno de los primeros en hablar al respecto, acusando a la oposición: “Sacan la nota periodística de algún medio y replican como una chusma de radio pasillo”, sostuvo en relación a el artículo de este diario.
Le respondió Gastón Aparicio su par del bloque del Frente de Todos: “Si después tenemos que hablar de un medio de comunicación, vamos a hablar de un montón de medios de comunicación”.
Acto seguido, se refirió a la presión que sufren los colegas a la hora de hablar de este tipo de cuestiones: “Muchos periodistas nos han llamado para preguntarnos por la temática y nos dicen ‘lamentablemente esta nota no puede salir'”.
Digresiones aparte, debe mencionarse el caso de Sitio Andino, “house organ” de la gestión Marcelino Iglesias, quien salió en defensa del mandatario en cuestión a través de la voz del secretario de Gobierno, el siempre suspicaz Nicolás González Perejamo.
“Cuando llegamos hace siete años habían legajos que solo tenían una hoja. Buscamos mejorar la prestación de servicios constantemente”, sostuvo a ese medio, y añadió que el objetivo del acta es apuntar a que “el personal conozca cuáles son sus responsabilidades” y destacó que cada empleado/a “tiene derechos y obligaciones”.
Volviendo a la sesión del Concejo Deliberante, el concejal del Frente de Todos José Pozzoli fue el más duro a la hora de hablar sobre la cuestión de marras. Tras explicar que avanzó en un pedido de informes, “que esperamos que llegue por escrito” (ver al pie), sostuvo que el acta “no tiene sustento: nadie dice en función de qué ordenanza o decreto de este municipio debe ser firmada”.
A su vez, detalló que es redundante, porque la misma especificación ya se encuentra detallada en el estatuto del empleado público. Y añadió, con ironía: “Si hay un ítem de confidencialidad deberíamos pagarlo”.
Para Pozzoli, el acta colisiona con la ley 9070 de transparencia de los actos de gobierno “a la cual este municipio ha adherido”. No obstante, expresó: “Deberíamos en cada uno de los casos en los que les vamos a pedir confidencialidad decirles a los empleados qué actos son susceptibles de ser guardados bajo confidencialidad, y qué actos no. Aquí habría que decirles a cada uno de los trabajadores cuáles son las cosas que no se pueden divulgar“.
Finalmente, se preguntó: “¿Qué se busca con esto? Muchos trabajadores y trabajadoras se han visto violentados por tener que firmar el acta de confidencialidad. ¿El que no lo firma pasa a ser enemigo y el que lo firma pasa a ser amigo? ¿Será que están saltando muchos actos de corrupción?. Ha habido empleados que denunciaron cosas que no quieren que se denuncien”.
