Como publicó Diario Mendoza Today, comenzó este lunes el canje de leche en polvo por parte de quienes violaron la cuarentena en la provincia y tenían causas judiciales abiertas.
La medida se hará efectiva hasta el 31 de julio, de 8 a 20, para el Gran Mendoza, en la unidad fiscal correccional, con el objetivo de que “después no tengan problemas en juicio”.
En tal contexto, en diálogo con Cadena 3 de Córdoba, el procurador general de la Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, aclaró que “no es que con dos cajas queda resuelto el conflicto. Yo dicté una resolución donde digo que a partir de dos cajas se puede solucionar el conflicto. Pero el ‘a partir’ alcanza a aquellas personas que tuvieron que violar la cuarentena porque necesitaban salir a trabajar en algo para poder subsistir; pero no es para todos”.
En ese sentido, explicó que aquellos que hicieron una fiesta clandestina o se juntaron con amigos, “que no piensen que con dos cajas van a solucionar el conflicto; tenemos pensado a partir de 10, 15 cajas de leche especial para poder repartir entre hospitales, merenderos, escuelas, de manera tal que no es lo mismo”, aclaró.
Además, comentó que esto se daría siempre y cuando las personas que quieran acceder a este beneficio no tengan otro tipo de antecedentes, “es decir, que no sean reincidentes o que no hayan actuado con delitos conexos, por ejemplo, la persona que salió a robar y violó la cuarentena, obviamente”, ejemplificó.
Señaló que hay cerca de mil causas ya resueltas y que “hay un porcentaje muy alto de condenas porque eran personas reiterantes, reincidentes o que tenían delitos conexos; en ese caso fueron a juicio y terminaron condenados“, sentenció Gullé.
“Ahora hemos optado por resolverlo de manera masiva, lo que pasa es que este delito amenaza con una pena muy baja y prescribe a los 2 años, de manera tal que no queremos que los expedientes mueran en una casilla, sino que queremos darle una solución que beneficie a todos”, explicó.
En esa línea, aclaró que beneficiará tanto a los imputados, “ya que va a evitar la estigmatización de esta persona” y que “saldrían beneficiados por el cumplimiento de esta obligación y quedarían limpios; y por otro lado, beneficiamos a instituciones que les viene muy bien este tipo de alimentos. Es un beneficio recíproco, y de esta manera no ha trabajado ni la Policía ni el Ministerio Público Fiscal en vano“, explicó.
También aclaró que el Ministerio Público desiste de la acción penal en contra de la persona a cambio de determinada contraprestación: “En este caso es la donación de alimentos, de manera tal que ahí el juez resuelve, una vez que los imputados hayan cumplido, el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal”.
Por último, cerró diciendo que el juez resuelve de manera grupal debido a que hay “6.500 casos pendientes y es la única manera de llegar”.
