La investigación en curso de la comunidad para tratamiento de adicciones “La razón de vivir” denunciada por reducción a la servidumbre y abandono de persona, puso el foco en la falta de control sobre estos centros que muchas veces funcionan sin habilitación y se aprovechan de las vulnerabilidades.
El escándalo que involucra a Marcelo “Teto” Medina, que daba charlas “motivacionales” en “La razón de vivir” y promocionaba el lugar en sus redes sociales, parece ser solo la punta del iceberg que viene a develar algo que ocurre desde hace décadas pero nadie parece haber advertido: lugares sin habilitación en donde se explota la necesidad de las familias de contención ante un pariente adicto. También, la falta de respuesta del Estado y el incumplimiento de la Ley de Salud Mental.
Miriam Lucero es la mamá de Saulo Rojas, un joven de 23 años que murió en la Fundación San Camilo, una comunidad terapéutica clandestina que funcionó durante 20 años.
En diálogo con el portal TN, Miriam, que es de Mendoza, contó que su hijo -que era diabético y comenzó a tener problemas de adicciones en su adolescencia- tuvo algunas internaciones en crisis, pero como en esa provincia no hay lugares de internación, le recomendaron hacer protección de persona en un juzgado de familia, y un juez envió la historia clínica de su hijo a dos lugares, en Buenos Aires y San Luis.
“Dijeron que tenían todo para atenderlo, enfermeros, médicos, más allá de la distancia de 1200 kilómetros, era eso o era la vida de mi hijo, teóricamente”, dijo Miriam sobre los supuestos servicios que incluía Fundación San Camilo, en Buenos Aires.
El 29 de junio de 2012 llevaron a Saulo al establecimiento ubicado en Del Viso. Mientras él fue a conocer las instalaciones, ella se quedó hablando con el psicólogo. “Quería despedirme de mi hijo y no me lo permitieron”, dijo.
“A veces, cuando llamaba, me decían que estaba en ‘sala de reflexión’. Después me enteré de que eran celdas donde había dos colchones en el piso y hasta 10 chicos, donde les pasaban la comida por las rejas y hacían sus necesidades a través de éstas”, describió Miriam sobre el horror que ella desconocía.
Cunado le permitieron ir a ver a su hijo, después de tres meses de tratamiento, notó que estaba “gordito”, pero en realidad estaba hinchado, por la medicación. “Les daban etumina, químicos que los dejaban trabados”, precisó Miriam.
Otra cosa que a Miriam comenzó a llamarle la atención con el tiempo es que ella quería ver dónde dormían, pero siempre le ponían excusas. Cuando iba a visitar a Saulo, se reunían en un quincho. “Nunca pude ver cómo era por dentro”, aseguró.
Más adelante se enteró de otras cosas: siempre había alguien escuchando del otro lado del teléfono las conversaciones telefónicas que tenía con su hijo. También durante las visitas.
“Si alguno decía que no comían bien, o se quejaban de algo iban al ‘engomado’”, contó Miriam. Esto era una celda de detención.
El día de la muerte de Saulo
Unos días antes de la muerte de su hijo, Miriam habló por teléfono con él y lo notó triste. “Hay tantas cosas que no te digo”, le había expresado Saulo. Preocupada, dos días después lo volvió a llamar, pero no logró comunicarse. La atendió la esposa de un empleado de seguridad del lugar y le dijo algo que la dejó intranquila: “Hoy está muy demandante”.
“A las 22:30 me llamaron y me dijeron que había fallecido de un infarto, que lo encontraron en su cama”, dijo Miriam que en ese momento sintió como un telón negro caía delante de sus ojos.
Ella estaba a 1.200 kilómetros de su hijo, le decían que no viajara, porque iba a ser trasladado y le iban a hacer una autopsia. “La autopsia era casi ilegible, poco entendía lo que decía pero lo que pude leer es que decía ‘muerte traumática’.
El resultado de la autopsia
Miriam contó que su hijo no tenía nada en el estómago, solo líquidos, tenía un golpe en el ojo de 48 a 72 horas antes de su fallecimiento y que el horario de su muerte fue a las 20.
“Los mismos chicos decían que no le habían dado la insulina, y tenía que comer porque le podía producir hipoglucemia”, detalló respecto a este dato que le llamó la atención de la autopsia, ya que ella misma le llevaba los productos descremados que tenía que comer o dinero para que se los compren.
Luego supo que su hijo se había ahorcado en una celda de aislamiento desde una ventana que no tenía ni un metro de altura, ni rejas ni vidrios.
Gracias a la investigación del periodista Pablo Galfré, que trabajó este caso codo a codo con Miriam junto a Yamil Castro Biancho, abogado del Grupo de Litigio Estratégico (GLE), el caso logró llegar a juicio por homicidio culposo.
Los directores Alejandro Jacinto y Martín Iribarne fueron beneficiados con una probation mientras que el empleado de seguridad, Ángel Súñez (que tenía antecedentes por robo a mano armada) fue condenado tres años de prisión.
“Nunca investigaron, por desidia, no hay interés político, una comisaría a dos cuadras los salía a buscar si uno se escapaba, había gente que iba a inspeccionar y se iban con un sobre, los mimos chicos lo contaban. 20 años estuvo abierto, cuando se clausuró sacaron 63 chicos”, contó Miriam.
