Como publicó Diario Mendoza Today, esta semana ingresó al Senado el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para reelegir a Sergio Marinelli como superintendente General de Irrigación por cinco años más.
En ese contexto, un concejal del peronismo de San Rafael presentó un proyecto de Declaración en el Honorable Concejo Deliberante de ese departamento, mostrando su “preocupación por la renovación por cinco años como Superintendente General de Irrigación de Marinelli”.
Se trata del edil Nadir Yasuff, quien hizo hincapié en “las flagrantes irregularidades en el proceso licitatorio del Acueducto Ganadero Monte Comán-La Horqueta, objeto de una investigación judicial”.
A ese respecto, puntualizó que el acueducto “iba a ser una solución para muchos productores que hoy ven muy difícil llevar adelante la actividad por la falta de agua”.
Y añadió: “La provincia contaba con el financiamiento del Banco Interamericano para el Desarrollo para la realización del Acueducto, por un monto cercano a los $645 millones”, que después dejó sin efecto el proceso por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio.
El propio Yasuff lo explicó así: “La licitación comenzó con muchas dudas de parte de algunas empresas participantes, donde se le adjudica la obra a la UTE Ceosa – Obras Andinas, sexta en la calificación y $50 millones más cara que quienes quedaron primeros. No solamente esto es lo que encendió las alarmas de doce empresas que participaron del proceso licitatorio, sino que también se violó la norma de confidencialidad, ya que uno de los integrantes de la comisión evaluadora le advirtió a al menos dos empresas que no cumplían los antecedentes que solicitaba el pliego“.
Y culminó: “El conflicto con las empresas se comienza a dar cuando detectan que la Comisión Evaluadora hizo una interpretación del pliego de licitación en cuanto los antecedentes de la capacidad para el tipo de obra que se estaban licitando y, sobre todo, que se había modificado antojadizamente el criterio de los plazos”.
Marinelli llegó al Departamento General de Irrigación (DGI) en el año 2017, propuesto por el entonces gobernador Alfredo Cornejo.
