Nadie habla de la corrupción en Guaymallén. O unos pocos. Porque la pauta todo lo silencia. Entonces aparece un único medio, Diario Mendoza Today, que expone desaguisados a rolete. Y ello provoca la oportuna preocupación de los capitostes de aquel municipio.
Entonces, para que ningún empleado hable con este medio, les recuerdan que están siendo controlados, y en algunos casos perseguidos en caso de que se les ocurra ser ocasionales fuentes de información.
Y ahora han ido un paso más allá: impulsan un “acta de confidencialidad” (ver al pie), que opera cual declaración jurada que hacen firmar a todos los empleados, inclusive a los que están trabajando en la calle, que les prohíbe hablar sobre lo que ocurre en aquel municipio. Según fuentes consultadas por Mendoza Today, esto nunca habría sucedido con anterioridad.
“En virtud de los servicios ya prestados o por prestar en la Municipalidad de Guaymallén, el que suscribe declara conocer que los datos e información a ser conocidos y abordados en el marco de las ‘Labores Municipales’, se encuentran amparados bajo normas de confidencialidad”, sostiene el documento.
Y apela al “compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información y las políticas de seguridad de la información municipal”.
Acto seguido, llega el punto más polémico: “Mediante la suscripción del presente instrumento, me comprometo a guardar la máxima reserva y secreto sobre los datos e información a que acceda en virtud de las funciones encomendadas, a utilizar dicha información solamente para el fin específico al que se la ha destinado, a no comunicar o hacer pública la información no clasificada como pública, y a observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos e información, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente”.
No es todo: “Esta obligación de reserva y confidencialidad seguirá en vigencia aún después del vencimiento del plazo, de la rescisión o resolución del contrato o cese o interrupción de la relación laboral, asumiendo la responsabilidad penal, administrativa o civil de los daños y perjuicios que por dolo o negligencia pudiera ocasionar la difusión de datos o información no publicados”.
La situación es grave. No se trata de un acto ilegal, pero sí reñido con la más pura ética. Con el consiguiente interrogante: ¿Qué tiene que esconder el intendente Marcelino Iglesias para animarse a avanzar en semejante medida?
