El pasado 2 de septiembre, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial decidió multar con $5 millones a un “privado” por desmontar el Piedemonte para construir en ese lugar. Se trata del Barrio Quinta San Isidro Oeste.
La cartera, comandada por Humberto Mingorance, se escudó en presuntas “denuncias recibidas por diferentes vecinos de la zona”. Eso sí, jamás puntualizó quiénes eran los denunciantes.
Para agregar más suspicacias, fue el propio Mingorance quien se presentó in situ e hizo un acta de inspección en la cual ordenó detener todas las obras que allí se llevaban a cabo.
Lo acompañaban la asesora de Gabinete de la Secretaría a su cargo, Soledad Barros, y Victoria Lombino, de la Unidad de Evaluaciones Ambientales.
“Han continuado con las tareas de ensanche de caminos, desmonte y disposición de material extraído de los cauces”, sostiene el documento en cuestión.
Diario Mendoza Today consultó a los vecinos del lugar, quienes se defendieron: “Estamos arreglando los caminos para que los vecinos puedan ingresar al barrio. Le pedimos autorización a la Capital para hacerlo, y Mingorance dice que hay que hacer el pedido a Ambiente”.
A su vez explicaron: “Mingorance nos dice que no podemos vender lotes… ¿Cómo no vamos a poder vender lotes? Nosotros podemos vender los lotes que queramos, que no se pueda construir después es otra cosa. pero ¿cómo no se va a poder vender lotes? Es un emprendimiento privado”.
En realidad, las sospechas de los vecinos pasan por otro lugar: creen que hay un interés desmedido del funcionario por esa zona y las aledañas. ¿Un negocio inmobiliario en puerta? Aún es imposible decirlo con todas las letras.
En ese contexto, en las últimas horas los “multados” presentaron un Recurso de revocatoria (ver al pie) “a efectos de que se revoque por contrario imperio la decisión adoptada por el señor Secretario, plasmada en la Resolución SAYOT N° 416/2022 (1.9.2022), por la cual se impusiera al señor Martín Ruti una millonaria sanción de multa ($ 5.000.000) por la supuesta -según se alega en la citada resolución- ejecución de actividades de movimiento y acondicionamiento de suelos y trazado de calles, anegamiento de cauces, desmontes e inicio de construcciones, en el terreno indicado según Matrícula: 145970/1-CATASTRO: 01-01-88-2300-644090-0000-4 s/ entr. 115524:01-01-88-2300643047-0000-6, con apoyo en una constatación realizada el día 8.6.2021 sin haber realizado el procedimiento de impacto ambiental que exigen los artículos 27 y 28 de la Ley Nº 5961“.
El escrito, al que tuvo acceso este diario, sostiene: “Expresamente advertimos, a modo liminar y a efectos de establecer el alcance de la presente defensa, que la objeción contra la Resolución en crisis, que aparece apoyada en una base fáctica absolutamente falsa y contiene groseros errores en sus fundamentos jurídicos, será total y abarcativa de la pretensión punitiva en su conjunto, sin que exista extremo alguno que quede fuera de la controversia y que, por tanto, no deba considerarse como integrante de los agravios que serán expuestos a continuación. Así, con apoyo en el principio de informalismo a favor del administrado, se expresa que se impugna mediante la presente todo el procedimiento que condujo a la aplicación de la sanción impuesta contra esta parte”.
Acto seguido, plantea la improcedencia de la sanción: “Antes de ingresar en la exposición de los argumentos de fondo en los que apoyaremos la presente defensa, hacemos saber que hemos instado la intervención de la Comisión de Derechos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, ante lo que consideramos un asunto de extrema gravedad política e institucional, como consecuencia de lo que, entendemos, constituye una irregular actuación de esta SAYOT, a través de la cual se han visto vulnerados en forma grosera, derechos y garantías constitucionales de numerosos ciudadanos de nuestra provincia”.
El documento cuenta a su vez: “Invitamos a los funcionarios de esta SAYOT a acompañarnos en el trámite de dicho proceso, dirigido a instar la intervención de la Comisión de Derechos y Garantías como forma de prevenir, investigar y reparar la afectación de los derechos y garantías básicos de numerosas personas que, hoy, están siendo víctimas de una grave violencia institucional, que suma al hecho de tener que lidiar, además, con la persistencia de patrones sistemáticos de actos delictuales y situaciones irregulares en su lugar de habitación”.
Para los denunciantes, “resulta entonces menester, de inmediato, poner un freno a cualquier exceso no solo desde las instituciones, como el acto sancionatorio que hoy nos ocupa por ante esta instancia, sino también hacer frente a distintos fenómenos delictivos que conforman un contexto que se traduce en una directa afectación de los derechos humanos y garantías básicas de numerosas personas”.
Asimismo advierte: “Estamos convencidos de que el único camino posible para la consolidación de una armoniosa convivencia, solo puede partir y apoyarse sobre la base del respeto de los derechos humanos y de los principios constitucionales, extremos estos que nos llevaron a solicitar la intervención de la Comisión y que, ahora, nos motiva a pedir a los funcionarios de esta SAYOT que nos acompañen en dicho trámite”.
A continuación, el escrito completo:
